Juicio. ARA San Juan: Fiscalía solicitó penas de hasta 5 años de cárcel para los cuatro imputados de la Armada
El Ministerio Público Fiscal pidió condenas de prisión efectiva e inhabilitación perpetua por estrago culposo agravado tras el hundimiento que causó la muerte de 44 tripulantes.
La causa judicial por el hundimiento del submarino ARA San Juan entró este lunes en su etapa definitoria en el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos. El Ministerio Público Fiscal solicitó penas de entre tres y cinco años de prisión para cuatro exoficiales de la Armada Argentina.
Los fiscales Gastón Pruzan, Lucas Colla, Julio Zárate y María Andrea Garmendia Orueta fundamentaron el pedido tras meses de debate y el testimonio de más de 90 testigos. Se acusa a los exjefes por presunto incumplimiento de deberes y estrago culposo agravado.
Juicio por el ARA San Juan: los pedidos de condena
Según lo informado por Clarín, la fiscalía solicitó cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, entonces titular del Comando de Alistamiento y Adiestramiento. La misma pena de cinco años de prisión efectiva se requirió para Claudio Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos.
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Para el capitán de navío Héctor Aníbal Alonso, exjefe del Estado Mayor, se pidieron cuatro años de cárcel e inhabilitación perpetua. Finalmente, el capitán de fragata Hugo Miguel Correa enfrenta un pedido de tres años de prisión por sus funciones operativas y de comunicaciones.
La acusación sostiene que los imputados permitieron que el submarino navegara en "condiciones técnico-operativas deficientes" para cumplir la misión encomendada. Los fiscales remarcaron que se incumplieron deberes esenciales de supervisión y control que podrían haber evitado la tragedia.
Falta de mantenimiento y riesgos operativos
Uno de los puntos centrales de la fiscalía fue que el ARA San Juan había superado por 26 meses el plazo reglamentario para ingresar a dique seco. Esta falta de mantenimiento esencial, prevista por el fabricante, generó limitaciones que aumentaron el riesgo de la actividad submarina.
"La falta de realización de las tareas de mantenimiento se había traducido en la imposición de limitaciones operativas que redundaban en un aumento del riesgo", afirmó el fiscal Pruzan. La nave acumulaba desperfectos técnicos desde su reparación de media vida en 2015.
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La teoría fiscal reconstruyó que el 14 de noviembre de 2017 ingresó agua de mar al tanque de baterías a través del sistema de ventilación. Esto provocó un cortocircuito y un principio de incendio que derivó en la pérdida crítica de control de la unidad.
Advertencias ignoradas por la cadena de mando
Durante los alegatos, se reveló que el comandante del submarino, Pedro Martín Fernández, había solicitado formalmente el ingreso a dique seco meses antes del siniestro. Según la fiscal Garmendia, el pedido fue realizado por las vías habilitadas pero ignorado por sus superiores.
La fiscalía también denunció que se priorizó la realización de operaciones militares por encima de las inspecciones de seguridad obligatorias. Una auditoría de seguridad que debía realizarse antes de la tragedia fue postergada para diciembre de 2017.
Respecto a los cargos operativos, se señaló que Héctor Alonso omitió medidas de control fundamentales y que Hugo Correa no garantizó un sistema de comunicaciones rápido y seguro. Tras los pedidos fiscales, el juicio continuará este martes con las exposiciones de las querellas.
