El escándalo de corrupción, extorsión y venta de exámenes que sacudió las estructuras de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) ingresó en su etapa de ejecución penal, no sin añadir un nuevo contrapunto judicial.
El pasado martes, los principales condenados por montar una "academia" ilegal para aprobar alumnos se presentaron ante los Tribunales federales de Córdoba luego de que la semana anterior la Corte Suprema de Justicia dejó firme el fallo. Pero las defensas de los tres sentenciados a prisión efectiva solicitaron formalmente el beneficio de la prisión domiciliaria.
Ellos son el extitular de la cátedra de Microbiología Luis Augusto Olmedo (74), quien debe cumplir la condena de ocho años de prisión por el delito de extorsión continuada, más inhabilitación especial por 10 años por abuso de su cargo público.
A él se le suman los sucesivos encargados de la academia a la que debían ir los alumnos si querían aprobar la materia: Adrián Oscar Casalis deberá cumplir una pena de cinco años y medio de prisión, en tanto que Augusto Massimino sufrió la condena de cinco años de prisión.
Por cargos menores, la exdecana de la facultad Mirta Mónica Spadiliero de Lutri fue hallada responsable de incumplimiento de los deberes de funcionario público al no haber intervenido frente a numerosos avisos de alumnos y de docentes y le fue impuesta una pena de un año y 10 meses de prisión, en suspenso. Además, recibió cuatro años de inhabilitación especial para ocupar cargos públicos.
Por tener penas de prisión efectiva, Olmedo, Casalis y Massimino fueron citados este martes ante el tribunal que los condenó en mayo de 2023. Lo hicieron, pero presentaron sendos escritos de sus defensas en los que solicitaron cumplir pena domiciliaria.
Ante la presentación de estos recursos, el Tribunal Oral Federal N° 1 (TOF 1) resolvió otorgarles la prisión domiciliaria de manera transitoria, una medida con la cual los condenados ya dieron inicio formal al cumplimiento de sus respectivas penas.
Razones de salud y carga de familia
La tramitación de estos tres pedidos obligará al tribunal a analizar minuciosamente el "caso por caso".
El foco principal está puesto sobre el líder del grupo delictivo, el exprofesor de la cátedra de Microbiología e Inmunología, Luis Augusto Olmedo, quien actualmente cuenta con 74 años de edad.
Su abogado defensor, Manuel Calderón Meynier, fundamentó la solicitud basándose en el severo cuadro de salud que padece el exdocente. Según detalló la defensa, Olmedo sufre varias enfermedades crónicas, severos problemas de traslación y una artrosis avanzada que ha provocado un marcado deterioro físico en los últimos años.
Cabe recordar que el antiguo catedrático ya había transitado parte de la instrucción de la causa bajo la modalidad de prisión domiciliaria, antecedente que su defensa busca hacer valer para que se transforme en definitiva.
Por su parte, los otros dos miembros de la estructura delictiva, Adrián Casalis y Augusto Massimino, también elevaron peticiones idénticas, aunque bajo argumentos de distinta naturaleza, los cuales, según fuentes tribunalicias, no lucen inicialmente tan contundentes como los de Olmedo.
Casalis invocó padecer diversas dolencias físicas crónicas. Al igual que en el caso de Olmedo, la veracidad y la gravedad de estos diagnósticos médicos deberán ser rigurosamente constatadas a través de peritajes oficiales dictaminados por el cuerpo de médicos forenses de Tribunales federales.
En cambio, Massimino centró principalmente su estrategia en el plano sociofamiliar. Fundamentó el pedido de prisión domiciliaria argumentando que tiene hijos pequeños a su exclusivo cargo, una condición que la legislación prevé para resguardar el interés superior del menor.
Víctimas con opinión
El TOF 1 –que en 2023 dictó la sentencia condenatoria mediante un tribunal integrado por los jueces Carolina Prado, Julián Falcucci y Jaime Díaz Gavier (este último ya jubilado)– ha comenzado a correr vista a los querellantes y a las víctimas de la extorsión.
¿Cuánto saben de Microbiología los odontólogos que pagaron para aprobarla?
Esto significa que el colectivo de estudiantes que padeció las presiones de la banda tendrá la oportunidad procesal de emitir su opinión formal respecto de si considera justo o no que los culpables cumplan la pena fuera de un establecimiento penitenciario ordinario.
La decisión definitiva quedaría en manos del vocal Julián Falcucci, quien se encuentra actualmente a cargo de la ejecución de las penas.
En los pasillos de los Tribunales federales, se estima que la resolución final sobre si se convalidan o se rechazan las prisiones domiciliarias definitivas se producirá durante la próxima semana, una vez evaluados los informes forenses y las declaraciones de las víctimas.
Pagar para aprobar
El modus operandi de la red delictiva funcionó durante décadas en la UNC, desde mediados de la década de 1990 hasta 2020, cuando el fiscal Maximiliano Hairadebian inició, de oficio, su investigación.
Esa instrucción, iniciada con fuerza tras una serie de denuncias públicas en el segundo semestre de 2020, reveló un engranaje perfectamente aceitado de criminalidad económica y de extorsión académica.
El profesor Olmedo utilizaba su posición de poder absoluto como titular de la materia Microbiología e Inmunología, una asignatura clave y un "filtro" tradicional de la carrera de Odontología.
El sistema era perverso. Olmedo aplazaba sistemática y arbitrariamente a los alumnos que intentaban presentarse a rendir de forma regular. La única alternativa real que tenían para aprobar la materia era asistir a una academia privada de preparación que era regenteada externamente por sus socios, Adrián Casalis y Augusto Massimino.
La "asistencia" a dicha academia no era un simple apoyo educativo, sino el pago encubierto de un peaje obligatorio. Los alumnos debían abonar cuantiosas cuotas mensuales en concepto de "arancel".
A cambio de ese dinero, los miembros de la banda les entregaban de forma anticipada las preguntas y respuestas exactas de los exámenes oficiales que el propio Olmedo tomaba luego en las aulas de la universidad pública.
Aquellos estudiantes que se negaban a ingresar al circuito delictivo o que intentaban denunciar la maniobra eran marcados y sometidos a constantes bochazos y maltratos psicológicos que truncaron numerosas carreras de Odontología. Muchos dejaron la Universidad y otros quedaron con secuelas psicológicas.
