A 50 años del golpe. Un estudio revela cómo se organizó la represión sobre la UNC
Un estudio basado en memorandos reservados de la Policía Federal revela cómo la dictadura articuló un sistema de control sobre la Universidad Nacional de Córdoba entre 1975 y 1978.
Un conjunto de memorandos reservados de la Policía Federal permite reconstruir con mayor precisión cómo se articuló el control represivo sobre la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) durante los años previos y posteriores al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
La documentación evidencia la coordinación entre distintas fuerzas de seguridad y muestra que la casa de estudios era considerada un espacio estratégico de vigilancia dentro del esquema represivo, según publicó el portal UNCiencia.
El estudio pertenece a la historiadora Ana Carol Solís, docente de la Escuela de Historia e investigadora del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, a partir de documentos preservados en el Archivo Provincial de la Memoria.
Los papeles analizados forman parte de los registros internos de la delegación Córdoba de la Policía Federal y permiten conocer el funcionamiento de la denominada “comunidad informativa”, integrada por organismos como el Tercer Cuerpo del Ejército, el Departamento de Informaciones (D2) y otras dependencias estatales.
Según la investigación, la articulación entre estas estructuras represivas fue particularmente intensa entre 1975 y 1978, período en el que la universidad era vista como un posible “foco de surgimiento del enemigo subversivo”.
La universidad bajo vigilancia
“El interés principal eran las fábricas y, en segundo lugar, la universidad”, señala Solís. Los memorandos evidencian que las fuerzas de seguridad seguían de cerca la vida institucional de la UNC, incluyendo cambios de autoridades, designaciones de decanos y el perfil de los estudiantes que ingresaban a las distintas carreras.
Uno de los aspectos más relevantes que surge de los documentos es la planificación de tareas de inteligencia dentro de la universidad. Según consta en los registros analizados, se evaluaba la posibilidad de infiltrar soldados conscriptos en las facultades con el objetivo de obtener información sobre la actividad estudiantil.
“Se destinó a soldados conscriptos, a quienes se les daría la baja adelantada para actuar como infiltrados en la universidad a razón de dos por cada facultad”, explicó la investigadora.
Aunque no hay confirmación documental de que esa medida se haya concretado, el registro muestra el nivel de planificación y control proyectado por las fuerzas represivas.
Infiltración, listas negras y cesantías
Los memorandos también registran otras prácticas vinculadas al disciplinamiento institucional, como la elaboración de listas negras y las cesantías masivas de personal docente y no docente.
Según el estudio, se identificaron al menos 267 cesantías en el ámbito de la UNC, consideradas por los organismos de inteligencia como un dato relevante dentro del área educativa.
Los casos especiales: Ciencias de la Información y el Manuel Belgrano
En los documentos analizados aparece además la preocupación de las autoridades militares por la presencia de ideas vinculadas al comunismo dentro del ámbito universitario.
En las primeras etapas del período estudiado, el seguimiento de actividades relacionadas con el comunismo ocupaba un lugar central en los informes internos, incluso por encima de la categoría de “subversión”.
Según los documentos, la Escuela Manuel Belgrano ya era objeto de seguimiento antes del golpe de Estado. La Policía Federal citaba a estudiantes y familias con el objetivo de ejercer presiones y corregir lo que consideraba situaciones de indisciplina dentro del colegio preuniversitario.
En el caso de la Escuela de Ciencias de la Información, la preocupación de los organismos de inteligencia se vinculaba con el perfil ideológico que atribuían a sus estudiantes y con la posibilidad de que sus egresados se incorporaran a los medios de comunicación.
Según los memorandos, la inteligencia consideraba que la primera cohorte de graduados estaba integrada mayoritariamente por “elementos marxistas”, lo que motivó medidas orientadas a impedir su inserción laboral en el ámbito periodístico local, además del cierre del establecimiento educativo.
Una universidad más pequeña y controlada
Una de las preguntas centrales del informe es: "¿Qué universidad planeaba la dictadura?" Ya en los primeros años del golpe se pueden ver algunas pistas de cómo imaginaban lo que debía ser una casa de altos estudios, según el análisis de los papeles de la Policía Federal.
La documentación permite reconstruir ese modelo de universidad que imaginaba el régimen militar. Según el análisis de Solís, el proyecto incluía una institución más pequeña, con menor cantidad de estudiantes y con mayores mecanismos de control sobre la comunidad académica.
En ese marco, se implementaron exámenes de ingreso y cupos en distintas carreras, lo que contribuyó a reducir la matrícula estudiantil. También se registraron cambios en los planes de estudio, especialmente a partir de 1978, que respondían a la lógica de reorganización institucional impulsada por el gobierno de facto.
La investigadora señaló además a UNCiencia que el proceso de depuración institucional comenzó incluso antes del golpe del 24 de marzo de 1976, con cesantías y desplazamientos de docentes en distintas facultades, entre ellas Filosofía y Humanidades.
Otro dato importante que surge de la investigación es la magnitud del impacto represivo sobre la comunidad universitaria. Hasta el momento, se registran 518 personas vinculadas a la UNC, entre estudiantes, docentes y no docentes, que fueron asesinadas o permanecen desaparecidas durante el terrorismo de Estado.
