No es la primera vez que la conducta del fiscal Javier Di Santo está bajo la lupa. Antes del actual proceso de jury, sorteó un pedido de destitución y una denuncia penal vinculados a su instrucción de la causa Nora Dalmasso (51)
Di Santo fue el primer fiscal a cargo de la causa, aquel 26 de noviembre del 2006. Pero enseguida, la Fiscalía General de la Provincia le puso como colaborador a su par, Fernando Moine y, a mediados de diciembre, sumó al equipo al cordobés Marcelo Hidalgo.
A horas del crimen, el abogado laboralista y ex secretario de lucha contra el Narcotráfico de la Nación, Daniel Lacase –amigo del viudo Marcelo Macarrón–, dijo a los medios que el gobernador José Manuel de la Sota se había comunicado con él y le había prometido que el crimen de Nora Dalmasso se investigaría “hasta las últimas consecuencias”. Incluso, “que de ser necesario, se daría intervención a la Side y al FBI”.
Enseguida llegó a la ciudad el jefe de la División Homicidios de Córdoba, Rafael Sosa, con colaboradores que habían esclarecido casos resonantes, como el del violador serial.
Desde el primer día circulaban en Río Cuarto rumores que vinculaban a la víctima con Rafael Magnasco, asesor del secretario de Seguridad de la Provincia, Alberto Bertea. Magnasco se ofreció a hacerse un ADN que lo desvinculó del hecho. Nunca se supo quién hizo rodar tales versiones infundadas.
La del caso Dalmasso no arrancó como una investigación más. En medio de la vorágine periodística, el infierno de rumores y de violencia de género, hasta trascendió que había habido un almuerzo entre el ministro de seguridad, Sergio Busso, el secretario Bertea y el fiscal general General Vidal Lascano. Bertea y Busso renunciaron y cayó hasta la cúpula policial.
En enero del 2007, año electoral, se enviaron al FBI las primeras 45 muestras de material secuestrado en la escena del crimen de Nora Dalmasso.
"El perejilazo" y el cimbronazo político
En febrero, los investigadores de Sosa en Río Cuarto apuntaron al pintor Gastón Zárate. Tras su detención, se produjo la manifestación popular de “el perejilazo”. El intendente de Córdoba, Luis Juez, acusó a José Manuel de la Sota de haber dado la orden de detener a Zárate.
El pintor fue liberado en tiempo récord por el juez de Control Daniel Muñoz, aunque Di Santo lo mantuvo imputado hasta que llegaron los resultados del FBI, recién en el 2011.
"Los fiscales no les explicaron a los cordobeses qué pruebas tuvieron en cuenta para ordenar la detención de Zárate. Por eso la gente no les cree y yo tampoco", reprochó el gobernador. Luego de las críticas de De la Sota, el fiscal general de Córdoba, Gustavo Vidal Lascano, presentó su renuncia.
El primer jury no se abrió
En otro año electoral, el 2011, el legislador oficialista Raúl Omar Costa presentó un pedido de jury contra los fiscales Javier Di Santo, Marcelo Hidalgo y Fernando Moine. “No preservaron debidamente la escena del crimen (…) habrían incurrido en mal desempeño debido a la incorrecta y desprolija recepción e incorporación de las declaraciones testimoniales”, decía la denuncia.
El legislador los acusaba, además, por haber ordenado detener a Zárate mientras que a Magnasco siempre se lo mantenía en libertad. También los cuestionaba por haber citado a declarar al ex secretario Alberto Bertea “entre gallos y medianoche”.
El 17 de noviembre del 2011, el Jurado de Enjuiciamiento integrado por Aida Tarditi, Walter Saieg, Miguel Nicolás, Gustavo Lassa, Rodrigo Serna y Sergio Busso desestimó totalmente la denuncia.
“El jurado de enjuiciamiento no es una instancia revisora del acierto o error de las resoluciones judiciales dictadas en un proceso en trámite, en contra de las cuales caben los recursos, si fuera el caso, por las partes legitimadas para ello”, expresaron.
La resolución dice: “El mal desempeño requiere de una multiplicidad de actos (…) No cualquier error judicial resulta captable en la causal de destitución, toda vez que además de una singular gravedad se requiere su inexcusabilidad, lo que en modo alguno puede predicarse de las resoluciones provisorias que se adoptan en un proceso y que pueden revertirse en caso de que resulten desacertadas (…)”.
Y agrega: “Mal desempeño puede haber y habrá siempre en meras inadvertencias parciales, desaciertos y pasajeras negligencias, pero ellos –individual o conjuntamente– no constituyen la causal de destitución sino excluyen la capacidad y equidad del juez para aplicar el derecho y dirigir el proceso y la dignidad de su conducta es la garantía pública de esa idoneidad“. Con todo, rechazaron la denuncia de Costa y los tres fiscales continuaron en funciones. El único que luego ascendió fue Hidalgo.
Denuncia penal archivada
En 2015, el periodista Hernán Vaca Narvaja, desde el Observatorio de Derechos Humanos de la UNRC, denunció penalmente a Javier Di Santo por la parálisis de la causa tras el sobreseimiento de Facundo Macarrón (2012). Ante la investigación por presunta "omisión de represión de la delincuencia", el fiscal se apartó del caso.
El juez de Control Daniel Muñoz archivó las actuaciones al considerar que no hubo omisión en la búsqueda de los autores. El magistrado sostuvo que la falta de resultados respondió a las "circunstancias adversas" del proceso, las cuales funcionaron como un "límite infranqueable" para que el fiscal rediseñara una teoría del caso.
Ahora el Jury en curso, en un proceso inédito, avanza en la evaluación del accionar del fiscal Di Santo, así como el de sus sucesores: Daniel Miralles y Luis Pizarro, todos acusados de mal desempeño y negligencia grave
