Casi 10 mil armas de fuego secuestradas en distintos procedimientos policiales en los últimos dos años serán peritadas para conocer cuál fue su origen. Por un convenio que firmó la Policía de Córdoba con el Registro Nacional de Armas (Renar) se podrá chequear, una por una, la trazabilidad de cada arma: quién la fabricó, qué armería la vendió, si tuvo un legítimo usuario como comprador, si se registró algún cambio de propiedad y si está o no denunciada por robo o extravío.
De este modo, este lote de armas que está destinado a su destrucción “comenzará a hablar” y puede echar luz sobre un interrogante clave en la inseguridad: cómo se arman las personas y las organizaciones que luego ejercen la violencia.
“La circulación irregular de armas de fuego es una grave problemática que advertimos desde que comenzó la gestión, por la gran cantidad de armas secuestradas por la Policía de Córdoba, resultantes no sólo de allanamientos ordenados por la Justicia, sino también en el marco de controles preventivos ordinarios, reflejando una alta circulación de armamento entre civiles”, remarcó el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros.
Los datos marcan una alta incidencia de las armas de fuego en hechos violentos. El tema ingresó nuevamente con fuerza en la agenda a partir de la muerte del policía Luis Azabal, quien recibió un disparo de un vecino armado que había sufrido un robo en su casa en el barrio Villa Belgrano, en el noroeste de la ciudad de Córdoba. El autor del disparo, Paolo Zambelli, tenía tres armas en su vivienda y practicaba tiro deportivo. “Una cosa es tener puntería y otra la idoneidad para manejar un arma en una situación de estrés, tener la templanza y la capacitación para saber cuándo disparar y cuándo no hacerlo”, señaló, sobre lo que deja ese caso en la discusión sobre los civiles que se arman.
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Alta incidencia
En el 47% de los homicidios dolosos registrados en 2025 el arma utilizada fue un arma de fuego. Y hubo 682 heridos por arma de fuego el año pasado, el 70% en contexto de violencia urbana. En este universo, hay datos que permiten elaborar un perfil de víctima del uso de armas en la ciudad: el 80% fueron menores de 40 años de edad, el 93% varones, residentes de la ciudad de Córdoba en un 75% y apenas un 26% en ocasión de robo, siendo, como se dijo, las peleas la causa principal.
La alta circulación de armas se constata, también, con los registros de incautaciones en operativos de control y allanamientos policiales de la Dirección General de Investigaciones Criminales, a razón de 4.500 por año.
En números finos: en 2024 se decomisaron 4.572 armas; en 2025 4.403 y en los primeros dos meses y medio de este año 770.
“A partir de un convenio con Renar, y en colaboración con el Tribunal Superior de Justicia, desde la Dirección General de Investigaciones Criminales constituimos un equipo de trabajo para peritar alrededor de 10 mil armas de fuego de distintos calibres secuestradas desde el año 2024 hasta la actualidad”, confirmó Quinteros. La decisión fue partir de las armas de secuestro más reciente, para apuntalar nuevas investigaciones, antes que ir al depósito y hacer un registro histórico, de poco valor para una pesquisa actual.
Existe un proyecto de plan de desarme civil en Córdoba que está demorado por el vencimiento que operó en el plan nacional de entrega voluntaria de armas a fines de 2024 y que si bien su extensión obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, aún no fue tratada por el Senado.
Junto con la extensión del plan de desarme, el Gobierno nacional envió un proyecto de ley de blanqueo: condona multas y sanciones a los usuarios que no registraron sus armas o dejaron vencer su permiso, a cambio de entrar en regla.
En este momento, según datos de Renar, hay unos 360 mil usuarios legítimos de armas, pero un universo estimado en más de 400 mil que alguna vez estuvieron inscriptos pero tienen las credenciales vencidas.
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Del mercado legal al ilegal
Un informe de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (Ufiarm) que analizó datos país del primer cuatrimestre de 2025 dejó entre sus principales conclusiones que una porción relevante del mercado ilícito de armas se nutre de desvíos desde el circuito legal.
Según la Ufiarm, este fenómeno no se limita a armas fabricadas clandestinamente, sino que involucra material que originalmente fue registrado de manera oficial
Los puntos críticos donde ocurre esta transición hacia la ilegalidad incluyen:
- Vencimiento de credenciales: personas que alguna vez fueron legítimos usuarios pero que, al no renovar su inscripción, quedan en una situación de tenencia ilegal.
- Transferencias indebidas y sustracciones: armas que cambian de manos fuera de los controles estatales o que son robadas a sus dueños originales
- Uso de testaferros: esta es una modalidad detectada donde un "legítimo usuario" adquiere armas de forma legal para luego transferirlas ilícitamente a terceros no autorizados. En estos casos, el arma permanece formalmente a nombre del comprador original en los registros, pero ya circula en el circuito ilegal
