“Los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones”, es la idea central sobre la que versa el comunicado de la Asociación Civil Agrupación de Abogados Penalistas de Córdoba (Acaapc) cuyos integrantes se pronunciaron ante diversas expresiones en los medios de comunicación y redes sociales a partir del caso del femicidio de Agostina Vega (14).
Desde aquel fin de semana largo –entre el 23 y 25 de mayo pasado– cuando se reportó la desaparición de Agostina y, particularmente, a partir de la detención de Claudio Barrelier (33) y el hallazgo del cuerpo de la víctima, hubo sucesivas críticas al desempeño de numerosos operadores jurídicos.
Primero se cuestionó a funcionarios judiciales, como los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzón, y luego a los abogados que intervienen en la causa, sea como defensores o querellantes.
Los abogados penalistas firmaron una nota con más de 150 adhesiones, manifestaron su preocupación por esas críticas y defendieron el libre ejercicio de la profesión. Se quejan por "hostigamiento", "agravio" y "estigmatización" que los perjudica frente a su legítimo ejercicio profesional.
Se quejan porque se ha atacado su actividad y señalan que hay embates contra los abogados que ejercen su tarea profesional, más allá de su rol.
En esa línea, señalan que se descalifica a los querellantes "porque son 'puestos' o pagados por el Gobierno" y a defensores a quienes se identifica con actividades ilegales –tráfico de drogas y trata de personas– como así también de tildar de "mamarracho" a una colega porque se negó a dar una nota periodística.
De igual modo, se muestran molestos los penalistas –consultados por este medio– por la vinculación que se hace de sus intereses con otras defensas que han asumido, arriesgando relaciones indebidas que no tienen nada que ver con su labor de defender a una persona que está en conflicto con la ley.
Esto se subordina al concepto citado al comienzo, de identificar indebidamente al abogado con el defendido o con la acusación que se le reprocha.
El texto
El comunicado fue firmado inicialmente –el viernes pasado– por más de 100 abogados integrantes de esta asociación civil creada el año pasado. Luego, con el correr de estos días del fin de semana largo el número ya superó los 150.
El título de la nota publicada por Acaapc en redes sociales y enviada a esta redacción es "Sin defensa no hay justicia" y tiene una carilla con los conceptos de defensa gremial y otra en las que se incluyen cada una de las firmas con la matrícula profesional del abogado penalista.
El escrito sostiene: "Expresamos nuestro más enérgico rechazo a toda manifestación de hostigamiento, agravio o estigmatización dirigida contra abogados y abogadas por el solo hecho de ejercer la defensa técnica de personas sometidas a proceso penal".
El documento continúa: "En un Estado de Derecho, el derecho de defensa no es un privilegio: es una garantía constitucional fundamental. Su vigencia no depende de la gravedad de una acusación, de la repercusión mediática de un caso ni del juicio anticipado de la opinión pública".
"Los abogados no juzgan los hechos ni responden por las conductas atribuidas a sus defendidos. Su función es garantizar que todo proceso se desarrolle conforme a la Constitución, la ley y los tratados internacionales de derechos humanos", continúa la nota de Acaapc.
El concepto central del documento es una cita del Principio 18 de los "Principios Básicos sobre la Función de los Abogados" de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual establece expresamente: “Los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones”.
Luego de esta cita, los penalistas cordobeses indican: "Defender no es justificar. Defender no es adherir. Defender es hacer efectiva una garantía que protege a todos los ciudadanos".
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Con estos argumentos, los abogados penalistas cordobeses señalan: "Reafirmamos nuestro compromiso con la independencia de la abogacía, el derecho de defensa y la plena vigencia del Estado de Derecho".
El último párrafo de la nota remarca una conclusión: "Porque cuando se ataca a los abogados por (su labor de) defender, no se ataca solamente a una profesión: se pone en riesgo una garantía fundamental de todos los argentinos".
