Durante más de una década, el ingeniero y empresario cordobés Héctor Messio ha transitado un largo camino judicial para cobrar la indemnización por un terreno que la Provincia de Córdoba expropió sin consignar previamente el pago. Trece años después de iniciado el litigio, el caso se encuentra ahora en manos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que deberá determinar el monto definitivo de la compensación y el mecanismo de actualización de la deuda.
El predio en disputa –de elevado valor por su extensión y ubicación– tiene una superficie de 20,5 hectáreas y está ubicado en la zona de Argüello, en el noroeste de la ciudad de Córdoba. Junto a las sedes de la Universidad Blas Pascal y la Academia Argüello, se trata de dos fracciones –de 12,5 y de 8 hectáreas, respectivamente– que pertenecían a Messio y a su condómina, Ana María Bosy. La historia de esas tierras se remonta varias décadas atrás, cuando la empresa familiar Messio y Compañía SRL desarrollaba obras de infraestructura en distintos barrios de la provincia y terminó adquiriendo esa propiedad.
Allí se proyectaba un desarrollo inmobiliario que incluía subdivisión de parcelas, obras de agua, gas y apertura de calles. Sin embargo, el proyecto comenzó a complicarse cuando aparecieron ocupaciones ilegales.
Las primeras usurpaciones se registraron en 1998, cuando comenzaron a construirse viviendas precarias en parte del terreno de 12,5 hectáreas. Messio inició entonces un juicio de reivindicación que finalmente prosperó: a fines de 2004 y comienzos de 2005, la Cámara Octava en lo Civil y Comercial confirmó la restitución del inmueble de parte de seis ocupantes.
Expropiación
A pesar de esa resolución judicial, entre 2010 y 2016 se produjeron nuevas ocupaciones de manera paulatina. En ese contexto, durante su tercer mandato, el entonces gobernador José Manuel de la Sota impulsó una ley provincial que declaró la expropiación del predio completo de 20,5 hectáreas.
El punto que originó el litigio fue que la norma dispuso que el Estado provincial quedaba eximido de realizar la consignación previa del valor del terreno. En cambio, estableció que el monto de la indemnización se determinaría a través de un juicio iniciado por el propio propietario.
“Fue una invitación a litigar”, resume Messio, quien inició la demanda en diciembre de 2015 para que la Justicia fijara el valor de la expropiación.
La causa atravesó desde entonces distintas instancias judiciales. El 12 de abril de 2018, el Juzgado de 42ª Nominación Civil y Comercial de Córdoba dictó una primera sentencia que fijó un valor que el empresario considera muy bajo, una cifra que –según explica– equivaldría hoy a unos 30 mil dólares por todo el terreno.
La decisión fue apelada, y en septiembre de 2019 la Cámara Octava en lo Civil y Comercial revocó ese fallo. El tribunal tomó como referencia la pericia oficial realizada en el expediente y estableció una indemnización acorde a lo que se venía reclamando.
La Provincia de Córdoba presentó entonces un recurso de casación. Tras sucesivas impugnaciones, el caso llegó al Tribunal Superior de Justicia, que el 9 de noviembre de 2021 anuló la sentencia y ordenó la realización de un nuevo peritaje.
El expediente pasó luego a la Cámara Novena, que en diciembre de 2023 volvió a fijar el valor de la expropiación en una suma millonaria. En ese cálculo se aplicó una quita del 30 por ciento por la ocupación parcial de algunos lotes.
Recursos de la Provincia
Sin embargo, el conflicto volvió a escalar cuando el Estado provincial impugnó nuevamente el fallo. El punto central de la discusión es la forma en que debe calcularse la indemnización: las tasaciones se realizaron en dólares, pero la Provincia sostiene que el pago debe efectuarse en pesos. Se discrepa también sobre la forma de calcular la tasación.
Para Messio, ese criterio implicaría una pérdida considerable del valor real del terreno, debido a la depreciación del peso argentino a lo largo de los años. Además, sostiene que el monto debería incluir intereses del seis por ciento anual desde el momento de la expropiación.
El empresario cita antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que consideran que la indemnización expropiatoria constituye una “obligación de valor”, lo que –según Messio– implicaría respetar la moneda en la que fueron realizadas las pericias.
Mientras tanto, el expediente permanece desde hace alrededor de un año y medio “a fallo” en el Tribunal Superior.
En diciembre de 2025 hubo un intento de acuerdo extrajudicial. Durante una audiencia de conciliación, Messio presentó –vía Cidi– una propuesta para cobrar la indemnización en 12 cuotas. La Provincia rechazó esa alternativa a fines de enero de este año.
El paso por la Justicia
Más allá del aspecto jurídico, el caso también ha tenido un fuerte impacto personal para el empresario. En estos años fallecieron sus padres y el proyecto inmobiliario que imaginaban para esas tierras nunca llegó a concretarse.
“Mi experiencia con esto ha perjudicado mucho a mi familia y a mi persona. He envejecido en este proceso”, afirma. Y agrega: “Estoy pasando por una circunstancia angustiante, por no poder cumplir el compromiso con mis padres, que querían ver concretado el proyecto y que habían apostado por mí”.
A pesar de la prolongada disputa judicial, Messio asegura que continuará reclamando hasta que el proceso concluya. “La peleo y voy a seguir peleando. No sólo peleo por la indemnización, sino por mi papá y mi mamá. Pido Justicia. No quiero que mis hijos sigan viviendo con esto que sigue dilatándose”, dice.
La última palabra ahora la tiene el TSJ, cuya decisión definirá no sólo el monto de la expropiación, sino también el modo en que se actualizará una deuda que lleva más de una década en discusión. Para Messio, el fallo marcará el final –o la prolongación– de una historia judicial que ya se ha extendido demasiado.
