La Justicia intervino de manera directa en el proceso de renovación de autoridades de la Caja de Previsión de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y Profesionales de la Construcción.
- Otros contenidos para suscriptores
El fiscal de Delitos Complejos de 1° Turno, Enrique Gavier, dictó una medida cautelar que suspende por 60 días la renovación anual de la presidencia, que rota entre los directores, prevista para este 1° de mayo, ordenando que el esquema de conducción actual se mantenga inalterado para garantizar el éxito de una investigación penal en curso. Los presidentes cambian, año a año.
La decisión judicial se origina a partir de una denuncia voluminosa formulada por el propio presidente de la institución, el ingeniero Jorge Ángel Santecchia.
Patrocinado por el abogado Miguel Ortiz Pellegrini, Santecchia expuso ante la Fiscalía del Distrito 1 Turno 1 –donde fue derivada la causa por el fiscal general– una serie de irregularidades que podrían comprometer seriamente el patrimonio de los jubilados y aportantes del sector.
Vaciamiento y administración fraudulenta
El escrito presentado por Santecchia describe una situación de extrema gravedad dentro de la Caja. El presidente, quien paradójicamente denuncia a sus propios colegas de mesa directiva, sostiene que se han detectado maniobras que configuran los delitos de "estafas reiteradas", "asociación ilícita" y "administración fraudulenta".
Según la denuncia, el hecho medular consiste en un manejo irregular de los fondos de la Caja para beneficiar a terceros.
Se menciona la supuesta existencia de "pagos indebidos, que se reciben haciendo “rebajas” de los aportes correspondientes a la Caja ", contrataciones irregulares y afectación de los aportes a la Caja por intervención del Colegio de Ingenieros Especialistas de esta ciudad, también denunciados, por la falta de transparencia en la gestión de activos.
Santecchia fundamenta su presentación en la necesidad de resguardar el sostenimiento de la entidad y evitar un "daño irreparable" a la Caja de Previsión, solicitando que el caso sea tratado como una "causa compleja", debido a la multiplicidad de hechos y la cantidad de involucrados.
Los denunciados, según el documento, son el resto de los directores titulares que conforman el órgano de gobierno. La denuncia apunta a que la mayoría del Directorio habría actuado de manera coordinada para obstruir los controles internos y facilitar las maniobras defraudatorias.
A mediados de abril, Gavier ordenó una serie de allanamientos. Se sabe que los procedimientos fueron realizados en la sede de la Caja y también en el domicilio particular de los directores denunciados y en la sede del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, como en la persona de sus directivos.
Aval del Consejo de Control
A la par de la denuncia penal, el Consejo de Control de Gestión (CCG) de la propia Caja emitió una nota dirigida al Directorio el pasado 24 de abril. En dicho documento, los coordinadores del consejo, la ingeniera agrimensora Graciela Loyacono y el arquitecto Miguel Vercellone, manifestaron su profunda preocupación por la situación.
El CCG hizo hincapié en que era "público y notorio" que la fiscalía ya había ordenado allanamientos tanto en la sede de la institución como en los domicilios particulares de los directores titulares.
Ante la inminencia del recambio de autoridades (que legalmente ocurre cada año por estas fechas), el Consejo aconsejó que los directores bajo investigación solicitaran licencia y que el actual presidente mantuviera su cargo.
El argumento fue ético y técnico: si permitieran que quienes están bajo la lupa de la fiscalía asumieran roles de representación o cambiaran la estructura administrativa podría entorpecer la búsqueda de la verdad real.
Fundamentos del fiscal
Frente a este escenario, el fiscal Gavier dictó una resolución contundente el lunes 27 de abril pasado. Los fundamentos del fiscal para frenar el recambio de autoridades son estrictamente procesales y preventivos. Gavier sostiene que, tras los allanamientos realizados el 15 de abril, la fiscalía está en pleno proceso de análisis de un volumen masivo de prueba documental y digital secuestrada.
Para el fiscal, realizar un cambio de autoridades en este momento crítico representaría un riesgo procesal alto. Según el escrito, un nuevo Directorio integrado por personas que podrían estar bajo investigación o que respondan a los denunciados tendría la facultad de alterar archivos, modificar sistemas informáticos o realizar cambios administrativos que dificulten la reconstrucción de los hechos.
En sus fundamentos, Gavier subraya: "Corresponde adoptar una medida preventiva que mantenga el statu quo hasta tanto se avance en el abordaje del material probatorio secuestrado". El fiscal considera que esta medida es "necesaria, proporcional e idónea" para evitar que se neutralice la eficacia de la investigación.
Pausa obligada de 60 días
En la parte resolutiva del decreto, el fiscal Gavier dispone básicamente tres medidas:
- Suspensión provisoria: ordena frenar de inmediato cualquier proceso administrativo o acto institucional tendiente al cambio de presidente o renovación de autoridades del Directorio de la Caja.
- Prórroga de mandatos: establece que el actual esquema de conducción (encabezado por Santecchia) debe mantenerse por un plazo de 60 días corridos, es decir, hasta el final de junio.
- Límite temporal: la medida está sujeta a revisión. El fiscal estima que en dos meses contará con avances significativos en el análisis de la prueba, lo que le permitirá valorar si persiste el riesgo o si puede procederse al recambio institucional.
Con esta decisión, la Justicia de Córdoba ha puesto en stand by al Directorio de una de las cajas previsionales más importantes de la provincia.
Mientras los peritos contables e informáticos de la fiscalía de Delitos Complejos analizan los libros y las computadoras secuestrados, la Caja queda bajo una conducción existente hasta la fecha –con la presidencia de Santecchia– bajo la mirada judicial, buscando determinar si, como dice la denuncia, se intentó montar un sistema de desvío de fondos a espaldas de miles de profesionales.
También ha trascendido que la Agrupación de Jubilados de la Caja de la Ingeniería “Jubinar” ha solicitado participación en calidad de querellantes en la misma causa.
Arquitectos, querellantes
El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba solicitó formalmente ser admitido como querellante particular en la causa judicial que investiga presuntas irregularidades vinculadas a la Caja de Previsión y Seguridad Social de profesionales.
La presentación, efectuada por el apoderado legal Jorge Horacio Cantet ante la fiscalía de Delitos Complejos a cargo de Enrique Gavier, se motivó tras conocerse públicamente la realización de allanamientos en la sede de la entidad previsional el pasado 16 de abril de 2026, lo que evidenció una profundización en la investigación penal .
La institución fundamentó su intervención en la necesidad de resguardar los intereses y derechos de sus colegiados, tanto activos como jubilados, quienes se encuentran obligatoriamente comprendidos en dicho sistema previsional.
Desde el Colegio advirtieron que cualquier alteración en el funcionamiento regular de la Caja impacta directamente sobre los aportes realizados por los profesionales y la percepción de sus prestaciones, lo que otorga a la entidad un interés legítimo e institucional para participar en el proceso y velar por el patrimonio de sus matriculados
