Investigación. Robo de propofol: los médicos procesados piden el sobreseimiento y denuncian falta de pruebas
Los doctores Hernán Boveri y Delfina Lanusse apelaron sus procesamientos argumentando que la causa se basa en rumores y que “no existen faltantes de medicación en el centro de salud”.
Los médicos Hernán Boveri y Delfina Lanusse, procesados por la supuesta sustracción de ampollas de propofol en el Hospital Italiano, presentaron recursos ante la justicia para revocar sus procesamientos por administración fraudulenta.
La defensa de Boveri presentó el recurso ante el juez Javier Sánchez Sarmiento, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47, solicitando que se revoque la medida dictada el pasado 10 de abril. Según el escrito al que accedió Infobae, el procesamiento “carece del sustento probatorio y argumentativo” que exige la normativa legal vigente para este tipo de resoluciones.
Los abogados sostienen que el fallo es autocontradictorio y arbitrario, ya que reconoce que no existe prueba concreta sobre la modalidad del robo ni sobre el supuesto perjuicio económico al hospital. En este sentido, afirmaron que “no se exponen hechos ciertos, concretos y debidamente acreditados, sino conjeturas, inferencias y apreciaciones subjetivas acerca de escenarios eventuales”.
Cuestionamientos a la evidencia
La imputación contra el anestesista y la residente se basaría mayormente en relatos de testigos que no presenciaron los hechos de manera directa ni detectaron faltantes de insumos. Según el escrito de la defensa, la información circuló por cadenas de versiones y relatos que se originan en una misma persona y se transmiten indirectamente.
“La reiteración no subsana la ausencia de percepción directa”, sostuvo la defensa técnica de Boveri al cuestionar la oportunidad de un procesamiento calificado como prematuro. Señalaron que la decisión se tomó mientras aún hay pruebas pendientes de producción, como el análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados en los allanamientos.
Por su parte, la residente Delfina “Fini” Lanusse también reclamó que el magistrado no permitió ni fundamentó el rechazo de pedidos clave, como la citación de psicólogos. De acuerdo a su defensa, estos profesionales podrían haber demostrado la inexistencia de un consumo problemático de sustancias por parte de la joven médica.
Asimismo, se remarcó que el propio Hospital Italiano informó oficialmente que no se detectaron faltantes de medicación durante los años que abarca la investigación judicial. Los abogados enfatizaron que el arqueo realizado arrojó un resultado sin diferencias, lo que haría incompatible la hipótesis de una “sustracción sostenida en el tiempo”.
Descargos personales y defensa de la trayectoria profesional
Boveri, quien se negó a declarar durante la indagatoria pero presentó un descargo por escrito, aseguró que su conducta profesional siempre ha sido ejemplar y alejada de conflictos. El anestesista cuestionó que la causa haya nacido de rumores y que carezca de pruebas directas que lo vinculen con el robo del fármaco.
“Jamás tuve un conflicto con ninguna institución. Jamás enfrenté un cuestionamiento ético ni disciplinario de ningún tipo. Mi carrera es intachable”, afirmó el médico en su presentación judicial. El profesional justificó el hallazgo de jeringas en su domicilio explicando que eran utilizadas para administrar medicación a su mascota con tratamiento oncológico.
Además, el anestesista reconoció mantener una relación sentimental con su colega, Delfina Lanusse, aclarando que fue un vínculo consensuado y mantenido en reserva por motivos personales. Con esto, buscó negar cualquier situación de violencia o riesgo hacia la médica residente en el marco de su relación afectiva.
En el caso de Lanusse, sus abogados argumentaron que los testigos sólo expresaron sospechas sobre su estado anímico, pero ninguno la vio consumir sustancias ni retirar fármacos de forma irregular. Además, recordaron que las médicas residentes trabajan siempre bajo supervisión.
Embargos millonarios y falta de perjuicio económico
Un punto de fuerte conflicto en las apelaciones son los embargos dispuestos por el juez, fijados en $ 70 millones para Boveri y más de $ 30 millones para Lanusse. Los defensores calificaron estas cifras como arbitrarias y señalaron que no existe un cálculo concreto del supuesto daño patrimonial causado a la institución médica.
La defensa de Lanusse precisó que el embargo es un 323% superior a los valores de los insumos presuntamente involucrados en la maniobra, según las constancias del expediente. Afirman que el monto excede cualquier cálculo razonable ante la inexistencia de un perjudicado directo o de informes administrativos que indiquen anomalías.
Respecto a la figura penal aplicada, la defensa de Boveri planteó que la administración fraudulenta fue utilizada de manera incorrecta por el magistrado interviniente. Argumentaron que el fallo no acredita que el médico tuviera la calidad de administrador de los bienes del hospital, requisito indispensable para este delito.
