En Córdoba. Más de 100 procedimientos y una decena de imputados por pintadas amenazantes en escuelas
Se multiplicaron los casos, muy similares en colegios de la Capital y de decenas de ciudades y pueblos del interior. El fenómeno se encuentra en expansión en Argentina y en otros países. Los profesores estarán a cargo de la aplicación del protocolo creado por el Ministerio de Educación pero dicen no sentirse capacitados.
La Policía de Córdoba y la Justicia del fuero Penal Juvenil llevaron a cabo esta semana unos 70 procedimientos en colegios de la ciudad de Córdoba por paredes pintadas con amenazas de tiroteos, principalmente en los baños escolares, y por tenencia de armas de fuego, réplicas y cuchillos.
La multiplicación de este tipo de hechos en pocos días llevó a que el Ministerio de Educación de la Provincia envíe una instrucción a las escuelas junto con un protocolo que ya era conocido por los docentes.
“Ante las amenazas sobre posibles hechos de violencia escolar, solicitamos prestar especial atención al cuidado de lugares estratégicos y asignar a todo el personal para la revisión de espacios, cuidado y observación de los grupos de estudiantes, sin desestimar ningún tipo de mensaje”, pidieron.
A su vez, se indicó que ante la presencia de un arma los maestros deben realizar una serie de pasos. Uno de ellos en, en caso de detectar un arma en manos de un alumno, pedir que “apunte a un lugar seguro”.
“No estamos en condiciones ni formados para actuar en estos casos extremos”, coincide un grupo de 20 profesores consultado por este medio.
En este contexto, ya se contabilizan ocho adolescentes imputados por el presunto delito de “amenazas calificadas por el anonimato”, instruidas por la fiscal del fuero Penal Juvenil, Soledad Carlino, que estuvo al frente de las investigaciones.
Pero a ese número se suman otras varias imputaciones en ciudades del interior. Es que hubo, por los mismos motivos, decenas de operativos en el interior de Córdoba en los últimos días.
Pero a ese número se suman otras varias imputaciones en ciudades del interior. Es que hubo, por los mismos motivos, decenas de operativos en el interior de Córdoba en los últimos días.
En Carlos Paz, en tanto, la fiscal Jorgelina Gómez imputó ayer a un adolescente de 16 años identificado como autor de pintadas amenazantes en una escuela de esa ciudad.
Y un adolescente de 17 años fue detenido en las últimas horas en una secundaria del ámbito público de la ciudad de Villa María. Se le secuestró una cadena de acero y una réplica de arma de fuego. No obstante, no habría realizado pintadas, sino que habría exhibido el arma no operativa.
En los allanamientos que se realizaron desde el lunes en toda la provincia, tanto por tenencia de armas como por pintadas, se secuestraron además de la réplica y la cadena ya mencionadas, 13 celulares, un arma calibre 9 milímetros y cuchillos.
El inicio santafesino
Todo comenzó luego del trágico tiroteo que se registró en la provincia de Santa Fe el pasado 30 de marzo, en la escuela Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal. Un adolescente de 15 años ingresó al colegio y disparó con una escopeta. Asesinó a un estudiante de 13 y provocó heridas a otros ocho compañeros.
El presunto agresor fue reducido por personal del colegio. Actualmente se encuentra bajo custodia y fue imputado por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”.
Un caso tangencial, en Córdoba, también preocupa a las autoridades: un adolescente de 13 presuntamente estaría vinculado con la red de contactos a la que había accedido el estudiante que disparó en Santa Fe, sobre true crime (casos de crímenes reales donde se comparte información).
El chico cordobés no participó en pintadas ni llevó un arma a una escuela. En el marco de una extensa investigación a nivel nacional, donde interviene el fuero Antiterrorista, se dio curso a la fiscal del fuero Penal Juvenil, Norma Scaglia.
En ese marco, la Justicia solicitó una consulta con un psicólogo para determinar si el niño requería internación para su preservación. El psiquiatra determinó que sí era necesario y la familia estuvo de acuerdo, según informaron fuentes oficiales.
El niño ya se encuentra internado. "Este caso nos preocupa al extremo", subrayaron autoridades de Seguridad.
