Violencia de género. La Defensoría del Pueblo de Córdoba rechazó el proyecto que agrava penas por “falsas denuncias”
El organismo cuestionó el proyecto que busca agravar penas por falsas denuncias y advirtió que podría desalentar a víctimas y testigos a acudir a la Justicia. Señaló que no hay evidencia de que este tipo de denuncias sea un problema extendido.
La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba expresó su rechazo al proyecto de ley de la senadora Carolina Losada, que propone agravar las penas por falsa denuncia, falso testimonio y encubrimiento en casos vinculados a violencia de género, delitos contra la integridad sexual y hechos que afectan a niñas, niños y adolescentes.
A través de un comunicado, el organismo advirtió que la iniciativa resulta “innecesaria”, ya que las conductas que busca sancionar ya están contempladas en la legislación vigente.
Además, cuestionó el enfoque del proyecto por considerar que se basa en una “confusión conceptual”, al equiparar la falta de condena con la existencia de una denuncia falsa.
Desde el Área de Género de la Defensoría señalaron que no existen evidencias que indiquen que las falsas denuncias constituyan un problema extendido.
En cambio, remarcaron que persisten “fuertes barreras estructurales” que dificultan el acceso a la justicia para quienes atraviesan situaciones de violencia.
El organismo alertó sobre los posibles efectos negativos de la iniciativa. “El agravamiento de penas puede generar un efecto disuasorio sobre quienes evalúan denunciar, desalentar la participación de testigos y profesionales intervinientes y profundizar las desigualdades en el acceso a la justicia”, indicaron.
El defensor del Pueblo Adjunto, Carlos Galoppo, fue contundente al fijar la postura institucional. “Vemos una clara intencionalidad en este proyecto de confundir qué es una denuncia falsa. La respuesta nunca puede ser poner más barreras para el acceso a la justicia, sino mejorar el funcionamiento del sistema”, sostuvo.
Y agregó: “En este contexto, no podemos acompañar proyectos que generen más miedo y más obstáculos para denunciar. La salida es fortalecer la protección y mejorar la justicia, no retroceder en derechos”.
La Defensoría también informó su adhesión al pronunciamiento de la Mesa de Trabajo y Diálogo sobre Políticas de Género de Córdoba, que rechazó el proyecto por considerarlo “regresivo, carente de sustento empírico y contrario a los estándares internacionales de derechos humanos”.
Finalmente, el organismo realizó un llamado público a legisladores y legisladoras nacionales por Córdoba para que no acompañen la iniciativa y, en cambio, impulsen políticas que refuercen los mecanismos de prevención, protección y respuesta integral frente a la violencia de género.
“El desafío es garantizar que más personas puedan acceder a la justicia sin temor, no generar nuevos obstáculos”, concluyeron desde la institución.
