La investigación por supuestas estafas inmobiliarias en torno de dos proyectos de emprendimientos inmobiliarios en Falda del Carmen y en Villa General Belgrano cobró nuevo impulso en las últimas semanas, al reformular la acusación el fiscal de Delitos Complejos del Primer Turno de Córdoba, Enrique Gavier.
Hay nueve acusados, entre los titulares de una firma desarrollista y los dueños de la tierra. Están incluídos en el primero de esos emprendimientos –Falda del Carmen–, el periodista Víctor Hugo "Vichi" Brizuela (67), su esposa María Alejandra Zárate (63) y sus dos hijos, Víctor Emmanuel Brizuela (42) y María Florencia Brizuela (38). Ellos habrían aportado la tierra de la que son propietarios.
Desde hace unos 10 años se lleva a cabo una investigación a partir de denuncias formuladas principalmente por los abogados penalistas Héctor Sánchez Quinteros y Martín Díaz. Ambos representan a unos 30 particulares que habrían adquirido derechos para la construcción de viviendas, entre los cuales incluye como presuntas víctimas a médicos, contadores y periodistas, entre otros profesionales.
Los Brizuela, según la acusación, habrían acordado en 2016 con los titulares de la firma Farezi SA, Pablo Marangonzín y Brian Emanuel Clemente Acosta, más otros empresarios, la idea de vender un emprendimiento en Falda del Carmen.
Para la acusación, en ese entendimiento "se habrían decidido a consumar una conducta fraudulenta en provecho común y para perjudicar a terceros, para lo cual se valdrían de la colaboración espuria que les brindaría la escribana Raquel Ada Gili Ponti de Gómez Tello".
Los firmantes como dueños de la tierra fueron los hermanos Víctor Emanuel Brizuela y María Florencia Brizuela, a quienes se les adjudica "connivencia dolosa" con sus padres, que retenían el usufructo de la propiedad.
El abogado Sánchez Quinteros logró imponer con su denuncia la idea de que los hermanos Brizuela (hijos de "Vichi" y Zárate) firmaron utilizando su título de "nuda propiedad". Si bien les pertenece el inmueble, no podían disponer de esos terrenos porque el usufructo –uso, goce y disposición– en vida les correspondía a sus padres.
Esa supuesta falsedad ideológica fue consolidada por la escribana Gilli Ponti de Gómez Tello, quien convalidó el uso supuestamente indebido de esa tierra.
El expediente sostiene que Víctor Emmanuel y Florencia Brizuela transfirieron a Farezi SA el dominio fiduciario de los inmuebles. Se indica que en la escritura, la notaria consignó falsamente sobre esos terrenos: "Constan en la forma expresada que a nombre de los titulares no aparece anotada inhibición y que los mismos no reconocen gravamen”.
La acusación de Gavier contra los Brizuela es por "estafas" y "falsedad ideológica", mientras que a Marangonzín y Acosta (y otros integrantes de la desarrollista) se los imputa además por "asociación ilícita". A este grupo de desarrollistas imputados se les asigna también la acusación por defraudaciones en otro emprendimiento de Villa Belgrano y Los Reartes.
Nueva indagatoria
A mediados de noviembre de 2023, Gavier concretó una serie de allanamientos que terminaron con nueve imputados: la escribana y cuatro desarrollistas terminaron detenidos, pero los Brizuela nunca fueron privados de la libertad. Marangonzín y sus socios siguen privados de la libertad.
Además de los mencionados, también están imputados en estas causas Rubén Francisco Cabanillas y Erika María Acosta, con lo cual se completan los nueve acusados.
Ahora, tras profundizarse la investigación, el fiscal de Delitos Complejos reformuló los hechos de ambos tramos de la causa y por esto citó a nueva indagatoria a los acusados, a fines de abril.
Fuentes de la fiscalía indicaron que se reformuló la redacción de los hechos por falsedad ideológica y estafas reiteradas, que pasaron de 30 a 34 en el caso del emprendimiento Prados del Carmen, en Falda del Carmen. Allí se precisan datos y fechas, además del modo que ocurrieron algunas cuestiones, si bien no de modo sustancial.
Por otra parte, se completaron 79 hechos de estafa por el otro emprendimiento, en Los Reartes, que involucra a la empresa de Marangonzín y sus integrantes.
Tras esa indagatoria, trascendió que Marangonzín estaría negociando un juicio abreviado en el que reconocería los hechos, mientras que los Brizuela niegan la acusación y se abstuvieron de declarar.
Por su parte, Sánchez Quinteros indicó a La Voz que se constituyó como actor civil en representación de sus clientes y adjudica a los Brizuela la responsabilidad solidaria de las conductas dolosas atribuidas a Marangonzín y sus socios.
Control jurisdiccional
El abogado de los Brizuela es el penalista Matías Pueyrredón. Como cuando comenzó este caso, reiteró a este diario que los Brizuela son víctimas de la estafa de Marangonzín y que nunca cobraron por las ventas que este habría realizado a particulares que hoy se consideran estafados.
Pueyrredón aclaró que presentó un recurso de control jurisdiccional que debe analizar el juez José Milton Peralta, quien debe responder a la requisitoria del defensor para que el fiscal le muestre prueba a la que no tiene acceso.
Luego de la negativa de sus clientes a declarar, Pueyrredón indica que "la defensa viene sosteniendo una negativa clara y consistente desde el inicio de la investigación".
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"Lo único que hemos pedido es poder acceder al contenido de los teléfonos secuestrados –añade el abogado–, para verificar fechas, comunicaciones, interlocutores y contextos que pueden resultar relevantes para explicar adecuadamente los hechos". Entiende que eso es necesario para defenderse.
El abogado de los Brizuela agregó: "Incluso hemos manifestado expresamente al fiscal que, inmediatamente tengamos acceso a esa información, ampliaremos y circunstanciaremos la negativa que ya venimos sosteniendo. Hasta ahora hemos tenido acceso pleno a uno de los teléfonos". "Faltan otros seis", concluyó.
