Mafia de contenedores. Decían importar carbonato de calcio, pero introducían ropa a la Argentina

El fiscal Gabriel Pérez Barberá solicitó ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico (Tope) N° 3 penas de hasta ocho años y medio de prisión para los acusados de integrar una organización dedicada al contrabando de indumentaria y textiles.

El acusador fundamentó su pedido en la gravedad del daño causado al fisco, estimado en cuatro millones de dólares, y en la deslealtad comercial hacia los importadores que operan dentro de la ley, informó el diario La Nación.

La investigación, que se desprende del expediente principal de "la mafia de los contenedores", permitió desarticular una maniobra de falsificación sistemática de documentación aduanera.

El caso testigo que dio origen a la pesquisa ocurrió el 15 de enero de 2015, cuando la Justicia ordenó la apertura de un contenedor que declaraba transportar "carbonato de calcio" —con un arancel de tres mil dólares— pero que en realidad contenía más de 80 mil prendas de vestir valuadas en 600 mil dólares.

A partir de ese hallazgo, la instrucción llevada adelante por el juez Pablo Yadarola y el fiscal Pablo Turano determinó que no se trataba de un hecho aislado.

La organización habría logrado ingresar previamente otros 31 contenedores cargados con rollos de tela mediante el mismo método de subfacturación millonaria.

Según el alegato fiscal, la firma TT Cargo, actuando como agente de transporte aduanero, era la pieza central en la coordinación de estas maniobras.

El proceso judicial involucra a 11 imputados, entre los que se encuentran integrantes de la firma de transporte, despachantes de Aduana y funcionarios aduaneros de jerarquía.

Durante su exposición ante los jueces Alejandro Zabala, Karina Perilli y Fernando Machado Pelloni, el fiscal Pérez Barberá enfatizó que la prueba documental recolectada es "abrumadora" y destacó que los acusados se burlaron del sistema estatal para delinquir, afectando la sostenibilidad del régimen aduanero.

A pesar de la magnitud del contrabando, las fuentes judiciales señalaron que no se imputó a las empresas textiles que fueron las destinatarias finales de la mercadería. Una sola de estas compañías recibió 19 de los 31 contenedores bajo sospecha en un período de solo cinco meses durante el año 2015.

El fiscal concluyó su alegato señalando que una sentencia condenatoria en este debate, que guarda estrechas similitudes operativas con la causa instruida por el juez Marcelo Aguinsky, podría sentar un precedente valioso para otros expedientes de gran escala que aún aguardan su llegada a juicio oral.

Además de las penas de prisión, el Ministerio Público solicitó sanciones para las firmas TT Cargo y Cuiper SA bajo la figura de responsabilidad de personas jurídicas.