La fiscal de Instrucción del 2° Turno de Villa María, Juliana Companys, enfrenta uno de los momentos más complejos de su carrera judicial: en los últimos días fue formalmente imputada por la Justicia por una serie de delitos graves, al tiempo que se repitió un pedido de jury en su contra que se suma a otras denuncias previas, además de un sumario administrativo.
El caso presenta, por otra parte, una particularidad que hace complejo el escenario: una de las principales impulsoras de las acusaciones, Alicia Peresutti, se encuentra a su vez imputada desde hace años por la propia Companys en una causa por asociación ilícita y defraudación que está próxima a ser elevada a juicio.
Esa superposición de roles -denunciante e imputada- atraviesa buena parte de este tramo del conflicto judicial.
A esto se suman otros pedidos de investigación formulados por particulares y las actuaciones que abrió la Secretaría de Sumarios Administrativos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por la actuación de Companys en la tramitación de la causa Generación Zoe.
Acusaciones graves
La imputación contra Companys fue dispuesta por la jueza de Río Segundo María Licia Tulián luego de que la fiscal de esa ciudad Patricia Baulies considerara que existen elementos suficientes para avanzar con una investigación penal. En esa jurisdicción reina el hermetismo y sólo fue posible confirmar la imputación.
A partir de lo que se desprende de la denuncia original presentada por Peresutti en marzo pasado, la fiscal ya estaría acusada de delitos como falsedad ideológica, abuso de autoridad y coacción, entre otras conductas que, de acuerdo a la hipótesis acusatoria, estarían vinculadas con presuntas maniobras de presión o amedrentamiento sobre testigos.
Uno de los aspectos más sensibles del expediente de Tulián es la existencia de una testigo que habría requerido custodia, lo que da cuenta de la gravedad institucional que la investigación podría alcanzar si las acusaciones se corroboran.
La imputación marca un punto de inflexión, ya que implica que la Justicia consideró verosímiles -al menos en esta etapa inicial- los hechos denunciados, habilitando la apertura formal de un proceso penal contra una funcionaria del Ministerio Público Fiscal (MPF).
Pedido de jury
En paralelo a la causa penal, en las últimas horas se presentó un pedido de jury ante el TSJ, impulsado por la misma Peresutti con patrocinio del abogado Dionisio Centeno.
Peresutti pidió el jury para la fiscal Juliana Companys por presunto mal desempeño
El planteo solicita la destitución de Companys y se suma a otros pedidos anteriores, en un contexto en el que la fiscal ya está bajo análisis en distintos frentes.
En primer lugar, se describen prácticas sistemáticas de amedrentamiento a testigos y abogados, mediante amenazas, interrogatorios excesivamente prolongados y la utilización intimidatoria de fuerzas de seguridad, lo que habría afectado la libertad y veracidad de las declaraciones.
En la misma línea, se denuncia la confiscación ilegal de teléfonos celulares y el acceso a su contenido mediante presiones, vulnerando garantías básicas como el derecho de defensa y la confidencialidad entre imputado y abogado.
El documento también señala decisiones controvertidas en causas penales, como el caso del exbombero Rodrigo Santi (condenado por abuso sexual), donde se cuestiona la celeridad de un acuerdo de juicio abreviado y el otorgamiento de prisión domiciliaria en condiciones consideradas irregulares, basadas sólo en un informe de un perito de parte y sin controles objetivos.
Otro eje central es la presunta violencia laboral dentro de la fiscalía, con múltiples testimonios de empleados y funcionarios que habrían sufrido maltrato, amenazas y presiones, generando renuncias, traslados y afectaciones a la salud mental.
Asimismo, se mencionan reiteradas observaciones del Tribunal de Ética Judicial por conductas consideradas impropias. En diciembre pasado, el Tribunal de Ética cuestionó a la fiscal Companys por su participación en el documental de Netflix El vendedor de ilusiones, que refiere a Leonardo Cositorto y la causa Generación Zoe.
