UNC. La Corte Suprema dejó firme la condena al profesor Luis Olmedo por extorsionar a alumnos de Odontología

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó el último recurso presentado por la defensa del odontólogo Luis Augusto Olmedo (73), condenado a ocho años de prisión en la Justicia Federal de Córdoba en 2023 por extorsionar a sus alumnos para aprobarlos en la cátedra de Microbiología, de la que era titular.

El caso conmocionó durante años a la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) debido a que Olmedo enviaba –según el expediente judicial– a los alumnos a una academia privada manejada por personas que le respondían. Aquellos que no cursaban y no pagaban ese ciclo paralelo a las clases universitarias, no aprobaban.

Con esta resolución firmada este jueves por los tres ministros de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se confirma la condena a ocho años de prisión efectiva e inhabilitación especial por 10 años para ejercer la docencia y cargos públicos.

Olmedo fue titular de la cátedra de Microbiología e Inmunología de la Facultad de Odontología de la UNC. Este fallo de la Corte avala en pleno la sentencia original de mayo de 2023 del Tribunal Oral Federal N° 1 (TOF 1) de Córdoba, integrado por los vocales Carolina Prado, Jaime Díaz Gavier y Julián Falcucci.

El expediente que instruyó "de oficio" el fiscal Maximiliano Hairabedian al hacerse eco de los padecimientos de los estudiantes, desenmascaró una red delictiva dedicada a "vender" la aprobación de materias.

El instructor expuso el funcionamiento de una aceitada matriz de corrupción institucional extendida de manera ininterrumpida durante casi tres décadas: desde mediados de los '90 hasta el estallido público del escándalo en 2020.

La modalidad delictiva usada por Olmedo consistía en una extorsión sistemática y obligatoria dirigida a los estudiantes de segundo año de la carrera, donde se cursa Microbiología. Para poder superar los exigentes parciales y finales de Microbiología e Inmunología, los alumnos se veían forzados a concurrir a una academia privada de preparación paralela que operaba bajo control del propio profesor.

Aquellos estudiantes que decidían resguardar su integridad académica o que carecían de los recursos económicos necesarios para costear las cuotas de la academia privada quedaban expuestos a un régimen implacable de desaprobación sistemática y arbitrariedad pedagógica.

Durante las audiencias del debate oral se ventilaron más de cincuenta crudos testimonios de damnificados. Los relatos evidenciaron casos aberrantes, como el de una alumna que se negó a ingresar en la maniobra delictiva y estuvo cinco años rindiendo de manera consecutiva la misma asignatura hasta que finalmente pudo aprobarla.

Otros llegaron a rendir hasta 7 veces, sin éxito. Lo peor de todo fue que muchos abandonaron la carrera por esa materia y otros sufrieron severos padecimientos psíquicos.

Las represalias ejercidas por Olmedo incluían el aplazo inmediato, la humillación verbal pública en las mesas examinadoras y la persecución explícita a los estudiantes que intentaban colaborar solidariamente con otros compañeros mediante el préstamo de apuntes de estudio o libros de texto sin la debida autorización de la red comercial clandestina.

Producto de esta extorsión sostenida en el tiempo, decenas de jóvenes se vieron obligados a abandonar permanentemente la carrera universitaria o a tramitar costosos e imprevistos traslados hacia otras casas de altos estudios del país debido al trauma psíquico y al bloqueo académico imperante en la institución cordobesa.

La sentencia que ahora adquiere la condición de cosa juzgada no solo alcanza al exprofesor titular, sino que ratifica las severas penas aplicadas a los demás integrantes del entramado criminal que hacían viable la recaudación ilegal.

Adrián Casalis, quedó sindicado como el organizador inicial y regente de la primera etapa del instituto privado de enseñanza informal. Fue condenado en calidad de coautor del delito de extorsión continuada a cinco años y medio de prisión.

En tanto, Augusto Massimino, fue declarado penalmente responsable de suceder a Casalis en la administración comercial de la academia privada de preparación. Este recibió condena de cinco años de prisión como coautor de la maniobra de extorsión en perjuicio de los alumnos universitarios.

Pero lo más trascendente fue la condena impuesta a quien era la decana de Odontología, Mirta Mónica Spadiliero de Lutri, quien recibió una condena de un año y diez meses de prisión en suspenso por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En el juicio se demostró que la entonces decana tenía pleno conocimiento formal e informal de las masivas denuncias de corrupción y de la supuesta "venta de exámenes" que circulaban de forma extendida por los pasillos de la institución, decidiendo de manera deliberada omitir cualquier tipo de intervención administrativa, sumario interno o denuncia judicial para proteger la figura de Olmedo.

Los alumnos le habían comunicado fehacientemente el accionar de Olmedo, pero no hizo nada para evitar la maniobra ilícita. Luego de mucho insistir se consiguió la apertura de una cátedra "B" que permitió a los alumnos cursar y aprobar según su mérito académico. Mientras tanto, Olmedo continuó como titular de su cátedra.

El arresto definitivo del odontólogo en su vivienda particular del barrio Nueva Córdoba a poco de iniciarse la investigación clausuró la trayectoria de un docente que ya contaba con antecedentes que iban más allá de lo académico.

Sin embargo, el profesor ya había tenido que vérselas con la Justicia. En junio del 2019, Luis Augusto Olmedo había protagonizado un episodio policial al ser aprehendido en flagrancia por el personal de seguridad de un supermercado céntrico de la capital cordobesa tras intentar sustraer mercadería (piezas de queso) ocultas entre sus pertenencias personales sin abonar.