El magistrado había prohibido las medidas de control poblacional de los conejos que iba a implementar el Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic) que depende del Conicet, y aprobó un "plan alternativo" presentado por las asociaciones protectoras de animales, consistente en la captura de los ejemplares, su esterilización y traslado a un predio particular.
