Conflicto por las tarifas. La carga fiscal, el verdadero costo argentino en el transporte de granos

El aumento en el precio del combustible profundiza un conflicto recurrente entre transportistas y productores, en el que la presión impositiva aparece como el verdadero cuello de botella.

18 de abril de 2026 a las 08:24 p. m.
La carga fiscal, el verdadero costo argentino en el transporte de granos
EXIGENCIAS. Los camioneros piden un aumento del más del 20% en las tarifas para volver a trabajar.

En plena cosecha gruesa, cuando cada día de demora tiene impacto directo en los números del productor, el conflicto por las tarifas del transporte de granos volvió a poner en evidencia una tensión recurrente en la cadena agroindustrial: quién absorbe los costos en un contexto de márgenes cada vez más ajustados.

Pero detrás de la discusión coyuntural –que terminó zanjándose esta semana con una actualización del 12% en la tarifa–, subyace un problema más profundo, estructural y persistente: el peso de la carga impositiva sobre el sistema productivo argentino.

La discusión no es nueva, pero sí se vuelve más visible en momentos de presión como el actual. Con la suba del gasoil en el marco del conflicto en Medio Oriente, el costo del transporte volvió a dispararse y obligó a reabrir una negociación que, en rigor, nunca termina de cerrarse.

Desde ambos lados del mostrador, coinciden en el diagnóstico. “La realidad es el alto costo argentino, tanto para el productor como para el camionero”, planteó el productor y exdirigente agropecuario Néstor Roulet, al poner el foco en el problema de fondo.

El impacto es concreto y medible. Según sus cálculos, si se avalaba la suba pretendida por los transportistas (más del 20%), un viaje de 350 kilómetros hasta el Gran Rosario podría costar cerca de $ 50 mil por tonelada. Eso representa el 20% del valor del maíz y el 12% del de la soja.

La cuenta se vuelve aún más desafiante cuando se suman los derechos de exportación. En el caso del maíz, con una alícuota del 9,5%, el costo de llevar el grano al puerto puede trepar al 30% de su valor.

En soja, con retenciones del 26%, ese porcentaje se eleva hasta el 38%. En términos productivos, la ecuación es contundente: parte significativa del esfuerzo queda en el camino.

Desde el lado del transporte, la situación no es menos compleja. El gasoil –principal insumo de la actividad– tiene una carga impositiva que ronda 40% de su valor al surtidor. A eso se suman los costos laborales, peajes y el deterioro de la infraestructura vial, que encarece aún más cada viaje.

En este escenario, desde el sector cooperativo advierten que la discusión está mal enfocada. “Si la suba del gasoil se reduce al reajuste de las tarifas, quienes asumen el costo siempre están en el mismo círculo”, señalan desde Coninagro.

La entidad reconoce la legitimidad del reclamo de los transportistas, pero también advierte que el productor no puede absorber indefinidamente ese incremento.

Con márgenes ajustados por el peso de las retenciones y el encarecimiento de los insumos, trasladar el costo dentro de la cadena no resuelve el problema de fondo.

Según el análisis del sector, el Estado se queda con entre el 45% y el 60% del costo total de un flete, a través de una combinación de impuestos como los que gravan los combustibles líquidos y el dióxido de carbono, IVA, Ingresos Brutos y patentes.

En ese contexto, la disputa entre privados termina siendo apenas la superficie de un problema mucho más profundo.

“El problema no es quién se hace cargo del mayor costo entre las partes, sino la presión impositiva”, coinciden.

Los servicios de cosecha, en la misma

La tensión no se limita al transporte. Los contratistas rurales, otro eslabón clave en la cadena productiva, atraviesan una situación similar. Con tarifas orientativas actualizadas en febrero –28% para la cosecha de soja y 23% para la de maíz–, el reciente aumento del gasoil dejó esos valores rápidamente desfasados.

El impacto del combustible en su estructura de costos también creció. En la cosecha de soja, pasó de representar el 15% al 17%, mientras que en maíz subió del 13% al 18%. Una dinámica que presiona sobre la rentabilidad y obliga a recalcular de manera permanente.

A diferencia del transporte, los contratistas cuentan con una herramienta para amortiguar el impacto: una cláusula gatillo que establece que, por cada aumento del 10% en el gasoil, las tarifas pueden ajustarse un 2%. Poder hacerla efectiva depende de la negociación con los productores, en un contexto de números muy ajustados.