
Caja de profesionales de la construcción y de agrónomos: frenan el cambio de autoridades por presunta corrupción
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Redacción La Voz
El secretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Córdoba, Diego Edgardo Peralta, fue formalmente imputado por el fiscal Enrique Gavier en la investigación por presunta corrupción en la Caja de Previsión de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y Profesionales de la Construcción de la Provincia de Córdoba.
El reproche penal del fiscal de Casos Complejos involucra directamente a un funcionario de primera línea, en una causa por supuestas maniobras fraudulentas cometidas en perjuicio del patrimonio de la entidad previsional.
Según la resolución firmada el pasado viernes por el fiscal Gavier, Peralta fue encuadrado bajo la figura penal de "partícipe necesario" del delito de "defraudación por administración infiel".

La resolución judicial ordenó que el funcionario municipal compareciera la mañana de este lunes en la sede de la fiscalía para notificarse de la imputación y sobre la posibilidad de la declaración indagatoria en los próximos días o la semana siguiente.
Pero la acusación dictada por el fiscal de Casos Complejos no se limita al funcionario municipal, sino que describe una presunta trama delictiva que incluye a miembros del directorio de la caja previsional y a representantes de diversos colegios profesionales vinculados al sector de la construcción.
El decreto judicial sostiene que existen "motivos bastantes para sospechar" que las máximas autoridades de la entidad coactuaron de manera coordinada para ejecutar maniobras en detrimento de los fondos de los afiliados.
En calidad de supuestos "coautores" del delito de "defraudación por administración infiel", Gavier imputó a los vocales titulares del directorio de la Caja, Liliana Rosa Scaglia, Gustavo Noé Mícolo y Ana Margarita Ruzycki.
Por otra parte, el fiscal determinó que para la comisión de los hechos bajo investigación resultó "necesaria e indispensable" la intervención de un grupo de profesionales que integraban los colegios de Ingenieros Especialistas y de Arquitectos de la Provincia de Córdoba.

Al igual que el funcionario Diego Peralta, fueron imputados como "partícipes necesarios" Inti Manuel Smith, Luis Adán Calderón, Carmen Encarnación Rodríguez y Nicolás Luis Paulín.
Este nuevo avance judicial contra Peralta y el resto de los profesionales se produce en un escenario institucional sumamente complejo y fuertemente tensionado. El mes pasado, el fiscal Enrique Gavier ya había intervenido de manera directa en la vida institucional de la Caja de Previsión mediante el dictado de una medida cautelar que paralizó por completo el recambio de la conducción del organismo.
Desde el 1 de mayo y por dos meses, se frenó el recambio de autoridades debido a que algunos integrantes de la nueva conducción estaban bajo investigación. Por eso, quedó en funciones, por 60 días, quien además era el denunciante de la causa, el ingeniero Jorge Santecchia, quien además era el presidente de esa entidad.
A raíz de las sospechas latentes de corrupción que ya acumulaba la investigación, aquella orden judicial impidió que las autoridades electas asumieran formalmente sus funciones en la conducción de la Caja.

El freno a la asunción de los nuevos directivos buscaba resguardar la prueba física y digital, evitar el entorpecimiento de la investigación en los despachos de la entidad y prevenir la continuidad o profundización de las supuestas maniobras defraudatorias que hoy se cristalizan en las imputaciones formales conocidas en las últimas horas.
Santecchia es representado como denunciante por el abogado Miguel Ortiz Pellegrini (también patrocinante de un agrupación de jubilados), quien viene solicitando la constitución como querellante en la causa. Hasta el momento, aportó testigos que en el curso de estas semanas habrían formulado un aporte para la decisión de Gavier de imputar.
Además, el fiscal de Casos Complejos se hizo de prueba documental luego de allanamientos a la sede de la Caja de Previsión y de algunos de los colegios cuyos integrantes forman parte del organismo previsional.
Al caer la tarde de este lunes, desde la fiscalía de Gavier enviaron a esta redacción una gacetilla informativa que aclara que "las imputaciones fueron dispuestas sobre la base de los elementos de prueba reunidos hasta el momento, entre ellos la documentación incorporada durante la investigación y demás medidas probatorias practicadas".
Luego se aclara: "Sin que ello implique un juicio definitivo sobre la responsabilidad penal de los involucrados, quienes conservan plenamente el estado jurídico de inocencia garantizado por la Constitución nacional y los tratados internacionales de derechos humanos".
Añade el comunicado que desde este lunes, y con el objeto de resguardar la regularidad de la investigación, evitar la eventual producción de consecuencias ulteriores de los hechos investigados y posibilitar un adecuado control de la gestión institucional, la fiscalía dispuso la intervención judicial de la Caja, sin remoción de sus autoridades.

Se indica que la conducción queda "bajo la supervisión del Equipo Técnico de Auditorías Contables, Económicas y Financieras del Fuero Penal del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba".
Añade la nota: "En el mismo acto, se ordenó que los tres integrantes imputados del directorio se abstengan de ejercer sus cargos hasta nueva resolución, medida de carácter cautelar adoptada exclusivamente en función de las necesidades de la investigación y de la protección de la institución".
Finalmente, se indica que "se encomendó la realización de una auditoría integral sobre la situación económico-financiera de la entidad y sobre los expedientes administrativos comprendidos en la investigación".
Peralta y varios de los imputados en esta causa son representados por los hermanos Ernesto y Tristán Gavier, respectivamente. Ambos abogados enviaron sendos descargos a La Voz.
Respecto de Peralta, su defensor Ernesto Gavier (h) señaló que "la imputación es por hechos ajenos a la función pública de la Municipalidad, y es por su intervención como presidente del Colegio de Arquitectos, años atrás".
Añadió el abogado que "estima el arquitecto que posiblemente la imputación se trate de un error" y aclara que esta afirmación es "sin perjuicio de respetar la decisión del fiscal".

Tristán Gavier representa al presidente del Colegio de Ingenieros Especialistas, Inti Smith, como así también a Carmen Rodríguez, Luis Calderón y Liliana Scaglia.
Este penalista dice que "el Colegio de Ingenieros Especialistas sostuvo que la denuncia promovida por Jorge Santecchia responde al recambio institucional previsto en la Caja de Previsión y no a irregularidades reales".
Tristán Gavier añade que "existía una lista de unidad que establecía la alternancia anual de la presidencia entre los distintos colegios y que, al finalizar el mandato de Santecchia el 30 de abril, este impulsó la denuncia".
Además, aseguró el letrado "que los convenios cuestionados fueron celebrados dentro del marco legal y recordó que durante la gestión anterior se firmó un convenio con Caminos de las Sierras que, a su criterio, sí presentaba irregularidades".