Abusos Corrupción sexual: el primer mapeo regional que rompe el silencio en América latina
En un año se detectaron en Argentina 187 casos de funcionarios que usaron su poder para pedir favores sexuales, según un estudio de Poder Ciudadano y Transparencia Internacional. Datos y cifras de un fenómeno poco visualizado.
La corrupción como abuso de poder delegado no siempre involucra dinero. Cuando un funcionario, desde su rol público, utiliza la violencia sexual para obtener un beneficio propio, se habla de corrupción sexual.
Muchas veces implica avanzar sobre los cuerpos de mujeres y LGBTIQA+. En síntesis, la corrupción sexual ocurre cuando la corrupción y la violencia sexual operan juntas.
Los datos son alarmantes. En apenas un año, el registro en Argentina pasó de 82 reportes en marzo de 2025, a 187 casos relevados en la actualidad, según un informe del Observatorio Regional de Corrupción Sexual "Reportar.
El estudio, que surge del trabajo conjunto entre Poder Ciudadano y capítulos de Transparencia Internacional en Chile, Colombia, Ecuador, Honduras y Perú, logró identificar un total de 430 casos de este delito en seis países
¿De qué se trata el informe y el Observatorio?
El informe tiene como objetivo visibilizar la "corrupción sexual", un flagelo donde el abuso de poder se traduce en la exigencia de favores sexuales. Lo que en 2024 inició como una base de datos local en Argentina, se transformó en una herramienta regional que utiliza tecnología de Power BI para procesar información estandarizada.
Karina Kalpschtrej, directora ejecutiva adjunta de Poder Ciudadano, destaca que este Observatorio “es la primera herramienta diseñada para el mapeo sistemático de la corrupción sexual en seis países de la región. A través de una metodología rigurosa de relevamiento, curaduría y procesamiento de fuentes periodísticas, la plataforma es una herramienta potente de análisis, investigación y prevención al contar con datos georreferenciados y capacidad de apertura hasta el nivel municipal”.
Metodología: El desafío de medir lo invisible
La metodología se basa en el relevamiento y procesamiento de fuentes secundarias (noticias de medios de comunicación), lo que permite identificar tendencias nacionales, provinciales y municipales.
Kalpschtrej subraya que el compromiso con la anonimización de los datos es un eje central: "El valor estratégico de Reportar reside tanto en su actualización periódica, como en su absoluto compromiso con la anonimización de los datos, lo que funciona como un resguardo crítico para las víctimas. En general, en todos los países la subdenuncia de estos abusos se vincula con el miedo a represalias y a la revictimización. Al proteger la identidad de las víctimas y detectar la ocurrencia de casos, Reportar permite visibilizar delitos que, bajo otras condiciones, permanecerían ocultos dentro de las estructuras de poder institucional”.
Principales conclusiones regionales
Los hallazgos muestran un patrón claro: las víctimas son mayoritariamente mujeres (91%) y los agresores son casi en su totalidad varones (99%).
Otros datos alarmantes indican que el 51% de los agresores atacó a más de una víctima y el 32% tiene acceso a armas.
El informe también revela disparidades en la agenda pública regional. Mientras que en Argentina y Chile los casos se concentran principalmente en el ámbito laboral estatal (66% y 73% respectivamente), en países como Ecuador, Colombia, Honduras y Perú, la corrupción sexual afecta más a los ciudadanos al momento de intentar ejercer sus derechos ante agentes estatales.
La situación crítica en Argentina
En Argentina, el crecimiento de los casos detectados ha sido exponencial, con presencia de hechos en todas las provincias.
Sobre este punto, Karina Kalpschtrej señala: “Los datos para Argentina son contundentes y revelan que la dispersión de la información en la agenda pública sólo alimenta la impunidad. Lo más alarmante es la concentración de estos delitos: 6 de cada 10 casos se producen en el ámbito del empleo público; la mitad de lo relevado ocurrió específicamente en el nivel provincial”.
Kalpschtrej detalla que las conductas más frecuentes en el país son la solicitud de sexo (49%) y el abuso sexual (39%). “Estas cifras exponen la vulnerabilidad extrema de mujeres y diversidades frente a agresores que encuentran en el ámbito público un auténtico 'coto de caza’”, advierte la directora, y enfatiza la falta de sanciones efectivas, que permite a los agresores permanecer en sus cargos.
Finalmente, el informe hace un llamado de atención sobre el acuciante subregistro que enfrentan las personas LGBTIQA+: “ni siquiera las fuentes secundarias relevan su situación”, dice la directora adjunta de Poder Ciudadano, lo que exige “un trabajo urgente para visibilizar su vulnerabilidad en el contacto con agencias públicas”.