También se cita una nota con la firma de 130 abogados que litigan en Villa María que están en desacuerdo con las prácticas de la fiscal.
Finalmente, se denuncian supuestos abusos de poder, como el uso de herramientas judiciales para fines personales, procedimientos irregulares en allanamientos y una tendencia a impulsar causas de alto impacto mediático que luego no prosperan, dejando -siempre según el texto- graves consecuencias para los involucrados y para la credibilidad del sistema judicial.
El antecedente Generación Zoe
El escenario actual no es el primero en el que Companys queda bajo cuestionamiento. Uno de los antecedentes más relevantes es el sumario administrativo que se le abrió por su actuación en la causa conocida como Generación Zoe.
Aparición en Netflix: la fiscal Companys asegura que no cometió ninguna falta
Ese expediente se originó a partir de su participación en un documental de Netflix vinculado al caso, lo que generó cuestionamientos respecto de la conducta esperable de un funcionario judicial en una investigación en curso.
El sumario, aun dentro del ámbito administrativo, puso en debate los límites entre la actuación judicial y la exposición mediática, en un caso que ya de por sí tenía alto impacto público.
Denuncia por retardo de justicia
A ese contexto se suma la denuncia presentada por el abogado Gastón Arrambide Carroll ante el TSJ.
El letrado cuestionó a Companys por un presunto retardo en la resolución de una causa vinculada a la apropiación de la herencia de una persona incapaz. Según planteó, había solicitado un pronto despacho sin obtener respuesta, lo que motivó la presentación ante el máximo tribunal provincial.
Ese episodio reforzó las críticas sobre el funcionamiento de la fiscalía y su gestión de expedientes, en un contexto en el que distintas voces comenzaron a señalar demoras y decisiones controvertidas.
Un conflicto cruzado
El núcleo del conflicto actual está atravesado por la relación entre Companys y Peresutti. Mientras esta última impulsa denuncias y pedidos de destitución, la fiscal la tiene imputada desde hace años en una causa penal compleja.
Ese expediente, que investiga presuntas estafas y asociación ilícita, se encuentra en etapa avanzada y próximo a ser elevado a juicio según fuentes de la defensa de la fiscal, lo que añade un elemento de tensión adicional.
Los abogados Manuel de Allende y Facundo Cortés Olmedo asesoran a Companys. Ambos sostienen que en la causa del bombero Santi "se acordó a fin de diciembre de 2025 con el abogado Alejandro Bianco -quien fuera empleado de la fiscalía hasta julio del 2025- un juicio abreviado inicial asumiendo su defendido los hechos por los cuales era investigado y se impuso una pena de 8 años de prisión".
Añaden ambos que por tres intentos de suicidio y otros padecimientos se le otorgó una prisión domiciliaria. Sin embargo, ante denuncias de una víctima por comunicaciones telefónicas, se allanó el domicilio y se halló oculto un teléfono celular, lo que valió que Santi esté en este momento en la cárcel.
Del mismo modo, De Allende y Cortés Olmedo relativizan todas las otras acusaciones a partir del interés de Peresutti y otros denunciantes que tienen intereses encontrados.
De todas maneras, los dos defensores advierten que no han accedido aún al expediente, al tiempo que le pidieron a la jueza "se respete el secreto de las actuaciones hasta tanto declare" la fiscal Companys.
Los dos letrados, insisten: "Más allá de la filtración, debemos adelantar que las personas denunciantes y las denuncias se repiten curiosamente". "Las supuestas faltas o conductas que se le pretenden adjudicar -añaden De Allende y Cortés Olmedo- son falsas y provienen de una misma matriz delictuosa".
Los defensores le indicaron a La Voz que "por ahora" sólo anticipan que Companys "está sufriendo una serie de ataques por el desempeño de su función en distintos expedientes que tocan directamente al poder económico, judicial y político". "Cuando declare (la fiscal), podrán verificarlo con mayor detalle", completaron los abogados.