De un reto viral a amenazas calificadas
En Córdoba, la preocupación comenzó a crecer luego de que el pasado lunes apareció una pintada en una pared de un baño, en un establecimiento de la ciudad de Saldán, departamento Colón. La amenaza hablaba de una balacera.
Fue el primer caso de una larga seguidilla de pintadas que se fue multiplicando, escuela tras escuela. Le siguieron decenas iguales en la Capital, La Falda, Río Cuarto, Villa María, Villa Nueva, Cosquín, Cruz del Eje, Jesús María, San Francisco, Río Tercero, Carlos Paz, Santa Rosa de Calamuchita, Villa General Belgrano, Alta Gracia y muchas otras localidades, incluso algunas pequeñas.
Las autoridades hablan de un “reto viral” que tiene su origen en Tik Tok, pero que se masifica a través de WhatsApp y Telegram.
No ocurre solamente en Córdoba. También hay cientos de casos recientes registrados en otras provincias y en otros países.
Este medio no pudo establecer cuál fue el disparador que presuntamente habría originado la cadena. Lo concreto es que lo que podría haber sido tomado como una “travesura” dejó de serlo rápidamente.
Las autoridades aseguraron que se recurrirá a peritos grafólogos para identificar a los responsables de las pintadas que no puedan ser identificadas.
En San Francisco, adolescentes identificados como autores de pintadas en su colegio respondieron que lo habían hecho oor un "desafío viral".
El contexto es de temor y preocupación. Por ello –y por el dramático antecedente en la provincia de Santa Fe– la Justicia actuó rápido y llevó estas acciones a causas que podrían costarle a cada imputado, de constatarse los hechos, una escala penal de entre uno y tres años de prisión.
Este viernes, el Ministerio de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, sostuvo que los procedimientos continuarán. “Es imprescindible que actúe la familia. La contención, el acompañamiento y la orientación familiar son imprescindibles. Es la primera medida, antes que la Policía o los docentes”, dijo.
Procedimiento escolar
En paralelo, la semana estuvo signada por una seguidilla de reuniones e intervenciones en las escuelas por parte de la Policía.
Una alta fuente explicó cómo se actúa en estos casos: “Todos los días por la tarde generamos toda la información que surge de cada incidente. La elevamos a Seguridad. Tenemos toda la provincia segmentada y a la Policía llegan instituciones a través de un grupo de WhatsApp. En el interior se envía a los jefes de cada departamental”, se detalló.
En los mensajes se consigna el nombre de la escuela y el barrio, la ciudad o la localidad donde se registró la pintada.
Por su parte, las escuelas tienen un número telefónico para informar de inmediato cuando se descubre una pintada. No obstante, este medio pudo constatar al menos un caso documentado en un acta escolar donde los directivos intentaron contactar con el número provisto y no lograron hacerlo.
Los profesores tienen en sus manos un extenso documento enviado por el Ministerio de Educación, que se titula “Guía provincial para la intervención en protección ante situaciones complejas”.
En la página 70 de este documento se puede leer que si se detecta un estudiante armado y no quiere entregarla, los docentes deben priorizar la seguridad.
Se deben comunicar al 911 o la policía más cercana y con la Dirección de Seguridad de Escuelas. “Es fundamental actuar con calma, asumir siempre que el arma es real y está cargada, y transmitir tranquilidad tanto al estudiante como al resto de la comunidad educativa”, dice.
También se debe informar a la familia sobre lo ocurrido.
Pero si el estudiante muestra o manipula el arma los profesores deben llamar al 911, dialogar con el alumno “de forma calmada” y pedirle que “apunte hacia un lugar seguro”, que “retire el dedo del gatillo” y que “deje el arma en una superficie estable”.
Además, se debe evacuar al resto del alumnado y personal, y contactar a la familia. En cualquier sospecha o uso del arma, también corresponde aislar el lugar, no revisar al estudiante y seguir las indicaciones de las autoridades.
Un grupo de 15 docentes consultados por este medio coincidió en una misma idea: “No estamos capacitados para quitarle un arma a un alumno”. Y evaluaron la instrucción como “inaplicable”.
