Delitos desde prisión. Envían a juicio a 32 acusados por estafas telefónicas desde la cárcel de Bouwer
La fiscal Valeria Rissi investigó los movimientos de detenidos en el penal junto a apoyos desde el exterior. Las víctimas, por cifras elevadas, fueron principalmente del sur del país. Deben responder ocho reclusos y 24 "apoyos" desde el exterior del penal.
La fiscal de Delitos Complejos del 2° Turno de la ciudad de Córdoba, Valeria Rissi envió a juicio a una presunta banda de estafadores compuesta por nada menos que 32 personas acusadas de cometer al menos 19 fraudes telefónicos desde la cárcel de Bouwer.
El grupo fue muy oportuno porque utilizó la extraordinaria coyuntura de la pandemia para valerse de ardides creíbles.
Se valieron de diversos cuentos de "beneficios" otorgados a personas que creyeron en lo que les indicaba telefónicamente un "funcionario" de una entidad pública para ofrecerles el beneficio de un subsidio u otro engaño. En su mayoría, los dirigían a un cajero automático y les sacaban datos para hacerse de sus fondos. La mayoría de las víctimas pertenecía a provincias del sur de la Argentina.
Según la instrucción, los líderes de la asociación ilícita y operadores del call center que estafaba desde la cárcel de Bouwer, eran los ocho reclusos Carlos Andrés Defelippe (37), Brian Alexis Moreno (31), Tobías Gabriel Olmedo (28), Diego Alberto Porcel (30), Gastón Gonzalo Porcel (28), José Luis Ybáñez (38), Pablo Sergio Bassano (39) y Damián Alberto Antonio Oyola (47).
Pero, para concretar los cobros necesitaron el aporte de 24 personas que estaban en libertad y les servían de apoyo logístico para hacerse del dinero. Ellos eran Edith Alejandra Torres (36), Agustina Valeria Constanza Tula (31), Consuelo Mariana Antonella Lescano Tula (26), María Belén Páez (28), Abril Alessandrini (26), Karen Micaela Gutiérrez (28), Erika Elizabeth Cuellar (36), Abigail Soledad Martínez (30), Víctor Hugo Vieyra (46), Analía Soledad Pacheco (35), María del Valle Oliva (29), Evelin Jaqueline Ledesma (38), Débora Ivana González (44), Norma Susana Brondo (42), Cindy Dahyana Guzmán (34 años), Lucas Eduardo Ambrossi (35), Paula Andrea Arancibia (36), Micaela Celeste Ybarra Grizutti (25), Mariano Nahuel Reynozo (31), Ezequiel Héctor Escudero (34), Erick Jeremías Díaz (32), Alicia Inés Gorostiaga (50), Fátima Yamila Alina Abugauch (40) y Hugo David Torres (26).
El propósito fundamental de la organización criminal era la obtención de un rédito económico ilícito e indebido a gran escala a costa del patrimonio de personas indeterminadas en todo el territorio nacional, particularmente en el sur del país.
El oficio de la banda
La banda operó de forma coordinada con una clara vocación de permanencia y una estructurada división del trabajo. El modus operandi se ejecutaba mediante una triangulación delictiva entre presos y personas en libertad.
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Todo comenzaba con el engaño inicial, a partir de llamados desde la cárcel. Los cabecillas y organizadores (Defelippe, Moreno, Olmedo, los hermanos Porcel, Ibáñez, Bassano y Oyola) se valían de guías telefónicas y celulares ingresados clandestinamente, con los cuales llamaban de manera aleatoria a ciudadanos de diversas provincias.
Se identificaban bajo nombres falsos como representantes de la Anses o del Ministerio de Desarrollo Social. El ardid principal cosistía en hacerles creer que habían resultado beneficiarios de un subsidio estatal (especialmente el Ingreso Familiar de Emergencia –IFE durante la pandemia de Covid-19– o de un premio de la Lotería Nacional.
Una vez que lograban persuadir a la víctima para que ir a un cajero automático con su tarjeta de débito, los primeros "operadores" transferían la comunicación a otros miembros de la banda que se presentaban como "analistas en sistemas" (como Moreno o Gastón Porcel). Estos guiaban a los damnificados mediante pasos complejos para que, de forma involuntaria, generaran claves Token y usuarios de homebanking, o directamente solicitaran préstamos preaprobados a sus bancos.
Con las credenciales obtenidas, los imputados en Bouwer o sus soportes técnicos informáticos vaciaban las cuentas mediante transferencias inmediatas. El dinero era enviado a una red de "cuentas de destino" provistas por familiares y allegados fuera del penal (Páez, Alessandrini, Torres, las hermanas Lescano Tula, entre otras). Estas mujeres y colaboradores retiraban el efectivo rápidamente en comercios o cajeros automáticos, para luego distribuirlo entre los integrantes de la banda.
