Conflicto. Allanaron la Municipalidad de La Calera por denuncias de fabricación de causas para justificar despidos
Las denuncias de empleados y contratados fueron giradas por Fiscalía General al Fuero Penal Económico. Desde la gestión del intendente Fernando Rambaldi justifican las decisiones y relacionan las acusaciones con intereses políticos de integrantes de la anterior administración.
La Justicia allanó el edificio municipal de La Calera y secuestró documentación vinculada a sumarios administrativos y legajos de personal, en el marco de dos causas penales que involucran a funcionarios de diversos rangos por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, según sus denunciantes.
Son acusaciones de empleados y contratados contra la gestión del intendente Fernando Rambaldi, a quien le atribuyen distintos hechos de persecución laboral, entre ellas la fabricación de causas para justificar cesantías.
Desde la administración municipal defienden sus actuaciones, en el marco de una larga serie de irregularidades que afirman haber detectado y denunciado desde que se hicieron cargo del gobierno, con presentaciones penales contra el exintendente Rodrigo Rufeil y otros exfuncionarios.
"Desde la asunción Rambaldi anunció que se iniciarían proceso sumariales atento la corrupción y el desgobierno generalizado del municipio. Recursos humanos no era una excepción. Empleados cobrando sin prestar servicios (ñoquis), sustraían todo tipo de bienes del Estado Municipal, los usaban como propios, los dañaban intencionalmente. La oficina de sumarios lleva mas de 40 cesantías, por las auditorias constantes que han permitido descubrir dos médicos contratados que presentaron documentación falsa, un empleado que realizaba conexiones clandestinas de luz al alumbrado público, un empleado que realizaba facturas truchas falsificando además la firma de funcionarios, robo y posterior venta de combustibles del municipio, insumos, herramientas, etc.", detalló el asesor letrado municipal Agustín Anglada Allende.
La resolución tras estos operativos ha sido la decisión de la Fiscalía General de girar los expedientes al Fuero Penal Económico. Esta medida responde a la naturaleza de los delitos denunciados, que incluyen falsedad ideológica, abuso de autoridad y malversación de las facultades administrativas.
La Causa I: El expediente Blanco y la imputación al Ejecutivo
El primer eje de la investigación surge de la denuncia formulada por Juan Javier Blanco, un empleado de planta permanente con siete años de antigüedad en el área de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos.
Blanco fue objeto de una cesantía el 26 de marzo de 2026, mediante el Decreto N° 34/DE/2026, bajo la acusación de sustracción de combustible.
El asesor letrado dijo que este sumario tiene una larga investigación por detrás y está firme la cesantía y se está elaborando la denuncia penal por el delito que en la jerga se conoce como “ordeñar los camiones”: la sustracción de combustible de unidades que estaban destinadas a la recolección de residuos. De esta causa, anticipó Anglada, podrían desprenderse otras acusaciones contra empleados del municipio y contra terceros, involucrados en las distintas maniobras investigadas.
Según exponen los abogados de los demandantes en el documento judicial, el sumario administrativo que derivó en el despido fue “construido sobre documentación falsificada por los propios funcionarios que lo instruyeron”.
La denuncia penal ante la Fiscalía Distrito 3 Turno 7 señala directamente al asesor letrado; al secretario de Infraestructura, Rodrigo Bustos; y al propio intendente Fernando Rambaldi, quien fue incorporado en una ampliación de la denuncia.
El punto crítico de esta causa reside en una presunta falsedad ideológica en el acta labrada el 3 de septiembre de 2025. Los abogados sostienen que en dicho documento se omitió deliberadamente información aportada por un testigo, el agente David Nazareno Agüero, quien habría aclarado que el faltante de combustible no correspondía al vehículo asignado a Blanco, sino a otro camión municipal.
Además, la denuncia indica que se silenciaron advertencias sobre robos de combustible en otros vehículos y amenazas sufridas por el testigo para que no denunciara el consumo de estupefacientes por parte de otros agentes.
Desde el punto de vista procedimental, los letrados de la querella califican el proceso como un "círculo funcional cerrado". Argumentan que Anglada Allende acumuló funciones incompatibles: recibió la denuncia, dictó la apertura del sumario, designó a la instructora y formó parte de la Comisión de Relaciones Laborales que debía controlar el proceso.
Según la presentación judicial, el decreto de cesantía firmado por Rambaldi careció de la intervención obligatoria de la Comisión de Relaciones Laborales, tal como lo estipula el Estatuto del Personal Municipal.
La Causa II: Denuncias por informes falsos en el área de Monitoreo
El segundo frente judicial, bajo el expediente N° 4571042, agrupa a cuatro empleados de carrera (Adiani, Paredes, Machuca y Sigampa) con antigüedades de hasta 20 años y sin antecedentes disciplinarios previos.
Los abogados de los demandantes describen un patrón de conducta orientado a la desvinculación o sanción de personal mediante la fabricación de hechos ilícitos.
El conflicto se originó con traslados al área de Call Center y Monitoreo durante el año 2025. Una vez en esta área, los empleados denuncian haber sido víctimas de una serie de informes con datos falsos.
