Embargo de $ 800 millones. Procesaron a la empresa Día por supuesta evasión previsional
Un juez consideró que la cadena habría utilizado contratos de franquicia, concesión y consignación para, presuntamente, evadir aportes.
La Justicia procesó a Día Argentina SA en una causa por presunta evasión previsional vinculada al uso de contratos de franquicia, concesión y consignación que, según el expediente, habrían servido para encubrir relaciones laborales, y le impuso un embargo de $800 millones sobre sus bienes.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2, en el expediente “Día Argentina y otros s/ infracción ley 24.769”, según publicó La Nación. El juez Pablo Yadarola dispuso además embargarla por 800 millones de pesos.
La firma sostuvo que “cumple con todas sus obligaciones tributarias, previsionales y laborales conforme a la normativa vigente” y defendió la legitimidad de su modelo comercial.
Y afirmó además que el proceso judicial “se encuentra en una etapa inicial de prueba”, en la que se analizan y presentan “los elementos necesarios para su evaluación”, y remarcó que “no existe al momento ninguna resolución definitiva”.
La compañía agregó que mantiene “sistemas de control interno, auditoría y cumplimiento” y que se encuentra “a total disposición de las autoridades competentes” para aportar documentación e información requerida.
De qué se acusa a Día
En la resolución judicial se indicó que se trata de 34 hechos de supuesta evasión previsional simple por los períodos 3/2016 a 5/2016, 7/2016 a 11/2016 y 1/2017 a 5/2017, por montos superiores a $7 millones mensuales. También incluye presunta evasión previsional agravada por utilización de terceros interpuestos en 12/2015, 6/2016, 12/2016 y 6/2017 a 12/2018, por sumas superiores a $14 millones.
El expediente sostuvo como hipótesis que la compañía se habría valido de contratos de franquicia, concesión o consignación para ocultar al verdadero sujeto obligado al pago de aportes y contribuciones a la seguridad social.
En ese marco, el juzgado señaló que la discusión central consistía en determinar si existía una autonomía comercial real de los supuestos franquiciados o si, por el contrario, operaban dentro de una estructura dirigida por la empresa matriz.
Entre las pruebas valoradas aparecen cruces de información laboral y fiscal, declaraciones testimoniales, intervenciones telefónicas y el análisis de más de 20 mil correos electrónicos corporativos.
Según la resolución, de ese material surgían indicios de injerencia directa del área de Recursos Humanos de la firma en la selección y evaluación de personal, además de decisiones sobre traslados y despidos.
Otro elemento citado fue el cruce de nóminas laborales, del que surgió que 2267 empleados prestaron servicios para más de un franquiciado. Para la acusación, eso reforzaba la hipótesis de una dependencia técnica y jurídica directa con la empresa.
La investigación también relevó un universo de 1072 supuestos franquiciados y sostuvo que la fiscalización alcanzó a 13.690 trabajadores: 993 franquiciados y 12.697 dependientes registrados formalmente por ellos.
La defensa solicitó el sobreseimiento o la falta de mérito, que fueron rechazados.
