Sociedad. Ya investigan más de 100 amenazas en colegios de Córdoba y suman 8 los adolescentes imputados

La Fiscalía Penal Juvenil del 4 turno de Córdoba elevó a ocho el número de adolescentes imputados por el delito de "amenaza agravada por anonimato" en el marco de la investigación que se realiza en torno a los mensajes con amenazas a escuelas cordobesas. La preocupación escala a nivel nacional ya que también hubo pintadas en numerosos establecimientos.

Lo informó a través de un comunicado el Ministerio Público Fiscal, quien agregó que se trabaja sobre más de 100 hechos en Córdoba.

"Se trabaja sobre más de 100 hechos en la ciudad de Córdoba. Además hay actuaciones en La Falda, Cosquín, Capilla del Monte, Cruz del Eje y Jesús María. En todas las jurisdicciones se están tomando medidas procesales a fin de esclarecer los casos", se indicó desde el Ministerio Público Fiscal. Este viernes se registraron nuevas amenazas en otros colegios de la provincia.

El jueves el ministro de Educación de Córdoba, Horacio Ferreyra, había informado a La Voz En Vivo sobre las amenazas de tiroteos con pintadas muy similares en baños de distintos colegios. “Se trataría de un desafío viral que está dando vueltas por TikTok”, dijo el funcionario basándose en el reporte de especialistas.

Ante la repetitividad de los casos, la Dirección General de Investigaciones Criminales llevó a cabo una serie de procedimientos en toda la provincia. Según fuentes oficiales, lo que se busca es determinar el origen de los mensajes y prevenir posibles incidentes en las instituciones afectadas.

Ante las amenazas en las escuelas, el ministro indica que "se debe poner en marcha de inmediato un protocolo de actuación institucional". Este accionar implica el "acompañamiento desde la supervisión escolar, los equipos de profesionales y las áreas de seguridad de la provincia".

En caso de que no se logre identificar a los responsables de los mensajes, "la escuela debe realizar una denuncia en la unidad judicial correspondiente" para que la Justicia inicie las investigaciones formales. Por otro lado, cuando sí se identifica a los autores (que suelen ser menores de edad), "el aspecto legal y sancionatorio avanza por fuera del colegio, mientras que hacia el interior de la institución se trabaja pedagógicamente con la familia y los estudiantes".

El funcionario subraya fuertemente que "las familias tienen que involucrarse de manera activa", ya que frenar esta problemática es una responsabilidad conjunta de toda la sociedad, incluyendo a organizaciones y medios de comunicación. Como parte de esta prevención, el Ministerio promueve "rondas de familias" para dialogar con los padres sobre el uso de la tecnología, el buen trato y las formas de cuidado.

Asimismo, Ferreyra resalta que "es fundamental estar informados y que toda la comunidad educativa (padres, madres, docentes y directivos) esté atenta" a este tipo de conductas y retos virales. Finalmente, detalla que las escuelas deben "comunicarse a través del número 0800-888-1234 disponible o con la línea conjunta de educación y seguridad" para que los equipos interdisciplinarios (que incluyen especialistas en psicología y trabajo social) brinden asistencia, dado que estos delitos buscan generar miedo y tensan la vida cotidiana de las instituciones.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, a cargo de los operativos, brindó precisiones sobre el avance de la investigación en los colegios afectados. “Este fenómeno surgió después del hecho en San Cristóbal y se contagió a todo el país”, dijo. “Hubo una pista muy firme que siguió la fiscal y nos llevó a hacer un allanamiento”, explicó el ministro en horas de la mañana, mientras se desarrollaba el primer operativo policial en el que secuestraron el celular de un adolescente y otros elementos de prueba, como anotaciones.

“El chico estaría vinculado a la comunidad True Crime Community, que tiene fascinación por la violencia y la glorificación de los perpetradores”, adelantó Quinteros. Y alertó: “No estamos frente a la travesura de un adolescente, estamos ante la comisión de un hecho delictivo. Y como tal, vamos a actuar”.

“Los adolescentes se relacionan por WhatsApp y se comparten casos de violencia reales, desde accidentes de tránsito hasta cómo armar explosivos”, explicó Quinteros, haciendo hincapié en la importancia de que los padres estén atento al uso de las redes sociales de sus hijos.

En paralelo a la aparición de pintadas amenazantes en varios colegios, la Policía de Córdoba debió intervenir en varias oportunidades en los últimos días para retirar armas o réplicas de armas en distintos establecimientos educativos.

Según datos oficiales, en los últimos 14 días se secuestraron dos pistolas de aire comprimido, una picana y cuatro réplicas. En todos los casos, dichos elementos fueron llevados por alumnos dentro de sus mochilas. La mayoría de los casos se registraron en escuelas de la Capital.

El último caso sucedió ayer en un Ipem de Villa Allende, donde efectivos secuestraron una pistola de aire comprimido en la mochila de un estudiante. No tenía balines ni sistema de disparo. El propio alumno de 16 años se lo entregó a la directora luego de que fuera acusado por un compañero.

Días atrás, se había secuestrado una picana en un colegio secundario de barrio Alberdi, en Capital. Había sido llevada por un alumno. En otro hecho similar, en un colegio de barrio Congreso, durante un recreo, un alumno fue detectado con un arma blanca que entregó voluntariamente a las autoridades escolares. Y hubo otro caso, con una pistola de aire comprimido, en una escuela de Santa Rosa de Calamuchita.

A raíz de estos episodios, todos sucedidos luego de la tragedia de San Cristóbal en Santa Fe, el Ministerio de Seguridad de la Provincia concretó una reunión días atrás con jefes policiales y representantes de Educación para evaluar la situación.

Si bien los casos de Córdoba no están vinculados al resonante caso de San Cristóbal, un informe de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional del Ministerio Público Fiscal de la Nación, describe las características y los modos de funcionar de la True Crime Community (TCC), una subcultura digital que trasciende el mero interés criminológico para adentrarse en lo que denomina un “extremismo violento nihilista”.

Aunque el género “True Crime” es popular en documentales y series televisivas, la TCC se distingue por la “glorificación y emulación” de perpetradores de matanzas masivas, especialmente en tiroteos escolares. Esta comunidad, de carácter transnacional y descentralizada, encuentra sus raíces en foros surgidos tras la masacre de Columbine en 1999.

Según el informe, existen cuatro niveles de participación: desde el consumo de material por mera curiosidad, hasta la planificación de nuevos ataques para obtener notoriedad simbólica. En estos entornos, los agresores son reinterpretados como “figuras heroicas” o “víctimas incomprendidas”, alimentando un peligroso ”efecto copycat” o ciclo de imitación.

El perfil de sus integrantes suele ser el de adolescentes y jóvenes (13 a 20 años) con rasgos de “aislamiento social, misantropía y problemas de salud mental”.

Los especialistas advierten que, al no ser una organización jerárquica, el desafío judicial radica en la detección temprana de la radicalización individual mediante indicadores conductuales, como el uso de lenguaje de admiración hacia asesinos o la elaboración de listas de objetivos