Derechos. Córdoba salió a cubrir con fondos propios el recorte nacional en salud sexual
La caída de envíos nacionales de preservativos, anticonceptivos y medicamentos obligó a Córdoba a aumentar sus compras. Profesionales y organizaciones advierten sobre las consecuencias sanitarias y sociales del desfinanciamiento.
Durante años, el sistema funcionó casi de manera automática. Los anticonceptivos llegaban desde Nación. Los tests de embarazo también. Lo mismo ocurría con los implantes subdérmicos, los anticonceptivos para mujeres lactantes, buena parte de los preservativos y los medicamentos vinculados a la interrupción voluntaria del embarazo.
Pero algo empezó a cambiar de manera abrupta entre 2023 y 2024, con el cambio de gestión en el Gobierno nacional. Y los números oficiales del Ministerio de Salud de Córdoba muestran con claridad cómo la Provincia comenzó, progresivamente, a reemplazar al Estado nacional en la provisión de insumos de salud sexual y reproductiva.
El cambio fue drástico. En 2023, Nación había enviado a Córdoba 306.738 anticonceptivos orales. La Provincia compró apenas 5.500. Dos años después, en 2025, los envíos nacionales habían caído a 85.860 unidades, mientras Córdoba debió salir a comprar 338 mil anticonceptivos para evitar el desabastecimiento. Esto significa que la provincia multiplicó por 60 su inversión en este rubro para evitar el desabastecimiento.
La misma curva aparece en otros insumos. Los tests de embarazo pasaron de 62.366 enviados por Nación en 2023 a cero en 2025. Ese año, Córdoba tuvo que comprar 49 mil unidades propias. Es decir, se hizo cargo al 100% de la provisión de este insumo.
Con los implantes subdérmicos ocurrió algo similar: Nación aportaba casi 15 mil en 2023 y apenas 600 en lo que va de 2026. Córdoba pasó de no comprar ninguno a adquirir más de 16 mil en 2025.
Y el recorte también alcanzó a los anticonceptivos para mujeres lactantes. Nación dejó de enviarlos completamente en 2025 y la Provincia salió a cubrir la demanda con 21.500 unidades.
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Detrás de esas cifras hay una discusión más profunda: quién sostiene hoy el acceso a políticas públicas de salud sexual en Argentina y qué impacto tiene el retiro del financiamiento nacional en las provincias y en las personas usuarias del sistema.
“En salud no estamos recortando porque no podemos”, sostuvo la secretaria de Salud de Córdoba, Liliana Montero.
La funcionaria aseguró que la Provincia viene absorbiendo no sólo recortes en salud sexual y reproductiva, sino también en medicamentos de alto costo, provisión de Pami y atención de personas con obra social que ya no pueden afrontar coseguros o prestaciones privadas.
“Yo hablo de un genocidio sanitario”, afirmó Montero al describir el impacto que, a su criterio, tienen las políticas nacionales sobre las poblaciones más vulnerables.
La secretaria vinculó además la reducción de insumos con una mirada ideológica del Gobierno nacional sobre la salud sexual y reproductiva.
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“No mandan los insumos sólo por el ajuste fiscal, sino por una posición filosófica de que esto no es importante la salud sexual y reproductiva”, planteó.
El cambio silencioso
En los centros de salud, el cambio comenzó a sentirse, primero, como una demora; y luego, como una transformación estructural.
La médica de familia Betiana Olearo, integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y parte de la Comisión de Salud Sexual Integral de la Dirección de Atención Primaria de la Salud municipal, explicó que, hasta hace dos años, alrededor del 80% de los insumos provenían de Nación.
“Desde hace dos años, estamos recibiendo las compras que hace Provincia. El cambio fue notorio en la reducción de insumos”, señaló.
Según explicó, uno de los impactos más visibles estuvo en los medicamentos utilizados para interrupciones voluntarias del embarazo.
Hasta la gestión nacional anterior, Córdoba contaba con mifepristona, considerada el estándar de excelencia junto con misoprostol para realizar abortos medicamentosos. Pero esos envíos dejaron de llegar.
“Ahora contamos más que nada con misoprostol solo, que tiene una tasa de fallo un poco más alta y puede generar más reacciones adversas”, explicó.
Para Olearo, el problema no siempre se traduce en faltantes absolutos porque la Provincia salió a cubrir gran parte de la demanda. Pero sí afecta las posibilidades de elección y la calidad de atención.
“A veces, las elecciones de las personas, sobre todo mujeres, se limitan a elegir entre lo que hay disponible”, sostuvo.
La situación también impacta sobre los preservativos, uno de los insumos más golpeados por el recorte nacional.
“Históricamente, en los centros de salud teníamos dispensers de preservativos. También los llevábamos a talleres en escuelas”, relató la médica.
La preocupación aparece en un contexto de crecimiento sostenido de infecciones de transmisión sexual: “No sirve detectar más enfermedades si no tenemos preservativos para prevenir”, resumió una fuente sanitaria consultada para esta nota.
"Encima que venimos con aumento de casos de sífilis, el Gobierno nacional se da el permiso de no mandar preservativos", remarco Olearo.
Un mapa desigual
Para las organizaciones que trabajan en distintas provincias, el problema también empezó a mostrar otra consecuencia: la profundización de las desigualdades territoriales.
“Córdoba puede absorber parte de estos recortes porque tiene recursos. Pero hay provincias que tienen que elegir qué comprar: anticonceptivos, medicación para aborto o preservativos”, advirtió Ana Morillo, coordinadora del área de salud de Católicas por el Derecho a Decidir.
La referente aseguró que el desfinanciamiento nacional comenzó a sentirse especialmente en provincias con menos capacidad presupuestaria.
“Vuelve a pesar mucho en el cuerpo de las mujeres vivir en Salta, Santiago del Estero, Córdoba o Buenos Aires”, señaló.
Morillo afirmó, además, que Nación dejó de enviar medicación para aborto desde el cambio de gestión y que parte de la distribución realizada en 2024 correspondió, en realidad, a remanentes comprados por la administración anterior.
La organización integra actualmente una demanda judicial presentada en La Plata para exigir que el Estado nacional garantice la compra y la provisión de insumos vinculados a la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
Mientras tanto, en Córdoba, los equipos sanitarios siguen intentando sostener la atención.
Aunque tanto las organizaciones como profesionales consultados coinciden en que no hubo faltantes masivos en la Capital, sí aparecen dificultades crecientes en localidades del interior provincial.
Uno de los casos mencionados es el del Hospital de Jesús María, que dejó de contar con equipos que antes garantizaban atención de interrupciones voluntarias del embarazo.
Para Olearo, la red construida por profesionales y organizaciones feministas logró evitar un escenario peor.
“Muchas prácticas sanitarias no se caen porque hay profesionales y trabajadores de salud que las siguen sosteniendo”, afirmó.
Pero la pregunta que empieza a aparecer, tanto dentro del sistema sanitario como entre las organizaciones, es hasta cuándo las provincias podrán seguir absorbiendo funciones que históricamente financiaba Nación.
