El fiscal federal N° 1 de Córdoba Enrique Senestrari (63) comenzó a transitar una licencia por enfermedad de largo tratamiento, por lo que ya fue designada como subrogante su par de Bell Ville María Virginia Miguel Carmona.
Esto se desprende de la resolución 37 firmada el martes pasado por su jefe, el fiscal general Alberto Gabriel Lozada, quien dispone el reemplazo de Senestrari entre el período que va desde el pasado 8 de junio al 8 de julio próximo.
El escrito firmado por Lozada indica que la solicitud fue presentada a través del portal del Ministerio Público Fiscal (MPF) por el funcionario.
Al resolver positivamente el pedido, Lozada lo hace encuadrando el pedido como "enfermedad de largo tratamiento", según el artículo 22 del Régimen de Licencias.
Ante esto, el fiscal general designó en su reemplazo, en carácter de subrogante, a María Virginia Miguel Carmona.
Citado a indagatoria
La fiscal Miguel Carmona es una de las fiscales que el año pasado imputó a Senestrari por presuntas irregularidades en la investigación del secuestro y crimen del joven de Villa Dolores Santiago Aguilera (17).
El pedido de licencia de Senestrari se produce mientras se espera se presente a la indagatoria por esa causa en la que está imputado por violación de los deberes de funcionario público. Ya había realizado algunas otras presentaciones para evitar el inicio de la indagatoria.
La conducta dolosa que se le reprocha a Senestrari tiene que ver particularmente con su desempeño en los días de la investigación cuando aun corría peligro la vida de Santiago, en Villa Dolores, a mediados de 2022. Su presunto obrar al no indagar a un detenido –luego condenado– se considera determinante para evitar la ejecución del joven a cargo de sus captores.
Por otra parte, en el juicio a dos de los responsables del secuestro del joven dolorense, realizado hace un año en el Tribunal Oral 3, se determinó luego que uno de los acusados fue condenado con prueba irregular producida por la fiscalía de Senestrari.
Absuelto Ramírez, su familia y la de Santiago van contra el fiscal Senestrari
Junto con Miguel Carmona, el fiscal general de la Procuración General de la Nación, Pablo Nicolás Turano, analizó la denuncia de los padres de la víctima, Carlos César Aguilar y Mónica Lucía Allende, representados por el penalista cordobés Alejandro Dragotto y, tras el análisis de las constancias, determinó que Senestrari debe ser indagado por un juez como autor de una conducta dolosa.
La presentación judicial de la familia del joven Aguilera previamente había tenido el aval de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. La sala integrada por las vocales Liliana Navarro, Carolina Prado y Noel Costa apartó a Senestrari por “falta de objetividad”.
Días después de cumplir 63 años, Senestrari pide ahora una licencia de 30 días que se cumplen con el inicio de la feria judicial.
En caso de tener que renovarla a fines de julio, deberá hacerlo no ante su superior sino directamente ante la Procuración General de la Nación.
Una licencia anterior
La primer referencia en cuanto a antecedentes indica que Senestrari estuvo de licencia entre agosto de 2023 y febrero de 2024, cuando sufrió un grave proceso infeccioso que lo mantuvo más de 40 día inconsciente.
Una infección que ingresó por un oído generó un proceso que lo mantuvo internado varias veces, paralizado y prácticamente desahuciado por los médicos.
Estuvo 43 días en esa condición, inmóvil y casi todo el tiempo “dormido”. Después de manifestar su impotencia y expresar las peores presunciones, los médicos a punto de “bajar los brazos” decidieron intervenir el oído y allí hallaron el foco de la infección, alojada en el hueso mastoides. A partir de allí, la terapia de antibióticos comenzó a hacer efecto.
Cuando lo despertaron, 43 días después de su internación, tenía lucidez plena, pero su cuerpo estaba muy debilitado, con 15 kilogramos menos de peso y los músculos sin la menor fuerza porque le había quedado una “mielitis del paciente crítico”.
Sin embargo, semanas después despertó, se recuperó del cuadro infeccioso y tras ser dado de alta comenzó un proceso de rehabilitación exitoso que lo devolvió a sus funciones al regreso de la actividad tras la feria judicial de enero de 2024.
