Importantes penas de prisión y resarcimiento parcial a las firmas damnificadas fue el saldo de una condena a una asociación ilícita de al menos nueve integrantes que se dedicaba a sacar tarjetas de crédito con suplantación de identidad, con el objeto de realizar compras por montos elevados.
La sentencia se escuchó en la mañana de este viernes en la Cámara 10ª del Crimen de Córdoba y dio por concluido un expediente que había instruido la Fiscalía de Delitos Complejos a cargo de Valeria Rissi. Lo más llamativo es que los dos líderes recibieron elevadas penas de prisión.
La banda estaba dedicada a cometer estafas mediante suplantación de identidad y operó en la ciudad de Córdoba entre 2020 y 2024. El grupo era comandado por los líderes Luis Alberto Rodríguez y Alberto Damián Rutiz Marco, quienes diseñaron una operatoria basada en la utilización de DNI extraviados o robados para obtener beneficios económicos indebidos.
Según el expediente, los miembros de esta banda analizaban los perfiles crediticios de las víctimas y, haciéndose pasar por ellas, abrían cuentas bancarias, solicitaban tarjetas de crédito o débito y gestionaban préstamos personales. También realizaban consumos a través de esas tarjetas y de otros dispositivos electrónicos de cobro, simulando operaciones comerciales (posnet).
Como confirmación de la asociación ilícita, ambos líderes reclutaron a varias personas para cumplir con funciones específicas según una distribución de tareas.
Operatoria
Los roles eran los siguientes: Nicolás Alejandro Ávila facilitó cuentas y billeteras virtuales para canalizar transferencias y cobros, Gabriela Alejandra García participaba en la suplantación de identidad y aportaba cuentas para mover el dinero, mientras que sus hijas Sheila Daiana Ochoa García y María Silena Ochoa García colaboraban proporcionando datos de contacto y medios de pago.
Maximiliano Andrés Mare Artaza habría actuado como referente de confianza para poder concretar las operaciones. Jorge Samuel Farfán y Jeremías Emanuel Barrera Gómez también integraban la asociación, simulando identidades y participando en distintas maniobras fraudulentas.
Con esta operatoria, la organización logró concretar numerosas estafas que afectaron a particulares, a comercios y a entidades financieras. El accionar de la banda se extendió hasta abril de 2024, cuando se produjeron las detenciones de algunos de sus integrantes; otros ya estaban detenidos, condenados por hechos similares (García y Rutiz).
En el debate se juzgaron 16 hechos de estafa o defraudaciones por el uso no autorizado de tarjeta, en la que se alternaban los diferentes integrantes de la asociación. Además, dos hechos particulares atribuidos solamente a Farfán.
También integraron la causa dos hechos de encubrimiento agravado, atribuidos a Rodríguez, por la receptación de dos de los DNI utilizados en los hechos mencionados.
Las condenas
El fiscal de cámara Gustavo Arocena sostuvo la acusación en el juicio y consiguió importantes condenas.
A Alberto Damián Rutiz Marco se le probaron asociación ilícita en calidad de organizador, estafa reiterada (nueve hechos) y defraudación por el uso de tarjeta de crédito obtenida del legítimo emisor mediante engaño o uso de sus datos, continuada reiterada (seis hechos). Por esto, se le impuso la pena de siete años de prisión, más multa complementaria de $ 88 mil. A su vez, se unificó esta condena con otras anteriores (de tres años y medio y de cinco años y dos meses de prisión) en una elevada condena de 11 años y nueve meses de prisión, con la misma multa.
Luis Alberto Rodríguez, también condenado como organizador de la asociación ilícita, más estafa reiterada (cuatro hechos), defraudación por el uso de tarjeta de crédito obtenida del legítimo emisor mediante engaño y/o uso de sus datos continuada reiterada (tres hechos) y encubrimiento agravado por el ánimo de lucro reiterado (dos hechos), recibió cinco años y cuatro meses de prisión, más multa complementaria de $ 88 mil.
Gabriela Alejandra García terminó siendo responsabilizada como miembro de asociación ilícita, estafa reiterada (seis hechos) y defraudación por el uso de tarjeta de crédito obtenida del legítimo emisor mediante engaño y/o uso de sus datos, continuada reiterada (cuatro hechos), por lo que terminó con tres años y 10 meses de prisión, que se unificaron con condena anterior (de cuatro años y ocho meses de prisión) en la pena única de seis años y cuatro meses de prisión. Además, fue multada en $ 60 mil.
Jorge Samuel Farfán, también miembro de asociación ilícita, de estafa reiterada y de defraudación por el uso de tarjeta de crédito ya filiado, coautor materialmente responsable de los delitos de asociación ilícita en calidad de miembro –hecho nominado 1°–, estafa reiterada –tres hechos– y defraudación por el uso de tarjeta de crédito obtenida del legítimo emisor mediante engaño y/o uso de sus datos, recibió tres años y cuatro meses de prisión, más multa de $ 60 mil.
A Nicolás Alejandro Ávila le fue un poco mejor porque también fue condenado por los mismos delitos que los anteriores, pero recibió una pena de tres años de prisión, por lo que su abogado solicitó el cese de la prisión preventiva y recuperó la libertad.
En cambio, Jeremías Emanuel Gustavo Barrera Gómez, con similares delitos en la condena, recibió una pena de tres años y dos meses de prisión, pero se la unificaron con anterior en pena única de tres años y cuatro meses. Además, le impusieron multa de $ 50 mil.
María Silena Ochoa García, Maximiliano Andrés Mare Artaza y Sheila Daiana Ochoa García fueron condenados por su pertenencia a la asociación ilícita y delitos menores de defraudación, con penas para cada uno de tres años de prisión efectiva y multa de $ 50 mil. Los tres mantendrán el cese de prisión hasta que la sentencia quede firme.
Los resarcimientos
El fiscal Arocena y algunas defensas negociaron las penas por imponer teniendo en cuenta que algunos de los condenados hicieron depósito de montos resarcitorios.
El veredicto de la Cámara 10ª ordena la distribución del monto de $ 3.472.000 que depositaron Luis Alberto Rodríguez y Nicolás Alejandro Ávila en favor de los damnificados de causa.
Naranja recibirá $ 1.730.560; Musimundo (actual On City), $ 101.400; Argenpesos de Argencred, $ 180.700; Megatone Net, $ 463.060; Natalia Hogar y Crédito, $ 124.280.
Como en el hecho 3 no se especificó qué entidad fue perjudicada, se depositó un plazo fijo de $ 124.280 en Bancor hasta tanto se determine qué empresa resultó damnificada.
