Después de años de investigación, allanamientos, detenciones, disputas familiares y versiones cruzadas, la Justicia de Córdoba puso punto final a una de las causas más impactantes que se tramitaron en los tribunales de Río Segundo.
En un juicio abreviado, la Cámara Segunda del Crimen de Córdoba dictó condenas para tres hombres acusados de una maniobra destinada a apropiarse del patrimonio de Miguel Ángel Balbo y de su esposa, Magdalena Druetta, ambos de la ciudad de Pilar.
Marcial Enrique Storti (65), considerado por la acusación como el principal beneficiario de la maniobra, fue condenado a cinco años de prisión por "estafa, falsificación de documentos y tentativa inidónea de homicidio calificado por codicia". Como lleva cerca de dos años detenido, recuperaría la libertad en unos 14 meses.
Gustavo Emilio Barbaglia (55) y Rubén Darío Zin (53) recibieron penas de tres años de prisión condicional. También deberán realizar tareas comunitarias.
Además, la disputa patrimonial quedó definitivamente resuelta: los campos, propiedades y demás bienes en litigio fueron reconocidos a favor de Juan Pablo Balbo Gattollin, hijo extramatrimonial de Miguel Balbo y querellante en la causa.
Un patrimonio millonario
El expediente giró alrededor de una importante fortuna compuesta por más de 130 hectáreas de campos ubicados en las zonas rurales de Pilar, Lagunilla y El Quebracho, además de viviendas, maquinaria agrícola y vehículos.
Según sostuvo la fiscal de instrucción de Río Segundo, Patricia Baullies, los tres condenados integraron una asociación ilícita cuyo objetivo era lograr que Storti se quedara con la totalidad de esos bienes.
La investigación determinó que Storti había construido una relación de confianza con Balbo y Druetta, ambos de edad avanzada y con problemas de salud, situación que habría aprovechado para obtener distintos actos jurídicos a su favor.
Entre ellos, figuraban donaciones y testamentos mediante los cuales aparecía como único heredero del patrimonio.
Los testamentos cuestionados
La acusación sostuvo que primero se logró que Magdalena Druetta firmara documentación que favorecía a Storti y que, tras su fallecimiento en 2018, se avanzó sobre el patrimonio de Balbo.
Uno de los documentos más cuestionados fue un testamento firmado en una escribanía de Pilar, en el que se afirmaba que Balbo no tenía descendencia.
Sin embargo, existía Juan Pablo Balbo Gattollin, quien posteriormente fue reconocido como heredero legítimo y terminó impulsando la denuncia judicial junto con su madre.
Para la fiscalía, esa omisión formó parte de una estrategia destinada a excluirlo de la sucesión.
La muerte de Balbo y las sospechas
Miguel Balbo falleció el 11 de julio de 2019, a los 66 años, en una clínica de la ciudad de Córdoba.
La causa incluyó una acusación contra Storti por tentativa inidónea de homicidio calificado por codicia, que se vincula con las decisiones adoptadas durante las horas previas a la muerte del empresario rural.
Una exhumación de un cadáver, la sospecha de un envenenamiento y una herencia millonaria en disputa
No obstante, la investigación nunca logró establecer que esas conductas hubieran tenido incidencia directa en el fallecimiento.
Incluso, una de las medidas más controvertidas del expediente (la exhumación del cuerpo de Balbo, solicitada por la querella) fue finalmente descartada por la Justicia.
La defensa de Storti siempre sostuvo una versión diametralmente opuesta a la de la fiscalía. Sus abogados, Claudio Orosz y Darío Vezzaro, argumentaron que Balbo y Druetta habían transferido voluntariamente sus bienes a quien era amigo de la infancia de Balbo y socio en distintos negocios.
También remarcaron que fue Storti quien acompañó a Balbo durante su tratamiento médico y en sus últimos días de vida.
Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la investigación fue lo ocurrido inmediatamente después de la muerte de Balbo.
Según la acusación, el hijo del fallecido recién fue informado dos días más tarde, cuando ya se había realizado el sepelio.
Durante ese período, Storti y Barbaglia habrían retirado de los inmuebles tractores, vehículos, herramientas y otros bienes.
La fiscalía llegó a sostener que actuaron con tal rapidez que, apenas tres días después de la muerte de Balbo, gran parte de su patrimonio material ya había desaparecido de los lugares donde se encontraba.
También se investigó el vaciamiento de la vivienda familiar de Pilar, que posteriormente fue demolida.
El final de una "novela" judicial
La denuncia formal fue presentada a fines de 2022 y dio origen a una investigación que incluyó allanamientos, secuestro de documentación, peritajes y detenciones.
Con el juicio abreviado celebrado hace unos días, la causa encontró finalmente una resolución.
Las condenas evitaron la realización de un juicio oral extenso y permitieron cerrar un expediente que durante años alimentó rumores, discusiones y polémicas en Río Segundo, Pilar y localidades vecinas. Aún no están los fundamentos de la sentencia.
La disputa por la herencia quedó saldada judicialmente. Los bienes regresaron al heredero reconocido y los tres acusados recibieron condenas penales.
