
Derrumbe fatal de Bv. San Juan: imputaron al arquitecto y al ingeniero de la obra por estrago culposo agravado
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Redacción La Voz
Tras la imputación por estrago culposo agravado al arquitecto y al ingeniero civil por el derrumbe fatal en el edificio de bulevar San Juan, se comienza a configurar una nueva etapa en Tribunales.
Hasta el momento, el arquitecto Federico Yañez negó los hechos y si bien decidió no responder preguntas de la instrucción, dijo que el encargado de construir el revestimiento era el ingeniero Guillermo Juri. "Trabajé con un grado de confianza con el ingeniero confiando en su idoneidad profesional y técnica y su experiencia de varias décadas", agregó.
Por su parte, el ingeniero se abstuvo de declarar, por consejo de su abogado defensor, aunque posiblemente lo haga la próxima semana.
"Estamos analizando la prueba incorporada y recopilando pruebas que no se han incorporado a fin de demostrar la falta de responsabilidad penal de Juri", expresó Walter Martini en diálogo con La Voz.
Y añadió: "La decisión de qué construir, cómo hacerlo y que materiales se utilizarían no pasaba por Juri, como tampoco el control de como se estaba construyendo. Él nunca actuó como ingeniero, solo proveyó la mano de obra"
Según consta en el expediente, en una fecha imprecisa aunque anterior al 2018, "se materializó la construcción de una mampostería autoportante de ladrillo visto que cumplía la función de revestimiento del sector este".
La misma tenía una altura de 45 metros, un ancho de 7,5 metros y un espesor de 0,125 metros "cuya ejecución estuvo a cargo del ingeniero Guillermo Juri".
"Al realizar dicha tarea ambos (Yañez y Juri) inobservaron los deberes a su cargo y las reglas del buen construir toda vez que llevaron adelante esa construcción superando la altura máxima permitida para mamposterías autoportantes en zona sísmica 1, tal como es el lugar en el que está implantado el edificio", determinó la investigación.
Además, la acusación mencionó que los profesionales realizaron la vinculación a la estructura de hormigón mediante conexiones de mortero cementico omitiendo colocar las cantidades necesarias de armaduras longitudinales y anclajes según lo prevé el reglamento INPRES CIRSOC 103, una normativa técnica obligatoria en nuestro país que establece las reglas de diseño y construcción para estructuras seguras ante terremoto.
"De esta forma, tal construcción, cuya materialización estuvo a cargo de Juri y bajo la responsabilidad de Yañez, conformó una unión frágil y carente de ductilidad necesaria al no haber sido dotada la mampostería de un mecanismo resistente sistemático que le permitiera acompañar y absorber tanto las deformaciones por fluencia lenta de la estructura del edificio como las solicitaciones laterales y oscilaciones producidas por vientos y sismos", concluyó la fiscalía de instrucción.
La imputación no mencionó si el plano y/o proyecto incluía los vicios constructivos citados o si había otra indicación técnica que luego no se ejecutó ni se controló.
En su alocución en Tribunales Yañez destacó que él no contrató a Juri, sino que lo hizo Rodolfo Correa, propietario de la empresa constructora. Y agregó: "mi participación en el edificio fue activa y presente, de lo cual pueden dar fe los intervinientes en la construcción".
Los imputados tuvieron una relación estrecha durante varios meses en el marco de la construcción del edificio María Reina V. Por tanto la comunicación era cotidiana.
Sin embargo, la fiscal Celeste Blasco, tras analizar la documentación, las pericias e informes, incluyó un grado de responsabilidad para Yañez, quien fue el director técnico de la obra. Ese rol es trascendental para asegurar que la construcción se ejecute bajo las normas de seguridad y calidad.
El 17 de mayo de 2025 un enorme bloque de ladrillos de un edificio de 15 pisos sobre bulevar San Juan al 600 cayó sobre una vivienda y un bar, lo que provocó una tragedia casi sin precedentes en la ciudad de Córdoba.
El derrumbe provocó la muerte de Ramiro Alanís Cortés (34). La autopsia reveló que sufrió de asfixia mecánica por sofocación. Además implicó un riesgo de muerte probado para otras seis personas, entre amigos del fallecido, empleados del bar y la madre de los inquilinos de la vivienda.

Entre los heridos, uno de ellos fue el más afectado. Una pericia interdisciplinaria determinó una vulneración en su salud mental ante este evento estresante. Asimismo ocho personas sufrieron heridas de distintas consideración.
En cuanto al daño material el derrumbe destruyó la casa lindera en la que convivía una vivienda y un bar y destrucción parcial de dos vehículos.
Tras la demolición controlada que se realizó en junio pasado, la fachada este del edificio espera su remediación final.
Correa había solicitó autorización a la Justicia para avanzar sobre la misma argumentado de que el muro "ha quedado expuesto a las inclemencias del tiempo, siendo necesario su urgente remediación, a fin de evitar mayores deterioros por la posibilidad de humedades".
En noviembre Blasco le informó que "no existen objeciones ya que no hay previstas nuevas operaciones técnicas sobre el mismo".
Se desconoce cómo se realizará el procedimiento y si requerirá una intervención sobre la casa lindera.