Lácteos. Interesado en la cooperativa, el dueño de Telefe cuestionó la forma en que se venderá Sancor

A pocos días de que la Justicia avanzara con el proceso de venta de activos de Sancor, surgió un nuevo actor dispuesto a disputar el futuro de la histórica cooperativa láctea.

Gustavo Scaglione, empresario dueño de Telefe, presentó un recurso judicial para frenar la licitación y cuestionó el mecanismo elegido para avanzar con la desinversión de la empresa.

La presentación fue realizada ante el Juzgado Civil y Comercial de Rafaela, que lleva adelante el concurso preventivo de acreedores de la láctea.

Según publicó el diario La Nación, el empresario planteo que, la aprobación otorgada por el juez, Marcelo Gelcich, podría comprometer la continuidad de la compañía y afectar las posibilidades de recuperación de una de las marcas más emblemáticas de la industria láctea argentina.

En el documento, Scaglione impugnó la resolución solicitando su revocación y nulidad, interponiendo de forma paralela un recurso de apelación en subsidio. Asimismo, requirió la suspensión inmediata de cualquier procedimiento asociado a la licitación hasta obtener una respuesta definitiva.

La resolución judicial que hoy se encuentra en disputa había iniciado el proceso de subasta de las seis fábricas de la cooperativa, incluyendo sus marcas comerciales y activos intangibles, con un valor inicial que supera los U$S 52 millones.

Este llamado captó de inmediato la atención de compañías de la industria láctea y de fondos de inversión interesados en la licitación, incluida la del empresario. No obstante, Scaglione sostiene que el plan validado contiene fallas legales y pone en riesgo los intereses de los acreedores. Su crítica central se enfoca en el diseño de la estructura de venta.

Ante esta observación, Scaglione solicitó que se suspenda la resolución que habilitó el proceso de licitación de activos impulsado por Sancor. Entre los argumentos expuestos, sostiene que la modalidad elegida podría derivar en un desmembramiento de la cooperativa y limitar las alternativas para una recuperación integral.

Además, apuntó a que no se estaría respetando la Ley de Concursos y Quiebras porque permite la comercialización de las plantas por separado. En ese artículo se plantea que hay que considerar como prioritario la venta de las empresas como una unidad económica.

De acuerdo con lo expuesto en el documento legal, este formato de subasta amenaza con devaluar el patrimonio global de la compañía. En su declaración, el empresario afirmó de manera contundente que: “comercializar las marcas de forma independiente de las instalaciones provocaría un impacto financiero negativo muy grave para el conjunto de los acreedores”.

Otro de los puntos centrales del reclamo cuestiona las tasaciones utilizadas para fijar los precios de venta. Scaglione denunció que los acreedores no pudieron revisar de forma real los informes técnicos que justifican esos valores.

Explicó que parte de los documentos solo están en un Data Room, al cual no se puede ingresar sin comprar antes el pliego de la licitación. "Esto crea un verdadero obstáculo para revisar y discutir los informes técnicos, las valuaciones y los datos económicos que sostienen la medida apelada", afirmó.

El empresario también criticó el valor asignado a la planta de Sunchales, uno de los activos más importantes de la cooperativa. La decisión del juez bajó un 20% el precio original de la planta tras el incendio del pasado 7 de junio, el cual dañó varias áreas del lugar.

No obstante, Scaglione aseguró que ningún informe técnico avala ese recorte exacto. "No hay pruebas de que el perito Bacchetta haya inspeccionado el lugar, ni de que emitiera un informe o un nuevo estudio que demuestre que los daños justifican, con base firme, una rebaja justa del veinte por ciento", concluyó.

Con estos argumentos, el empresario pidió formalmente detener el concurso: “La continuidad del proceso de enajenación podría ocasionar consecuencias de imposible o extremadamente difícil reparación ulterior”.