La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) presentó un recurso de reconsideración con subsidio ante la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba luego de la negativa de sanción a un funcionario sumariado que el gremio había denunciado por malos tratos a los trabajadores.
La UEJN se opuso formalmente al Acuerdo 166/2026 de la cámara, por la que resolvió "llamar la atención" al secretario del Juzgado Federal N° 3, Juan Miguel Ceballos, sin aplicar una sanción efectiva por los incidentes ocurridos tras una protesta sindical en contra de su superior, el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja.
El recurso cuenta con el respaldo político del secretario general nacional de la UEJN, Julio Piumato, y la firma del secretario general regional, Juan Pablo Tripputi. Ambos dirigentes firmaron la presentación que cuestiona la decisión de la mayoría del tribunal cordobés.
Los representantes gremiales catalogaron el fallo como incongruente y violatorio del debido proceso administrativo.
El voto de la mayoría de la cámara, que recomienda llamado de atención, estuvo integrado por los vocales Graciela Montesi, Abel Guillermo Sánchez Torres y Eduardo Ávalos. En cambio, Liliana Navarro fue más allá y se opuso al llamado de atención por entender que no se habían probado los hechos de la denuncia. Además, la vocal usó argumentos para descalificar el accionar de la UEJN.
El origen del conflicto
El caso se inició a raíz de una denuncia presentada por la Regional 9 de la UEJN el 4 de septiembre de 2025. En esa oportunidad, se acusó al secretario Ceballos de increpar con términos agresivos, insultos racistas y filmaciones a los trabajadores judiciales.
El episodio comenzó en el hall central de los Tribunales Federales y se extendió hasta la misma sede sindical.
La resolución de la Cámara Federal, sin embargo, desestimó la aplicación de una medida disciplinaria concreta. El tribunal optó por un apercibimiento informal y dispuso el posterior archivo de las actuaciones.
Esta resolución generó el malestar del gremio, que actuó como denunciante y promotor de la apertura del sumario administrativo. El argumento central de la reconsideración gremial radica en que la decisión de los camaristas contradice las conclusiones del informe final de instrucción.
Ese sumario estuvo a cargo del secretario de cámara Miguel Villanueva. Según el informe final esgrimido por la UEJN, el instructor judicial consideró acreditado que el comportamiento de Ceballos resultó reprochable e inadecuado para su condición de funcionario.
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Villanueva determinó que las expresiones vertidas representaron una degradación del trato profesional y una ruptura del respeto mutuo. El dictamen recomendó formalmente la aplicación de una sanción de apercibimiento.
Incongruencia y "naturalización de la violencia"
La UEJN sostuvo en su presentación que el Acuerdo 166 adolece de una fuerte contradicción entre las premisas probadas y su parte resolutiva. Los representantes sindicales destacaron que el propio sumariado reconoció la veracidad de los hechos principales.
A pesar de los testimonios que confirmaron el uso de términos discriminatorios, la mayoría de la cámara consideró que no correspondía un castigo reglamentario.
"Frente a lo grave que se considera que un funcionario propine insultos tan discriminatorios, xenófobos, racistas y prejuiciosos, no cabe dudas de que merece una sanción directamente proporcional y razonable, esto es mínimamente una suspensión", afirma el escrito presentado por Piumatto, Tripputi y la secretaria general adjunta local María Paula Montequín.
El gremio alertó sobre lo que considera una "naturalización de la violencia laboral" dentro del ámbito judicial.
En su presentación, advirtieron que minimizar agresiones explícitas atenta contra la dignidad de los trabajadores y vulnera las directrices internacionales, tales como el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
Duros con Liliana Navarro
El tramo más complejo de la presentación judicial se encuentra en el pedido de apartamiento de la jueza de cámara Liliana Navarro. La UEJN recusó formalmente a la magistrada por una presunta "falta de imparcialidad y resentimiento notorio con la organización gremial".
Los fundamentos del sindicato apuntan a la trayectoria pasada de la jueza. El texto recuerda que Navarro formó parte de la dirigencia de la UEJN en una etapa anterior y que, en 2022, auspició una lista interna que resultó derrotada en las elecciones del gremio.
Según el recurso, desde aquel momento la magistrada exhibe una marcada animosidad hacia cualquier denuncia promovida por la actual conducción sindical.
La presentación critica que la postura de Navarro se focalizara en defender el accionar de Ceballos y en cuestionar la legitimidad de la representación gremial.
El sindicato reprochó que la vocal exigiera poderes individuales para tramitar derechos que consideran colectivos.
Asimismo, calificaron a la jueza de haber sido un "testigo mudo" durante la gestión del Luis Rueda (fallecido) y del renunciante Vélez Funes, este último envuelto en múltiples denuncias de maltrato.
Para la UEJN, el voto de Navarro no se basó en los datos objetivos recopilados en el sumario, sino en un desafecto manifiesto que invalida la garantía constitucional de contar con un juzgador imparcial.
