
El negocio de las vacaciones baratas: cómo funciona la estafa de los viajes en la dark web
Por
Redacción La Voz
La fiscal de Instrucción del Distrito 4 Turno 6 de Córdoba, Jorgelina Gutiez, requirió la elevación a juicio de Natalia García (40), una operadora turística cordobesa acusada de haber estafado presuntamente a decenas de clientes mediante la venta de viajes al exterior que nunca fueron concretados, con un perjuicio global de unos U$S 350 mil.
La imputada está en prisión domiciliaria y, para la instructora, debe ser juzgada por 60 presuntos hechos de "estafas reiteradas", además de un caso de "defraudación mediante el uso de tarjeta de crédito".

Según la acusación, García –quien operaba bajo el nombre de fantasía “Yana Viajes”– desplegó una maniobra sostenida en el tiempo, al menos entre agosto de 2024 y enero de 2025, que presuntamente consistía en captar fondos de particulares bajo la promesa de gestionar la compra de pasajes aéreos y paquetes turísticos completos, aun cuando sabía que no cumpliría con los compromisos asumidos.
El eje central del presunto ardid estafatorio fue el abuso de confianza.
García no sólo se presentaba como una agente experimentada en el rubro, sino que contaba con antecedentes reales de viajes exitosos organizados para sus clientes. Esa reputación, construida a lo largo de los años, habría sido clave para atraer a nuevas víctimas, muchas de las cuales llegaron por recomendación de otros pasajeros satisfechos, según la causa.
La fiscalía sostiene que la imputada utilizaba su conocimiento técnico en turismo para dar verosimilitud a las operaciones.
En ese sentido, brindaba detalles precisos sobre destinos, itinerarios, vuelos y alojamientos, lo que reforzaba la credibilidad de sus propuestas. Incluso entregaba comprobantes, recibos de pago y documentación que simulaba la existencia de reservas confirmadas.
Uno de los casos testigo es el de XP, cliente de García desde 2020, quien le abonó más de $ 1,1 millones para modificar pasajes a Europa que nunca fueron reemitidos. En otro episodio, el mismo damnificado entregó más de $ 1,4 millones y U$S 530 para un viaje a Guatemala que tampoco se concretó.
La maniobra se repetía con distintas variantes, de acuerdo con la causa.
CC, por ejemplo, pagó U$S 1.350 en efectivo por pasajes a Tulum, México, que jamás fueron adquiridos. En tanto, NM transfirió más de $ 1,6 millones para un paquete turístico a Cancún que incluía vuelos y hotelería para ella y su familia. Ninguno de esos servicios fue siquiera contratado, según la fiscalía.
Otro de los casos más significativos es el de AS, quien entregó más de U$S 4.200 y más de $ 2 millones por estadías en República Dominicana y pasajes a Nueva York. Según la acusación, García recibió el dinero, extendió recibos y prometió gestionar las reservas, pero nunca cumplió, de acuerdo con el expediente.
La fiscal Gutiez remarca que la imputada sostuvo el engaño durante más de seis meses, mientras mantenía una comunicación constante con sus clientes. A través de mensajes de WhatsApp, respondía consultas, ofrecía explicaciones y justificaba demoras con argumentos que resultaban verosímiles.
Todo seguía en un tono de normalidad y sin despertar sospechas. Frases como “la reserva está confirmada pero en stand-by” o “ya están pagos los servicios” eran utilizadas para tranquilizar a los damnificados.

Esa continuidad en el contacto fue determinante para sostener la confianza.
Varias víctimas coincidieron en que nunca dejaron de recibir respuestas, incluso hasta pocos días antes de la detención de García, lo que reforzaba la apariencia de legalidad de las operaciones.
El requerimiento fiscal también destaca que los precios ofrecidos no eran irrisorios, sino que se ajustaban a valores de mercado, lo que evitaba generar sospechas. En algunos casos, la imputada apelaba a supuestas promociones especiales –como ofertas de “Black Friday”– para incentivar la contratación.
En cuanto a la calificación legal, la fiscalía consideró que se encuentran reunidos todos los elementos del presunto delito de "estafas reiteradas": una conducta engañosa, el error de las víctimas, la disposición patrimonial y el consecuente perjuicio económico, además de la repetición de los hechos. Pero, además, a esto se suma un hecho específico de "defraudación mediante el uso indebido de una tarjeta de crédito".
El perjuicio total estimado asciende a más de U$S 306 mil y más de $ 75 millones, cifras que reflejan la magnitud de la maniobra. A pesar de las medidas adoptadas durante la investigación, ese dinero no ha sido recuperado.
Otro aspecto relevante señalado por la fiscal es la diversidad de las víctimas. Entre los supuestos damnificados, hay familias completas, grupos de amigos y personas mayores, algunas de las cuales contrajeron deudas o utilizaron sus ahorros para concretar viajes que nunca se realizaron.
En varios casos, las operaciones estaban vinculadas a proyectos personales significativos, como vacaciones familiares o primeras experiencias de viaje.
La acusación subraya que García habría actuado con pleno conocimiento de sus actos y con la presunta voluntad de obtener un beneficio económico indebido, supuestamente aprovechándose de la confianza depositada en ella.
En ese sentido, se sostiene que la imputada “hizo lo que quiso y actuó queriendo hacerlo”, con lo que se plasma uno de los requisitos fundamentales de la estafa.