La Cámara 8ª del Crimen de Córdoba, en sala unipersonal a cargo del vocal Eugenio Pérez Moreno, dictó este miércoles una histórica sentencia que desarticula una de las organizaciones delictivas más complejas y ramificadas de los últimos años vinculadas al mercado ilegal de automotores.
A través de un juicio abreviado, en el cual los imputados confesaron los hechos imputados por la acusación original, un total de 19 varones fueron condenados por montar una estructura de criminalidad organizada que operaba con base en la provincia de Córdoba y extendía sus tentáculos hacia Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán y San Juan, donde colocaban las autopartes.
La investigación de esta megacausa estuvo a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Distrito I, Turno IV. En el expediente se reconstruyó el funcionamiento a partir de abundante prueba.
Intervenciones telefónicas, análisis minuciosos de comunicaciones por WhatsApp, tareas de vigilancia encubierta, allanamientos y peritajes técnicos permitieron delimitar una aceitada división de tareas y roles específicos para cada uno de los eslabones de la cadena criminal.
Compleja operatoria
El modus operandi de la banda se iniciaba en las calles cordobesas y proseguía en las rutas del norte argentino. Según la acusación, la banda cometía los robos en la ciudad de Córdoba y en localidades aledañas y del interior provincial, como Cosquín, Bialet Massé, Villa Carlos Paz, Río Cuarto, Alta Gracia, Río Ceballos, Villa Giardino, Cruz del Eje, Jesús María y Colonia Tirolesa.
Para apoderarse de los vehículos estacionados en la vía pública, los denominados "levantadores" utilizaban tecnología avanzada, como inhibidores de alarmas para desactivar las medidas de seguridad tradicionales, aunque también recambiaban la ECU (Engine Control Unit o unidad de control de motor) de los rodados para ponerlos en marcha de manera furtiva.
Una vez sustraídos, los vehículos ingresaban en una fase de "enfriamiento". Esta maniobra consistía en resguardar y ocultar los rodados en fincas, galpones o talleres clandestinos durante un tiempo prudencial hasta que mermara la intensidad de la búsqueda por parte de los efectivos policiales.
Posteriormente, la red ponía en marcha una compleja logística de traslado interprovincial hacia ciudades como La Banda y Santiago del Estero capital, San Miguel de Tucumán, Rawson (San Juan) y Recreo (Catamarca).
Para minimizar los riesgos de detección en las rutas, la organización utilizaba una modalidad de apoyo escolta: un vehículo con documentación totalmente lícita circulaba a una distancia prudencial por delante del rodado mal habido a modo de "puntero". Sus ocupantes supervisaban el trayecto y advertían de inmediato sobre la existencia de controles policiales o camineros, permitiendo que el automóvil robado modificara su recorrido o detuviera la marcha.
Finalmente, los vehículos eran introducidos en el mercado informal mediante dos vías principales: la adulteración total de chasis, motores y la confección de documentación apócrifa (títulos y cédulas verdes falsificadas) para estafar a compradores de buena fe, o bien el desguace total en desarmaderos clandestinos para la comercialización de sus autopartes.
Además, la investigación demostró que la banda realizaba fraudes a compañías de seguros simulando robos y "ponchos" (adulterar un vehículo lícito usando partes de uno robado).
Roles y condenas
El acusador en cámara fue el fiscal subrogante Fernando López Villagra, quien acordó las penas de juicio abreviado con los defensores de todos los acusados. La sentencia dictada por el tribunal determinó con precisión las responsabilidades penales dentro de la estructura, diferenciando a los organizadores de los miembros ejecutores.
Entre los jefes y los organizadores de la asociación ilícita, se enumeran: José Leonardo Agulles (48), quien ejercía el comando efectivo de la red criminal y coordinaba los traslados hacia el norte del país; Alberto Coronado (38), dirigía las operaciones desde Santiago del Estero y proveía la logística de enfriamiento y gestión de documentación; Gastón Manuel Juárez (43), oficiaba como el coordinador central de los choferes y la logística de traslado de las unidades.
Entre los meros miembros de la banda, recibieron condena Jorge Ceferino Agulles (56), por ser encargado de traslados y el mantenimiento de las unidades; Alexis Agustín Álvarez (27), operando la sustracción y venta; Claudio Walter Argüello (34), vinculado al desarme y los robos domiciliarios asociados; Horacio René Barrionuevo (44), quien aportaba su taller en Santiago del Estero; Julio Alfredo Castillo (53), responsable de logística de venta en San Juan; Brian Alexander Castillo Palacios (32), dedicado a transacciones en el mercado informal; Leonel Maximiliano Flores (31), cumplía el rol de "levantador" en la vía pública; Oscar Alfredo Hadad (47), regenteaba un desarmadero en Catamarca; Guillermo Pedro Lescano (34), se desempeñaba como "levantador" de rodados; Raúl Orlando Martínez (29), desarme y reventa de piezas; Carlos Roberto Murúa (53), participaba en el apoyo logístico en ruta y comercialización; Jorge Gabriel Leonardo Reyes (32), a cargo del traslado hacia los talleres norteños; Lucas Yamil Rodríguez (28); sumó además condena por encubrimiento por receptación Carlos Alberto Soria (66), especialista técnico en la adulteración de numeraciones de chasis y motores; Oscar Mauricio Sosa (38), comprador de "carpetas" y adulterador de códigos identificatorios.
Bruno Damián Escobar (22) y Diego Sebastián Grimaldi (44), residentes en Santiago del Estero, no concurrieron al debate y por este no fueron juzgados.
Montos de pena
El jefe José Leonardo Agulles recibió una pena de seis años de prisión, con declaración de reincidencia, unificándole la sentencia por causas en la Justicia federal y provincial en la pena única de nueve años y medio de prisión.
El también jefe Alberto Coronado recibió una pena de cinco años de prisión, mientras que su par Juárez deberá purgar un castigo de cinco años y un mes de encierro.
Entre los miembros, Carlos Murúa fue condenado a tres años y cuatro meses, si bien se le unifica la pena con condenas anteriores –una de ellas por homicidio–, en la condena única de 13 años de prisión.
Alexis Álvarez recibió una pena de tres años y dos meses, pero se le unifica una condena anterior en una pena única de tres años y cuatro meses.
Claudio Argüello debe responder con tres años y dos meses de prisión, unificados con otra condena en tres años y 10 meses de prisión.
Julio Castillo y Brian Castillo Palacios recibieron la pena de tres años y un mes de prisión.
Un grupo de condenados recibió condenas menores de prisión efectiva, pero con declaración de reincidencia: Leonel Flores terminó condenado a tres años de prisión; Raúl Martínez, tres años y cuatro meses de prisión; Jorge Reyes, tres años y un mes; Lucas Yamil Rodríguez, tres años y un mes; Carlos Soria, tres años y dos meses (domiciliaria, unificada en cinco años y ocho meses), Oscar Sosa, tres años y dos meses (también domiciliaria).
Los únicos que recibieron penas de tres años de prisión de ejecución en suspenso fueron Pedro Lescano, Oscar Hadad, Jorge Ceferino Agulles y Horacio Barrionuevo.
