Alertas. Hay 78 pedidos diarios de paradero de personas y pocas veces se les da de baja

Según datos oficiales, cada día ingresan en promedio 78 pedidos de paradero emitidos por la Justicia a la Policía provincial. Si a esto se le suman los 21 pedidos de captura diarios (personas buscadas por delitos o sospechas), las fuerzas de seguridad deben gestionar casi 100 requerimientos de localización de personas por jornada.

Todo pedido, tanto de paradero como de captura, tiene que ser solicitado por oficio judicial. Puede enviarse en papel o cargarse en el sistema digital de la Justicia, Extranet. La información llega a un área de la Policía que gestiona los antecedentes personales y el sistema Elliot, que es el software de gestión de búsqueda de personas que alimenta de datos los celulares que tienen los policías de calle.

La tendencia de los pedidos de paradero muestra un crecimiento sostenido en los últimos años. Durante el 2024 se contabilizaron 4.705 pedidos, cifra que ascendió a 5.883 en el año 2025. En lo que va del presente año, ya se han registrado 3.477 actuaciones de este tipo. A este ritmo, el número casi se duplicará en dos años.

Este incremento ha llevado a que el sistema registre actualmente 35.000 personas buscadas con paradero vigente en la provincia.

¿Por qué tantos pedidos?: porque si bien el sistema intenta ser rápido y diligente en el aviso urgente, una vez resuelto el caso con cualquier resultado -que la persona apareció viva o muerta- se cierra la investigación judicial, pero rara vez se carga el oficio judicial que da por terminada la búsqueda.

Y los sistemas no están conectados, ni entre sí ni con otras bases de datos públicas, como las del Registro Civil para dar por caídos pedidos de personas con certificados de defunción.

Es por esto que no puede darse por cierto el dato de que hay más de 35 mil personas desaparecidas en Córdoba en una década, un título que puede tener cierto efecto, pero que de ningún modo refleja la realidad. Lo que esta cifra evidencia es una falla administrativa y de comunicación información, que requieren de mecanismos formales y legales de aviso. Es algo en lo que coinciden todas las partes: Justicia, Policía, Seguridad, entre los organismos intervinientes.

Existen tres sistemas de información que no funcionan conectados entre sí. El proceso se inicia cuando la justicia emite un oficio, la Policía lo carga en su sistema interno denominado "Eliott" -se supone, por el agente del FBI de apellido Ness que logró encarcelar al capo mafia Al Capone en Nueva York en los años 30- y luego lo comunica al sistema federal de búsqueda de personas, que se denomina Sifebu o al sistema nacional de personas con pedido de captura, que se llama Sifcop.

El conflicto surge cuando la persona buscada aparece o la investigación se cierra legalmente: las fiscalías y unidades judiciales suelen no comunicar formalmente la finalización de la búsqueda mediante un oficio, que es el único modo en el que la Policía lo da de baja. El área de Antecedentes no cruza datos, ni siquiera con otros registros policiales: sólo da de baja un pedido cuando recibe el oficio judicial.

En los últimos años, para los casos de pedidos de captura, se fueron limpiando las bases de más de 10 años con las solicitudes por delitos que están prescriptos, con excepción de los más graves como abusos sexuales u homicidios. Pero aún así existe un stock muy importante, de varios miles de pedidos de captura con más de un lustro de antigüedad, confió el subjefe de Policía, comisario general Federico Cisneros, quien durante muchos años dirigió el área de Antecedentes y de Sistemas policiales.

Esta desinteligencia en los sistemas provoca que los pedidos de paradero permanezcan activos de manera indefinida. Por caso: existen registros de personas que figuran como buscadas desde hace una década y esto es literal: hay más de 2.000 pedidos vigentes que datan del año 2016.

La falta de comunicación de estos sistemas y la escasez de recursos y de diligencia judicial para informar con rapidez, pero luego para dar de baja las búsquedas y limpiar las bases, son un error sistémico que sin explicarlos en su complejidad están en el contexto de dos casos de estrépito público reciente: el suicidio en una comisaría de Tomás Orihuela, detenido por figurar con captura en los sistemas policiales a pesar de que ya la Justicia no lo requería y las demoras en la atención en la Unidad Judicial y en la comunicación de la desaparición de Agostina Vega.

De nuevo y para que no se malinterprete: ninguno de esos casos se reduce a un error de sistema, la Justicia está investigando acciones dolosas del personal policial en el caso de Tomás y hay solicitudes de destitución de funcionarios en el de la adolescente asesinada.

El problema de sistema es descripto por un experto -que eligió hablar en el anonimato- de este modo: la “hojarasca” de pedidos vigentes genera un desorden administrativo y conspira contra la eficacia en el uso de los recursos policiales, para que se concentren exclusivamente en las desapariciones reales y urgentes.

En un centenar de pedidos diarios, también es preciso implementar un buen sistema de Triage -como el que tienen los centros de salud- para priorizar las urgencias. De este modo, se pueden aplicar soluciones que requieren el despliegue inmediato de medidas como la Alerta Sofía, el uso de helicópteros, perros entrenados y fuerzas especiales y que representan un costo logístico y económico significativo para el Estado.

La demora en la recepción de denuncias y la falta de ese entrenamiento de Triage, donde interviene también la perspectiva de género como indicador de vulnerabilidad, es otro factor que limita la acción en tiempos y en forma, entiende la fuente consultada.

Los paraderos se cargan con velocidad, pero no se desactivan con la misma celeridad o nunca se desactivan

Hay 35.013 pedidos de paradero vigentes acumulados durante una década.