Movilidad. El Concejo de Córdoba aprobó la flexibilización de los requisitos para taxis y remises
La reforma fue sancionada este jueves con el apoyo de todos los bloques, salvo el Frente de Izquierda, que se abstuvo. El debate estuvo atravesado por la competencia con las aplicaciones, la demora en modificar el régimen y la situación laboral del sector.
El Concejo Deliberante de Córdoba aprobó este jueves la reforma de la ordenanza que regula el servicio de taxis y remises. La iniciativa recibió el voto favorable de todos los bloques, mientras que el Frente de Izquierda se abstuvo.
La modificación amplía la antigüedad permitida para los vehículos, vuelve optativa la adhesión a centrales y agencias, elimina aranceles municipales y reduce exigencias administrativas. También digitaliza las habilitaciones y cambia el mecanismo de adjudicación de las licencias vacantes.
El debate legislativo estuvo centrado en la pérdida de competitividad del servicio tradicional frente a las plataformas electrónicas, como Uber y Didi. Los bloques opositores acompañaron la reforma, aunque cuestionaron la demora del oficialismo y reclamaron una política integral para el transporte.
Marcos Vázquez, presidente de la Comisión de Servicios Públicos, defendió el proyecto como una respuesta a los cambios registrados en la movilidad urbana. El concejal de Hacemos Unidos sostuvo que las aplicaciones modificaron el mercado y profundizaron las dificultades económicas de taxistas y remiseros.
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“No estamos eliminando controles, estamos eliminando obstáculos, porque el Estado tiene que controlar lo que corresponde, pero nunca convertirse en un problema para quien trabaja”, afirmó Vázquez.
El edil oficialista remarcó que detrás de cada licencia hay una familia que depende de la actividad. También señaló que la reforma busca reducir costos y simplificar procedimientos sin eliminar las condiciones de seguridad.
Qué dijeron los opositores
La concejala radical Fabiana Gutiérrez anticipó el respaldo de la UCR y destacó la necesidad de establecer reglas más razonables. Durante su intervención, advirtió sobre la reducción de la cantidad de vehículos habilitados.
Actualmente funcionan en la ciudad aproximadamente 2.300 taxis y 500 remises, pese a que el cupo establecido en función de la población permite alrededor de 9.000 unidades. Esa diferencia fue utilizada durante el debate para exponer las dificultades de ingreso y permanencia dentro del sistema.
“Si distintas modalidades compiten por el mismo usuario, no podemos pedirle a una de ellas que corra con una mochila de regulaciones que las demás no tienen”, expresó Gutiérrez.
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La radical consideró que el municipio debe concentrar sus controles en la seguridad, las condiciones de los vehículos y la habilitación de los conductores. En cambio, sostuvo que no debería obligar a un taxista a pertenecer a una central ni a un remisero a trabajar con una agencia determinada.
Graciela Villata, del Frente Cívico, también acompañó el proyecto, pero cuestionó el tiempo que demandó su tratamiento. “Llegamos 344 días tarde. El Estado siempre llega tarde”, afirmó.
Villata advirtió que la reforma perderá efectividad si el municipio no refuerza los controles sobre quienes prestan el servicio fuera del régimen legal. “Podemos dictar la mejor ordenanza, pero si el intendente no lleva adelante los controles necesarios, esta ordenanza va a ser letra muerta”, sostuvo.
Jéssica Roveto Yapur, de Cordobeses por la Libertad, coincidió con la necesidad de aliviar las condiciones que debe afrontar el sector, aunque planteó que la demora fue aún mayor. La concejala recordó que presentó proyectos similares que perdieron estado parlamentario.
“Había que sacarles lisa y llanamente el pie de la cabeza a los laburantes. Dos años después, acá estamos”, expresó. Roveto Yapur valoró especialmente el fin de la adhesión obligatoria a las centrales de radiotaxi y a las agencias de remises.
Cintia Frencia, del Frente de Izquierda, fundamentó la abstención de su bloque. Consideró que los cambios constituyen una respuesta parcial y que no resuelven la precarización laboral ni los problemas estructurales del transporte.
Frencia sostuvo que la expansión del trabajo mediante plataformas está relacionada con la caída de los ingresos y el crecimiento del pluriempleo. Según señaló, policías, docentes, estudiantes y jubilados recurren a la conducción de vehículos para complementar sus ingresos.
“Están poniendo a los trabajadores en una elección imposible: autoexplotarse trabajando 12 o 16 horas o someterse a los desalojos exprés porque no pueden pagar el alquiler”, afirmó. También calificó la reforma como una expresión del “fracaso” de la política integral de transporte.
Después de la sesión, el presidente de la bancada oficialista, Martín Simonian, destacó el respaldo alcanzado. Señaló que la reforma atiende un reclamo del sector y adapta la normativa a las nuevas formas de movilidad.
Desde la UCR, Sergio Piguillem consideró positiva la actualización, aunque sostuvo que llegó tarde y que resulta insuficiente frente a los problemas estructurales. Reclamó que los colectivos, los taxis, los remises y las plataformas sean tratados como componentes de una misma política urbana.
El representante del Sindicato de Conductores de Taxis, Claudio López, afirmó que las modificaciones mejorarán la competitividad y reducirán costos. Sin embargo, advirtió sobre la falta de crédito para renovar los vehículos y sobre el impacto de los seguros, los impuestos y la caída de la actividad.
Las modificaciones
Entre los principales cambios, la antigüedad máxima de los taxis y remises pasará a ser de 10 años. La ordenanza anterior establecía una vida útil ordinaria de seis años, con posibilidades de prórroga, y contemplaba restricciones especiales para incorporar unidades usadas o adquiridas mediante leasing.
La adhesión a centrales de radiotaxi y agencias de remises dejará de ser obligatoria. Los remises podrán recibir solicitudes mediante llamadas telefónicas, páginas web o aplicaciones, aunque continuarán sin poder levantar pasajeros directamente en la vía pública.
La reforma eliminará el arancel municipal trimestral equivalente a 40 bajadas de bandera y el costo por la transferencia de las licencias. También suprimirá los topes fijados para los cánones privados cobrados por las centrales y agencias a quienes decidan adherirse voluntariamente.
La Inspección Técnica Vehicular (ITV) pasará de tener una frecuencia de cuatro meses a realizarse de manera semestral. Los vehículos cero kilómetro tendrán una revisión anual durante sus primeros dos años.
La edad máxima para conducir aumentará de 70 a 76 años y se reducirá la cantidad mínima de choferes exigida a los titulares de varias licencias. Además, las chapas vacantes dejarán de entregarse mediante sorteo y serán adjudicadas según el orden de inscripción en un registro de postulantes.
Los trámites y la documentación se gestionarán mediante Mi Docta y una libreta digital. Tras la sanción, el Departamento Ejecutivo deberá promulgar y reglamentar la reforma para que entren en vigencia las nuevas condiciones.
