Córdoba. Condenaron a exteniente de la Fuerza Aérea por abuso sexual contra una subordinada
Hernán Saúl Chade fue sentenciado a seis años de prisión por abuso sexual agravado con acceso carnal contra una mujer que fue su pareja y subordinada dentro de la Fuerza Aérea Argentina. El tribunal ordenó además una reparación económica para la víctima y destacó la necesidad de abordar el caso con perspectiva de género.
Durante años, J.N.P.C. convivió con una historia que, según declaró ante la Justicia, estuvo atravesada por la violencia, el miedo y el silencio.
Este miércoles, el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba puso punto final al juicio oral y condenó al exprimer teniente de la Fuerza Aérea Hernán Saúl Chade a seis años de prisión por abuso sexual agravado por haber mediado acceso carnal.
Además, ordenó una reparación económica de 3,5 millones de pesos para la víctima y dispuso que el condenado realice una capacitación en perspectiva de género.
Por unanimidad, los jueces José Fabián Asís, María Noel Costa y Enrique Lilljedahl absolvieron a Chade del delito de coacción agravada, pero lo consideraron responsable del abuso sexual por el que había llegado a juicio.
La lectura de los fundamentos se realizará en los próximos días.
Una relación atravesada por la desigualdad
La investigación sostuvo que los hechos ocurrieron entre 2016 y 2019, cuando J.N.P.C. era una joven cadete de la Fuerza Aérea y Chade se desempeñaba como oficial de la institución. Entre ambos existía una diferencia de 11 años de edad y una marcada asimetría jerárquica: él era superior, ella subordinada.
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Según la acusación, la relación comenzó luego de que se conocieran a través de Facebook. J.N.P.C. tenía 17 años y Chade 28. Lo que inicialmente apareció como un vínculo de pareja derivó, según reconstruyó la fiscalía, en un escenario de violencia física, psicológica, sexual y digital.
El requerimiento de elevación a juicio describió episodios de abuso sexual ocurridos en distintos lugares: en una vivienda de barrio Palermo Viejo de Córdoba, en un hotel de la Fuerza Aérea en Vicente López y en el departamento de los padres de la víctima en Buenos Aires. En todos los casos, la acusación sostuvo que existió acceso carnal sin consentimiento, mediando violencia física y psicológica.
Uno de los episodios más graves relatados durante el proceso ocurrió cuando J. descubrió que el entonces oficial compartía con terceros detalles e intimidades de su vida sexual. La discusión derivó, según la acusación, en una agresión física que le provocó lesiones constatadas médicamente.
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El control después de la separación
Pero la causa no se limitó a los abusos sexuales. Cuando la relación comenzó a deteriorarse, Chade usó fotografías íntimas obtenidas sin consentimiento de J. para impedir que ella se alejara.
La fiscalía sostuvo que el militar amenazaba con difundir esas imágenes y "hacerla famosa" dentro de la Fuerza Aérea si ella decidía terminar la relación. También afirmó que utilizó su posición jerárquica para hostigarla, seguir sus movimientos y obtener información sobre actividades personales y turnos médicos.
La víctima declaró que continuó viéndose con él durante un tiempo por miedo a que concretara esas amenazas.
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El caso incorporó además uno de los aspectos más novedosos del debate judicial: la violencia digital de género.
En el requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Carlos Casas Nóblega citó los alcances de la llamada Ley Olimpia y describió la difusión o amenaza de difusión de material íntimo como una forma de violencia de género que busca controlar, humillar y disciplinar a las mujeres.
El alegato de la víctima
Durante los alegatos finales, la Defensoría Pública de Víctimas sostuvo que la declaración de J. se mantuvo firme y coherente desde las primeras denuncias realizadas en 2023 hasta su exposición en el juicio oral.
La representación de la víctima pidió que el análisis de la prueba se realizara con perspectiva de género y teniendo en cuenta el contexto particular de las Fuerzas Armadas.
"El componente central de la violencia sexual es la ausencia de consentimiento", sostuvo el alegato, que remarcó además que este tipo de hechos suelen producirse en ámbitos privados y sin testigos directos.
La querella también destacó que las relaciones jerárquicas dentro de instituciones fuertemente verticalizadas generan obstáculos adicionales para denunciar.
Según expuso, J. temía que cualquier denuncia perjudicara su carrera militar y afectara su permanencia dentro de la fuerza.
Otro de los argumentos centrales fue la existencia de un patrón de conducta.
La Defensoría recordó el antecedente de otra mujer vinculada a Chade, la cabo R.M., quien denunció haber recibido amenazas similares relacionadas con la difusión de imágenes íntimas. Para la representación de la víctima, ese antecedente reforzaba la credibilidad del relato de J. y mostraba una modalidad reiterada de hostigamiento.
La postura de la defensa
Durante el juicio, Chade negó las acusaciones. Según surge de los alegatos, sostuvo que las relaciones fueron consentidas, rechazó haber ejercido violencia física o sexual y atribuyó la denuncia a conflictos personales posteriores a la ruptura.
La estrategia defensiva también buscó desacreditar el relato de la víctima mediante testimonios que cuestionaron algunos aspectos de su versión y sostuvieron que los encuentros posteriores entre ambos demostraban que el vínculo continuaba siendo voluntario.
Sin embargo, el tribunal terminó validando la hipótesis principal de la acusación respecto de los abusos sexuales.
Además de la condena penal, los jueces ordenaron una reparación económica para J.N.P.C., la incorporación del ADN del condenado al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual y la remisión de la sentencia a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema para su incorporación a la base de jurisprudencia con perspectiva de género.
