Espacio público. Fracasaron las mediaciones judiciales para desalojar la feria de Bulnes

La feria de barrio Los Olmos, la que se desarmó el fin de semana pasado con un operativo sorpresivo que incautó tablones y gazebos antes de que se monte, es la segunda más grande entre las informales de la ciudad de Córdoba. La primera, la más grande, es la feria de Bulnes, que ocupa el trazado lineal que acompaña las vías del ferrocarril entre el Superdeportivo y la Avenida de Circunvalación, en un sector muy poblado de la zona nordeste capitalina.

En la Bulnes, el último relevamiento que hizo la Municipalidad contabilizó que existen entre 1.000 y 1.500 puesteros, manteros y vendedores informales, “de manera fluctuante, con todo tipo de venta”, puntualizó el secretario de Gobierno municipal, Rodrigo Fernández.

Belgrano Cargas, la operadora del ferrocarril cuyas vías están siendo invadidas por los vendedores, hizo una denuncia en la Justicia federal para que se desaloje la feria. Esto inició una causa que recayó en el fiscal Maximiliano Hairabedian, quien en 2025 le dio participación a su par Carlos Gonella, a cargo de la Oficina de Medidas Alternativas (OMA), para buscar una solución que libere las vías, pero también ofrezca alguna opción a los puesteros, en la comprensión de que existe una necesidad social que atender también.

Gonella organizó reuniones con representantes de la Municipalidad de Córdoba, de Belgrano Cargas y de la Nación, y de los puesteros. En algún momento, se creyó estar cerca de una solución, con la mudanza a un predio que es propiedad de la Nación, dentro del complejo de galpones y terrenos de la ex Forja. Pero esa alternativa fracasó y Gonella decidió días atrás, antes de que iniciara la feria judicial, devolver la causa a Hairabedian. Esto significa que se tiene que tratar como una causa por un delito: la ocupación de un espacio público.

“Hicimos reuniones con aportes de todos los sectores para buscar una salida ordenada. No se podía mejorar las condiciones en el lugar. Eso era una premisa clara. Pero al no haber avances en un tiempo prudencial, al no poder producirse la salida alternativa, se tuvo que devolver el caso a la fiscalía”, explicó Gonella.

“El fiscal Gonella tenía presente la situación social. Convocó a tres reuniones a la Municipalidad, a la empresa y a feriantes y dueños de tablones. Siempre se habló de liberar ese lugar, porque es de Nación y porque plantea una situación de peligro”, confirmó Fernández.

En el marco del diálogo en la Justicia federal, los puesteros permitieron a la Municipalidad hacer el relevamiento, que detectó hasta 1.500 vendedores. “Existía una posible solución que venía de la mano del Gobierno nacional. Surgió un espacio en la zona de Forja. Primero en un terreno y luego en los galpones. La Municipalidad también ofreció montar un espacio ordenado sobre Avenida del Trabajo, que es ancha. Pero lo que hay que comprender es que la Municipalidad no solo se mete en la organización, sino que tiene que controlar la correcta comercialización: existe un listado de productos, con formatos y exigencias de higiene y seguridad, además de una procedencia lícita que se tienen que cumplir en estos espacios”, detalló Fernández.

Este lunes unas 200 personas fueron a Políticas Sociales de la Municipalidad para pedir por la continuidad de la feria desarticulada en la plaza de barrio Los Olmos.

Los representantes de la Municipalidad descartaron esa posibilidad. En Los Olmos no pueden estar, porque están ocupando una plaza y un espacio público que es de Caminos de las Sierras.

Pero eso no clausuró el diálogo, explicaron. Se les ofreció integrarse, en grupos, en las 150 ferias que están habilitadas. Allí se aclaró que no podían todos ir a la de avenida Cacheuta, la más próxima. Un grupo de puesteros pidió otros lugares, en la zona, donde no funciona ninguna feria y la Municipalidad no los descartó.

“Vamos a analizar si son predios aptos. Lo que está claro es que no pueden funcionar en una apropiación del espacio público, de manera desordenada, sin ninguna habilitación ni control municipal”, remarcó Rodrigo Fernández.

El relevamiento que está haciendo el municipio detectó ya tres grupos de puesteros: los que producen o venden sus trabajos artesanales o de ropa de segunda mano, los que revenden distintos artículos y los que alquilan de manera ocasional, por una necesidad puntual.

Entre estos grupos, los que tendrían la integración más fácil son los primeros, que podrían ser incluidos en los programas de la Economía Popular y recibir acompañamiento para instalarse como feriantes habilitados.

Entre los asistentes a la reunión, estuvo una persona que se presentó como “el dueño de la feria”. Es una persona que contó que maneja el sector desde hace 10 años, cuando empezó con una fila de puestos de venta callejera sobre las banquinas de la salida de Armada Argentina, hacia Villa El Libertador.

Con la construcción del altonivel hacia la ruta 5, la feria invadió la plaza de Los Olmos y parte de los terrenos que rodean los “rulos” viales de Caminos de las Sierras.

Según fuentes judiciales, se cobraban entre 3 mil y 20 mil pesos por día por el alquiler de un tablón, según la ubicación en la que se permitía su emplazamiento. En rigor, el trato no era por el tablón, sino el permiso de uso por el espacio. La plaza estaba “loteada”.

Uno de los aspectos que llama la atención en la Justicia es que en el lugar había puesteros de muchos barrios capitalinos, incluso algunos bastante alejados como Campo de la Ribera o Maldonado. Incluso se detectaron personas que vendían regularmente cosas de La Calera, Villa Carlos Paz y Malagueño.

A pesar de que se inició un diálogo con los puesteros, la Municipalidad de Córdoba y la Policía van a desplegar un nuevo operativo de seguridad, reponiendo el vallado y con custodia y patrullaje policial, con el objetivo de “sostener la liberación del lugar”, según detallaron fuentes tanto municipales como del Ministerio de Seguridad provincial.