Una denuncia de extrema gravedad presentada en la Justicia provincial de Villa María expone un presunto entramado de corrupción judicial que involucra a un fiscal en funciones, abogados litigantes y posibles maniobras sistemáticas para manipular causas penales, favorecer imputados y entorpecer investigaciones.
Fuentes tribunalicias autorizadas indicaron a este diario que tras la denuncia presentada por una abogada del foro local, la fiscal Juliana Companys viene realizando una investigación que contendría prueba concluyente de los hechos denunciados, la participación de funcionarios judiciales y otras personas que estarían involucradas.
Esas fuentes judiciales confirmaron que la fiscal Companys formalizó en la últimas horas una promoción de investigación jurisdiccional -conforme al artículo 341 del Código Procesal Penal- contra un fiscal provincial de la ciudad de Villa María.
Esto fue presentado ante el Juzgado de Control local a cargo de María Soledad Dottori. El hermetismo en los Tribunales es absoluto y evitan pronunciarse oficialmente sobre esta presentación.
Sobre el particular, la propia Companys fue consultada y sólo confirmó la presentación. Ante la insistencia, la fiscal dijo que por el momento no podía expedirse al respecto y que por ahora no formularía ningún comentario.
Si bien las fuentes se muestran renuentes a ampliar el nombre de ese funcionario, se trataría del fiscal René Bosio.
La denuncia, sobre cuyo contenido sólo se conocen trascendidos judiciales, hablaría de un patrón sostenido de conductas que, de comprobarse, configurarían delitos penales graves que harían al funcionamiento de la Justicia villamariense.
La denuncia apunta directamente contra "el fiscal" a quien se le atribuirían "un catálogo amplio de delitos en ejercicio de su función". Se añade que el funcionario habría utilizado su posición institucional para intervenir en causas penales con objetivos extraños al proceso y en beneficio de letrados del foro de esa ciudad.
La fiscal Companys habría solicitado la apertura de una investigación jurisdiccional, mecanismo especial aplicable a magistrados.
Testigos y prueba
Casualmente, Companys viene soportando en las últimas semanas denuncias de diversa índole que se plasmaron en un sumario administrativo, un pedido de investigación jurisdiccional en los Tribunales de Río Segundo y un pedido de jury. Ahora, es ella quien denuncia a un colega de su misma jurisdicción.
De prosperar la investigación que promueve Companys y por tratarse de un funcionario judicial, a gravedad de los hechos podría derivar en una nueva intervención de la Legislatura, donde hoy se está sometiendo a jury a tres fiscales de Río Cuarto por supuestas falencias en la investigación del crimen de Nora Dalmasso.
A pesar de la renuencia de las fuentes, comentaron que este miércoles Companys formuló la presentación ante la jueza Dottori. Añadieron escuetamente que entre la prueba hay testigos, policías, abogados de la matrícula, además de registros de video, conversaciones de WhatsApp.
Por otra parte, se añade que la denunciante está bajo custodia policial por temor a represalias.
Ante la gravedad de la denuncia, La Voz intentó realizar una consulta telefónica con el fiscal Bosio, pero no consiguió establecer contacto a pesar de la insistencia.
