Salta. Condenaron a 7 años de prisión a un policía por abuso sexual y grooming
En un fallo, la Justicia de Salta condenó a Alberto Gabriel Guaymás, un efectivo de la fuerza policial de 32 años, a la pena de siete años de prisión efectiva.
El uniformado fue hallado culpable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual simple y grooming, cometidos contra dos víctimas que tenían 5 y 12 años al momento de los hechos.
La jueza María Victoria Montoya Quiroga, además de la pena de cárcel, dictó una inhabilitación para ejercer cargos públicos por 14 años, el doble del tiempo de la condena principal.
Durante el juicio, la fiscal Celina Morales Torino fue contundente al señalar que el imputado, lejos de cumplir con su rol, “quebrantó el deber de protección que le competía a quien portaba un uniforme para proteger a la sociedad”.
Los hechos: abuso de confianza y poder
La investigación judicial acreditó dos casos de extrema vulnerabilidad. El primero afectó a una niña de 5 años, hija de una amiga del condenado. Según el relato de la menor en Cámara Gesell, el abuso ocurrió en la vivienda de Guaymás mientras su madre conversaba en otra habitación.
Las pericias psicológicas revelaron que este ataque provocó graves secuelas en el desarrollo emocional de la niña, manifestadas en problemas de aprendizaje, angustia constante y temor a la soledad.
El segundo caso involucra a una adolescente de 12 años, a quien el policía contactó tras obtener su número telefónico de manera irregular durante una intervención oficial por un llamado al 911. Guaymás utilizó esa información para enviarle mensajes de tono sexual, pedirle fotografías e intentar pactar un encuentro personal, una maniobra típica de grooming.
La madre de la adolescente expuso en el debate cómo el accionar del efectivo generó un profundo sentimiento de inseguridad y desconfianza hacia la autoridad en toda la familia.
Un fallo basado en la asimetría
Para la fiscalía, el hecho de que Guaymás fuera un policía en funciones agravó la situación, ya que “aprovechó la asimetría de poder, la vulnerabilidad de las víctimas y, fundamentalmente, la confianza depositada por sus familias”.
La sentencia se encuadró bajo los artículos 119 y 131 del Código Penal, que sancionan el abuso sexual y el grooming, respectivamente.
Las pruebas presentadas, que incluyeron testimonios de docentes, profesionales de salud mental y pericias consistentes, fueron fundamentales para que la magistrada dictara la responsabilidad penal del ahora condenado.