Anglada defendió la potestad del municipio de reasignar el personal y explicó que los sumarios que se hicieron obedecen a actos que van de desidia y negligencia a la posible complicidad con situaciones de robo y de vandalismo contra infraestructura municipal que eran vigiladas por cámaras.
El municipio les imputa, uno por uno:
A Sandra Machuca, sumario en proceso por 3 hechos. Es operadora del Centro Monitoreo (COM). Primer caso: mientras estaba en su puesto una persona ingresa a un edificio del Parque Icardi, rompe 2 candados y sustrae grifería y materiales de construcción mientras ella que puede observar el evento en tiempo real omite activar Procedimiento Operativo. Segundo caso: abandona su puesto de trabajo para fines personales. Tercer caso: según el informe de la jefa del áArea la agente ha manifestado ofuscación, excediéndose en su trato y elevando la voz dentro de la sala de Call Center a sus superiores.
A Daniela Paredes, también operadora del Centro Monitoreo, se le inicia sumario por 5 hechos. Primer caso: mientras estaba en su puesto una persona ingresa a un edificio del Parque Icardi, rompe 2 candados y sustrae grifería y materiales de construcción mientras ella que puede observar el evento en tiempo real omite activar Procedimiento Operativo. Segundo caso: reiteradas llegadas tarde. Tercer caso: reiterados abandonos de su puesto de trabajo. Cuarto caso: omite deliberadamente cumplir una orden directa de su superior jerárquico. Quinto caso: no haber alcanzado los estándares mínimos de competencia técnica requeridos para su función, pese a contar con antigüedad y haber recibido capacitaciones.
A Francisco Sigampa, Operador del Centro Monitoreo, se le inicia sumario por siete causalidades. Entre ellos: procesar de manera incorrecta la solicitud de un ciudadano, omisión de gestionar diversos chats de ciudadanos que no fueron respondidos, habría remitido un mensaje oficial informando falsamente a un vecino que su reclamo estaba “resuelto”, habría desnaturalizado las pausas técnicas de 15 minutos, realizando salidas con frecuencias superiores y de manera simultánea con otros operadores, habría atendido a una ciudadana personalmente por “temas impositivos”, violación de protocolos habiendo solicitado a un policía de turno verificar cámaras de seguridad de su domicilio particular.
A Carlos Adiani, operador del Centro de Monitoreo, otros 3 hechos; se desempeñaba realizando transporte de pasajeros mientras gozaba de carpeta medica y licencia por salud, conversaciones sociales prolongadas con compañeros de puestos contiguos mientras se desempeña en su puesto de trabajo violando protocolos, ya que notificó una hora antes de su horario laboral que no prestaría servicios;
Por su parte, la querella acusa distintas irregularidades en los sumarios:
- Informes sobre licencias médicas: En el caso del empleado Adiani, se le imputó haber realizado servicios de transporte privado (Uber) mientras estaba de licencia, basándose en un recibo que no identificaba al conductor.
- Imputaciones por demoras inexistentes: A la empleada Paredes se la sancionó por una supuesta demora en dar aviso de un hecho delictivo, omitiendo que la sala carecía de supervisor en ese momento por orden de la propia directora del área.
- Uso irregular de filmaciones: Se denunció el uso de cámaras de seguridad para controlar tardanzas, una práctica que los abogados consideran ilegal bajo la Ley Provincial N° 9380.
- Acusaciones contra el personal jerárquico: En el caso de Francisco Sigampa, el empleado de mayor jerarquía del grupo, se le atribuyeron siete hechos calificados por sus defensores como "fabricados", que incluyen desde errores de tipificación habituales tratados como faltas graves hasta el pedido de presencia policial en su domicilio particular .
Las funcionarias denunciadas en este expediente son la directora de Coordinación de Call Center y Monitoreo, y una supervisora del área.
Los delitos que se les atribuyen incluyen falso testimonio, estafa procesal, falsedad ideológica y abuso de autoridad. .
La intervención del Fuero Penal Económico
La Fiscalía General fundamentó el traspaso al Fuero Penal Económico debido a que la investigación apunta a una posible afectación sistemática de la administración pública a través de actos de autoridad viciados.
Los abogados de los denunciantes subrayan que el denominador común en ambos expedientes es la utilización de las potestades institucionales —como la potestad disciplinaria y la instrucción sumarial— como un "instrumento de represalia".
Para Anglada estas denuncias tienen como elemento en común la representación legal del estudio de Claudio Juárez Centeno y una cercanía de los acusados con el exintendente Rodrigo Rufeil. Puso en contexto esta disputa judicial con las denuncias que hizo el municipio contra Rufeil por el nombramiento por decreto de 70 contratados en planta permanente, violando la ordenanza de ingreso por concurso y una serie de investigaciones administrativas que concluyeron en sumarios por irregularidades en numerosas reparticiones y contratos.
La documentación secuestrada durante los allanamientos de la semana pasada resulta fundamental para corroborar si los actos administrativos, como los decretos de cesantía y las actas de instrucción, coinciden con la realidad de los hechos o si, como afirman los abogados de los demandantes, contienen inserciones falsas destinadas a perjudicar el patrimonio laboral de los agentes municipales.
