Escándalo, Chaco: imputarán a exdirectivos del Hospital de Quitilipi por la contratación de una "falsa médica"
La justicia investiga la responsabilidad de las autoridades del Hospital “Dr. Emilio F. Rodríguez” en el ingreso de Lidia Mabel Ojeda, quien atendió a más de 1.200 pacientes sin poseer título habilitante.
La investigación judicial sobre Lidia Mabel Ojeda, la mujer acusada de ejercer ilegalmente la medicina en hospitales públicos de la provincia de Chaco, tomó un nuevo rumbo al alcanzar a las autoridades responsables del centro de salud donde prestaba servicios.
El fiscal de Investigaciones Marcelo Soto citó a declaración indagatoria a los ex directores del Hospital de Quitilipi, Carina Gabriela Villalba y Daniel Alfredo Acuña.
Ambos ex directivos deberán presentarse ante la justicia el próximo 3 de julio bajo apercibimiento de detención inmediata en caso de inasistencia. La fiscalía busca determinar si existió una omisión en el control de las credenciales de Ojeda, permitiendo que la mujer se desempeñara como profesional de la salud durante un prolongado período.
El saldo de una práctica ilegal
Según los registros incorporados a la causa, la imputada atendió al menos a 1.230 pacientes durante sus guardias en el hospital. Sin embargo, las consecuencias de su accionar trascienden la usurpación de título, ya que se le vincula con casos de extrema gravedad:
- Fallecimientos: se investiga su responsabilidad en las muertes de Lorenzo Blanco, Germán Luque y Mario García.
- Secuelas gravísimas: entre los denunciantes se encuentra Franco Ariel Escobar, quien sufrió la amputación de una pierna y permanece en terapia intensiva, y Pedro Ángel Sosa, un paciente en lista de espera para trasplante cardíaco que sufrió una lesión grave tras la aplicación de un medicamento.
- Pérdida de embarazos: una pareja denunció la pérdida de un embarazo de tres meses tras ser atendidos por la acusada.
Un "punto de inflexión" en la causa
El abogado de los damnificados, Daniel Acosta, calificó la decisión del fiscal como un "punto de inflexión" que amplía la responsabilidad penal hacia los directivos.
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Por su parte, la defensa de Ojeda, ejercida por Felipe Fontanetto, argumentó que si la fiscalía sostiene la acusación por homicidios y lesiones, los directores deberían ser considerados partícipes necesarios, ya que sin su anuencia la mujer no podría haber trabajado en el establecimiento.
Lidia Mabel Ojeda permanece bajo prisión preventiva en la División Atención a la Mujer de Presidencia Roque Sáenz Peña. Enfrenta cargos por homicidio, usurpación de título, ejercicio ilegal de la medicina y aborto.
