Una tormenta amenaza con desatarse en el Ministerio Público Fiscal y en la Justicia provincial de prosperar el pedido de investigación formulado el pasado miércoles por la fiscal de Villa María Juliana Companys a un colega de su misma jurisdicción, René Bosio. Lo acusa de integrar un grupo que manipularía causas penales, favorecería a imputados y entorpecería investigaciones.
Esto ocurrió casi simultáneamente con la declaración que Companys debía realizar ante los Tribunales de Río Segundo por un pedido similar de investigación, pero en contra de ella.
Al día siguiente de hacer el requerimiento contra Bosio y otras personas, el jueves la fiscal se presentó ante la jueza de control de esa ciudad, María Licia Tulián, donde rechazó las acusaciones por falsas y señaló que hay hechos por los que ya fue sobreseída.
Mientras ya se conocía el pedido en contra de Bosio, este fiscal dirigió una nota a La Voz donde rechazó de plano todas las acusaciones de Companys publicadas por este diario. Se espera que en la semana próxima el fiscal haga una declaración más amplia.
Qué dice el pedido de Companys
Fuentes tribunalicias en contacto con el pedido de Companys señalaron en su momento que esta fiscal se basaba en el testimonio de una abogada que se mantenía en reserva. Pero al día siguiente, apareció María Teodora Perassi y brindó algunos detalles de sus declaraciones.
Más allá de lo que declaró a los medios villamarienses, La Voz accedió a buena parte del contenido del requerimiento formulado ante la jueza de control local María Soledad Dottori.
Companys realizó una investigación que contiene varios testigos, audios y conversaciones de WhatsApp de los denunciados, y otras personas involucradas. El pedido de investigación jurisdiccional a Bosio describe un patrón sostenido de conductas que, de comprobarse, no sólo configurarían delitos penales graves, sino que pondrían en crisis la legitimidad del sistema judicial local.
Entre los posibles delitos atribuidos al fiscal en el requerimiento figuran: "cohecho pasivo agravado", "abuso de autoridad", "encubrimiento agravado", "negociaciones incompatibles con la función pública", "coacción" y "amenazas".
Villa María: el fiscal René Bosio rechaza acusaciones que se formulan en su contra
Según el escrito que ahora está en manos de la jueza Dottori, Bosio habría utilizado su posición institucional para intervenir en causas penales con un objetivo concreto: beneficiar a determinados abogados –especialmente al letrado Marcelo Martín Silvano– y a sus clientes, alterando el curso normal de la Justicia.
Uno de los tantos episodios más comprometedores es el relatado por los testigos en torno a una causa por robo calificado, conocida como “Netflix”.
Según testimonios incorporados, se habría exigido a imputados el pago de 15 mil dólares por persona para “arreglar” la causa, incluyendo supuestos pagos al fiscal, a la querella y a otros actores del proceso.
El objetivo –siempre según el expediente– era modificar la calificación de “robo calificado con arma” a “robo simple”, lo que finalmente habría ocurrido, permitiendo penas en suspenso y la rápida liberación de los acusados.
También los testimonios recabados por la fiscal Companys describen un "sistema de favores". Abogados, policías y funcionarios habrían descripto operaciones irregulares como reuniones informales en bares para tratar causas, ingreso irrestricto de abogados al despacho de Bosio, trato privilegiado a algunos letrados y la intervención del propio fiscal para direccionar decisiones.
En el expediente presentado ante el Juzgado de Control villamariense se relatan episodios en los que un abogado habría llamado al fiscal delante de terceros para "ordenar la entrega" de un bien secuestrado, lo que finalmente ocurrió.
Causas sensibles
También se enumeran presuntas irregularidades en causas de violencia de género y abuso sexual. Se indica que en un caso de violencia de género, el fiscal habría evitado detener al imputado pese a un escenario calificado como “dantesco” por testigos.
Acusan a fiscal de Villa María por corrupción, coacción y manipulación de causas penales
Por otra parte, en una causa de abuso sexual, la acusación de Companys sostiene que, con múltiples víctimas menores, el resultado fue una condena baja, con mantenimiento de beneficios.
Presiones, amenazas y control a abogados
La denunciante Perassi, describe en sus testimonios un cuadro de presión directa: intentos de direccionar su estrategia profesional, pedidos para no denunciar hechos irregulares, advertencias sobre posibles consecuencias si avanzaba en determinada dirección.
La abogada añadió que fue víctima de una relación de subordinación y manipulación aprovechando su situación inicial de vulnerabilidad profesional.
Frente a todo esto, Companys le pidió a Dottori la apertura de una investigación jurisdiccional. En Villa María ya comienzan a alinearse algunos funcionarios en en sentido o en otros, incluyendo el apartamiento en algunas causas.
Quien se señala con insistencia que se apartaría, sería la propia Dottori en el tratamiento de este requerimiento. De ser así, el expediente podría trasladarse a otra jurisdicción. La asignación de la causa quedaría en manos de la Fiscalía General.
Companys como imputada
Como se dijo, Companys también tiene un pedido de investigación, formulado por la fiscal de Río Segundo Patricia Baulíes a la jueza Tulián. Como imputada, se presentó a declarar el jueves, negó los hechos y aseguró que hay denuncias armadas y que parte de la acusación ya fue analizada por el fuero Anticorrupción, por el fiscal Franco Mondino y por el juez Gustavo Hidalgo, que desestimó los cargos.
Esto lo indican los defensores de la fiscal, Manuel de Allende y Facundo Cortés Olmedo, quienes cuestionan que esta denuncia se haya radicado en Río Segundo, siendo que los hechos descriptos habrían ocurrido en Villa María.
La defensa de Companys se produce "en paralelo" al pedido de investigación de un par suyo, si bien a Bosio lo venía investigando prácticamente desde la feria judicial de verano, cuando se presentó a declarar la abogada Perassi.
