Conflicto sindical. La industria aceitera cuestiona el reclamo salarial por parte de los sindicatos: ¿cuáles son los argumentos?

El conflicto paritario entre la industria aceitera y los sindicatos del sector volvió a escalar en las últimas semanas y sumó preocupación dentro de toda la cadena agroexportadora.

Desde el sector empresario consideran que el nuevo pedido por un aumento salarial del 20%, impulsado por los gremios, está “muy por encima” de la realidad económica que atraviesa la actividad y advierten que los paros terminan afectando a las plantas industriales, a los productores, transportistas y exportadores.

Uno de los principales argumentos de las empresas es la diferencia salarial existente entre los aceiteros y el resto del empleo privado formal.

Según los datos difundidos por la industria, mientras el salario promedio registrado en la Argentina ronda los $ 1,4 millones, la categoría inicial aceitera parte de $ 2,34 millones, es decir, un 67% por encima del promedio nacional.

En las categorías más altas, la brecha incluso supera el 100%. De acuerdo con los números del sector, el salario promedio ponderado de la actividad aceitera alcanzó en mayo de 2026 los $ 4,9 millones mensuales.

La evolución de los sueldos aceiteros también aparece en el centro del debate. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, los salarios del sector acumularon un incremento del 361%, por encima de la inflación acumulada del período, que fue del 299%.

En paralelo, el dólar subió 304%, mientras que la soja en pesos —principal referencia económica para la actividad— avanzó apenas 179% durante ese mismo lapso.

Además, desde enero de este año, el salario aceitero ya registró una mejora del 13,5%, superando nuevamente a la inflación acumulada del período, que alcanzó el 12,3%.

A eso se sumó un anticipo extraordinario promedio de $ 600.000 por trabajador para cubrir la evolución de precios del primer semestre.

Pese a este escenario, los sindicatos mantienen el reclamo de actualización salarial del 20% ya mencionado.

Desde las empresas sostienen que ese porcentaje implica proyectar una inflación anual cercana al 35%, en un momento donde los precios internacionales de la soja muestran una tendencia mucho más débil.

Otro de los factores que alimenta la tensión es la situación de la actividad industrial. En el primer trimestre de 2026, la molienda acumulada de soja cayó 9% respecto del mismo período del año pasado, reflejando una menor dinámica en el principal complejo exportador argentino.

Desde el sector empresario remarcan además que cada jornada de paro tiene consecuencias directas sobre toda la cadena agroindustrial. Calculan que cada trabajador pierde alrededor de $160.000 por día no trabajado, al tiempo que se frenan ventas de granos, viajes de camiones, embarques y liquidación de divisas.

Por eso, dentro de la industria consideran que el conflicto dejó de ser exclusivamente salarial y pasó a tener un fuerte componente político vinculado al rechazo de la política económica del Gobierno nacional.

Frente a este escenario, la postura empresaria apunta a sostener actualizaciones salariales atadas a la inflación oficial medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.

Según plantean, el objetivo es garantizar que los salarios no pierdan poder adquisitivo sin comprometer la competitividad de una actividad considerada estratégica para la generación de divisas.

“La Argentina necesita trabajo formal, industria trabajando y reglas que permitan sostener producción, exportaciones y empleo. Paralizar una actividad estratégica no fortalece al país: lo debilita”, sostienen desde el sector.