Las estafas
El expediente acredita una multiplicidad de fraudes particulares, de los cuales el documento detalla cronológicamente los 19 hechos de estafa. Entre otros, el 8 de marzo de 2020 contactaron a MMC fingiendo pertenecer a la Lotería Nacional por un supuesto premio de Movistar. Lo guiaron en un cajero del Banco Patagonia en San Antonio Oeste (Río Negro) para transferir 24 mil pesos a la cuenta de la imputada Abigail Martínez.
El 2 de abril de 2020 llamaron a AAS invocando el cobro del bono estatal de 10 mil pesos. La víctima fue a un cajero en Viedma y gestionó sin saberlo un préstamo de 49.625 pesos. Tras cortar por sospechas, los delincuentes intentaron presionarla por WhatsApp simulando ser de la Afip, pero el hecho quedó en grado de tentativa al no concretarse la transferencia.
El 9 de abril de 2020. bajo la falsa identidad del funcionario Claudio Morini (Anses), llamaron a EGB por un supuesto beneficio de monotributo para su hijo. La víctima tramitó un crédito por 248.125 pesos en Viedma y envió 80 mil oesos a la cuenta del imputado Víctor Hugo Vieyra
El 9 de abril de 2020 LGN fue contactado por un falso agente de Anses por el beneficio del IFE. Como no tenía tarjeta, utilizó la de su madre en Las Grutas y brindó claves Token. La banda ingresó al sistema, sacó un préstamo y transfirió 50 mil pesos a Paula Arancibia, 48 mil a Consuelo Lescano Tula y 23 mil en una segunda cuenta, generando un daño patrimonial de $121.000.
Días después engañaron a JIF en Viedma, simulando la entrega del IFE. Lograron que creara un usuario de homebanking e ingresaron y liquidaron sus fondos de una caja en dólares por 577,07 de la moneda norteamericana, consolidando una transferencia final de 39 mil pesos hacia la cuenta de la acusada Analía Pacheco.
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El 17 de abril de 2020 DKEH fue guiada telefónicamente en un cajero de San Antonio Oeste para "cobrar" los 10 mil pesos del Estado. Sacó un préstamo de 49.625 pesos pero advirtió la maniobra a tiempo y cortó la llamada, evitando que la banda se apoderara del dinero (tentativa).
El 18 de abril de 2020, mediante el engaño de Anses, obtuvieron telefónicamente los datos bancarios de JGC y entraron a su cuenta, tramitaron un préstamo de 100 mil pesos y derivaron 99 mil a dos cuentas de la imputada Agustina Tula, quien dispersó el dinero en extracciones en cajeros automáticos y compras en supermercados.
El 22 de abril de 2020 MGC fue inducida a error en Valcheta (Río Negro) por un falso gerente de Desarrollo Social. Al no servir su cuenta, usó la tarjeta de su suegra, gestionando un crédito por 74.437 pesos. Transfirieron 74 mil pesos a la cuenta de la acusada Agustina Tula.
El 24 de abril de 2020 NBB fue contactada por un falso empleado de Anses por el cobro del IFE de su esposo. En General Conesa (Río Negro), transfirió 85 mil pesos a la cuenta de Florencia Correa (fallecida) y otros 85 mil a la imputada María del Valle Oliva. Paralelamente le autogestionaron un préstamo de 99.250 pesos, pero un tercero en el banco alertó a la víctima y la estafa se interrumpió.
El 25 de abril de 2020 EAC y su pareja HEP fueron engañados en Viedma por la supuesta "Ayuda de la Nación". P obtuvo un crédito por 100 mil pesos y los delincuentes transfirieron 125 mil divididos entre las cuentas de las imputadas Débora González, Norma Brondo y Florencia Correa.
El 26 de abril de 2020 SO, al no poseer cuenta para cobrar el "IFE", le pidió la tarjeta a su vecino JDG en General Conesa. Siguiendo las instrucciones de los reclusos, JDG transfirió involuntariamente 98 mil pesos a la cuenta virtual de Brubank de la acusada Evelin Ledesma, fondos que se desviaron en cargas telefónicas, compras de construcción y retiros en Pago Fácil.
El 2 de mayo de 2020 JMM y su esposa BMT cayeron en el engaño del subsidio por Covid-19 en General Roca (Río Negro). Ella ingresó al cajero, generó un préstamo de 49.625 pesos y transfirió 50 mil directos a la cuenta de la imputada Karen Gutiérrez, quien retiró el efectivo ese mismo día.
Los hechos de estafa continúan hasta el 19° con similares modalidades, hasta la última estafa, cometida en setiembre de 2020.
