Fiscales destituidos. El Jury por el caso Dalmasso: la respuesta institucional que no repara el daño

La vida de las personas, la de cualquiera de nosotros, está cotidianamente expuesta a infortunios imprevisibles. La tragedia no suele anunciarse y ninguna desgracia está tan lejos como para no alcanzarnos. Todos podemos ser víctimas de un delito; todos podemos vernos acusados de haberlo cometido.

Pero pocas cosas resultan tan devastadoras como sumar a la muerte violenta de un ser querido la imputación arbitraria de ser el criminal.

Desde que Nora Dalmasso fue encontrada sin vida en una habitación de su casa, la tarde del 26 de noviembre de 2006, su familia ha padecido una persecución feroz: primero el hijo, después el esposo.

Cuando, finalmente, ambos lograron liberarse de esas acusaciones, el tiempo consumido por años de errores, improvisaciones y decisiones absurdas terminó por garantizar la impunidad: la causa ha prescripto y el autor del crimen podría confesar su responsabilidad a los cuatro vientos sin que ningún juez le toque un pelo.

El fracaso es ostensible, pero no sería la primera vez que un crimen quede irresuelto.

La Justicia no es infalible. Se puede errar, aun actuando con diligencia y buena fe. Lo que distingue a este caso no es la ausencia de culpables, sino las nuevas víctimas que produjo; personas inocentes que cargarán para siempre con el estigma de la sospecha, del descrédito y de la deshonra, al mismo tiempo que deberán padecer el deshonor de la muerta a quien se trató con inusitada crueldad.

La destitución de los tres fiscales que, sucesivamente, estuvieron a cargo de la investigación, no alcanza para reparar esos daños, pero es una respuesta institucional necesaria que, al menos, sirve para hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios ante la sociedad perjudicada por sus acciones.

El proceso por el crimen fue, desde el comienzo, una sucesión de errores y extravagancias difíciles de explicar.

Todo comenzó en la fiscalía de Javier Di Santo con la imputación voluntaria de un hombre que buscaba dejar de ser señalado como sospechoso; siguió con la escandalosa detención de un albañil, y terminó con la acusación contra el hijo de la víctima.

Pero esas hipótesis no surgían luego de descartar las anteriores: coexistían de manera contradictoria y excluyente. A uno se le atribuía un crimen pasional; a otro, un homicidio en ocasión de robo, y al hijo, un abuso sexual seguido de muerte. Esta última acusación exigía creer que Facundo Macarrón viajó de madrugada desde Córdoba hasta Río Cuarto, mantuvo relaciones sexuales con su madre, la mató y regresó a la Capital sin dejar rastros. Todos fueron sobreseídos.

Un segundo fiscal, Daniel Miralles, se hizo cargo del asunto cuando ya parecía condenado al archivo. En poco tiempo descubrió que el verdadero culpable no era el hijo, sino el padre: el viudo Marcelo Macarrón. Según esta tesis, aunque el hombre se encontraba en Uruguay, pudo, no obstante, haber viajado durante la noche, tener sexo con la mujer, matarla y regresar al país vecino antes del amanecer. Si la teoría con relación al hijo era ya inverosímil, la del padre era delirante.

Apartado por haber adelantado opinión, vino un tercer fiscal a poner las cosas en su lugar: Luis Pizarro. Su hipótesis fue que Macarrón no viajó para cometer el crimen de su esposa, sino que la mandó a matar.

El abogado de Pizarro esgrimió ante el Jurado que su minucioso análisis de lo investigado hasta entonces por sus colegas y la falta de resultados lo llevaron a imputar a la única persona que se beneficiaba con esa muerte: algo así como cortar por lo sano sin dar muchas vueltas, pero sin tener una sola prueba.

Un accionar, como poco, temerario, habida cuenta de la trascendencia del caso, tras una década de tropiezos y errores proverbiales. La acusación fue desestimada por el fiscal de cámara y Macarrón terminó absuelto en un juicio por jurados.

Durante el Jury, todos se defendieron denunciando nulidades y diciendo que actuaron correctamente.

Para contrarrestar el reproche de haber descuidado los indicios con relación a Roberto Bárzola –el ahora sindicado como supuesto autor del crimen por el último fiscal, Pablo Jávega–, analizaron con rigor la prueba que lo compromete, cuestionando su legalidad y defendiendo su inocencia con un celo que no mostraron con los Macarrón cuando todavía podían evitar arruinarles la vida.

Los tres fiscales se ampararon en que sus resoluciones no estaban sometidas al control del Jury y que sólo podían ser cuestionados por los órganos judiciales competentes, lo cual es cierto a condición de que su proceder no resulte irracional, arbitrario o imprudente.

Las mismas leyes que rigen el procedimiento imponen ciertos requisitos probatorios para imputar a las personas. No observarlas es no cumplir debidamente con la función. De lo contrario, cualquier ciudadano, como les pasó a los Macarrón, quedaría inerme frente a la desidia y temeridad de un funcionario con suficiente poder para encerrarlo en la cárcel.

Pero, en el caso, esas investigaciones tampoco fueron avaladas en el seno del propio Poder Judicial pues todos los imputados terminaron o sobreseídos o absueltos.

La conducta de los fiscales acusados durante el Jury poco ayudó a su defensa. Ninguno reconoció el error; ninguno tuvo la decencia de pedir disculpas a la familia que destrozaron. Siguieron sosteniendo el acierto de su proceder, aun cuando la evidencia los ridiculizaba.

Tuvieron razón cuando protestaron por ser los únicos sentados allí, mientras otros fiscales que también intervinieron en la causa quedaban al margen de toda responsabilidad. Di Santo, Miralles y Pizarro son apenas engranajes de una maquinaria que hace tiempo no funciona bien y necesita ser reparada por una autocrítica impostergable. El Jury debería ser un punto de partida.

Sin embargo, el día posterior a la destitución, los pasillos de los Tribunales de Río Cuarto y de Río Tercero se poblaron de empleados y magistrados que cuestionaban la decisión. Tal vez allí resida el problema más profundo: después de tanto daño, todavía hay quienes creen, en el seno del Poder Judicial, que aquí no ocurrió nada grave.