Horror en Buenos Aires. Procesaron con preventiva a explotadores de un hombre de 84 años

El juez federal N° 12 de Buenos Aires, Julián Ercolini, procesó con prisión preventiva a tres personas acusadas de explotar laboralmente a un hombre de 84 años, al que mantenían en condiciones inhumanas de habitabilidad, higiene y salubridad dentro de una casa del barrio porteño de Mataderos.

Consideró a una pareja (un hombre de 64 años y una mujer de 39 años) junto con un tercer implicado (de 65 años) como responsables del delito de trata de personas, agravado por haberse abusado de la situación de vulnerabilidad de la víctima, por tratarse de una persona mayor de 70 años, por haber intervenido tres o más personas en su comisión y por haberse consumado la explotación.

La causa comenzó en marzo pasado cuando la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) realizó una denuncia tras un llamado anónimo realizado a la línea 145 de la Coordinación Nacional de Rescate donde se mencionaba una posible situación de reducción a la servidumbre, informó el Ministerio Público.

La investigación se delegó en el fiscal Eduardo Taiano, que le dio intervención al Departamento Trata de Personas de la Policía Federal para que lleven adelante tareas de observación e investigación. De esa forma, se pudo determinar que la víctima vivía en un domicilio de la calle Tapalqué, propiedad de uno de los implicados. Allí vivía con su pareja y también le alquilaba un cuarto al tercer imputado en el caso.

En el informe realizado por el Departamento Trata de Personas se mencionó que la víctima era enviada a pedir dinero a la esquina de Murguiondo y Tapalqué. Tras unas horas allí, los dos hombres imputados lo interceptaban y le quitaban el dinero recaudado, algo que se repetía tanto por la mañana como por la tarde.

En base a los datos recolectados, se allanó la casa el 18 de mayo pasado. Dentro de uno de los cuartos se encontró al hombre de 84 años “en condiciones deplorables de habitabilidad, rodeado de residuos, excremento y orina”. Además, se encontraron en poder de uno de los imputados el DNI y la tarjeta de débito de la víctima.

Si bien al ser entrevistado el damnificado aseguró que se encontraba bien y que recibía un buen trato, en la investigación se focalizó en que sus palabras debían ser tomadas en el contexto de “su avanzada edad, su estado de salud, su precariedad económica, su aislamiento social, la ausencia de una red familiar de contención y la dependencia cotidiana que mantenía respecto de las personas investigadas”.

“Justamente, en contextos como el aquí analizado, la ausencia de una percepción subjetiva de sometimiento por parte de la víctima no descarta la existencia objetiva de una dinámica de explotación, dependencia o aprovechamiento. Antes bien, puede constituir una de sus manifestaciones más características, en la medida en que la víctima naturaliza condiciones indignas de vida, delega decisiones esenciales sobre su persona y su patrimonio, y termina interpretando como actos de ayuda o asistencia aquello que, observado desde el conjunto de la prueba, revela una restricción concreta de su autonomía”, remarcó el juez.

En esa línea, tuvo en cuenta la denuncia inicial; los dichos de vecinos del lugar; las tareas encubiertas que llevó adelante el Departamento Trata de Personas de la Policía Federal Argentina; las observaciones directas efectuadas en la vía pública; el video incorporado a la causa que muestra el estado en el que iba a pedir dinero la víctima; el resultado del allanamiento y el informe de la Coordinación Nacional de Rescate.

Todo ello le permitió reconstruir la situación: “una persona adulta mayor, vulnerable, alojada en condiciones inhumanas, que salía sistemáticamente a pedir dinero en la vía pública y cuyo producido era luego entregado o retirado por terceros”, dijo.

El magistrado hizo foco también en que la documentación personal de la víctima fue encontrada en poder de uno de los procesados. A ello le sumó que el hombre de 84 años no sabía cuánto cobraba de jubilación ni los descuentos que le hacían, lo que constituyó “un indicador concreto de control sobre aspectos esenciales de su vida personal, sanitaria y patrimonial”.

“Repárese que los nombrados convivían con la víctima, conocían sus condiciones de vida, tenían contacto cotidiano con ella, se beneficiaban directamente de su permanencia en el inmueble y, según los elementos reunidos, participaron en la dinámica por la cual era enviada a pedir dinero y luego privada de la libre disposición de lo recaudado”, recalcó el juez.

“En definitiva, lo que aquí se verifica no es una mera situación de pobreza compartida ni un vínculo desordenado de convivencia, sino un esquema de aprovechamiento sobre una persona mayor, vulnerable y dependiente, alojada en condiciones incompatibles con su dignidad y privada, en los hechos, de disponer libremente de sus ingresos y del dinero que obtenía en la vía pública y de su jubilación”, concluyó.