Justicia. Camión narco: confirmaron la elevación a juicio de la causa contra Alicio Dagatti

A días de que el presidente de la Asociación Atlético Estudiantes de Río Cuarto, Alicio Dagatti, anunciara que no continuará en la conducción del club y llamara a elecciones, se conocieron avances en la causa judicial en su contra como presunto jefe de asociación ilícita.

Todo comenzó a fines del 2024 cuando se detectó el ingreso de droga, teléfonos y otros elementos prohibidos en un camión del frigorífico Livorno, de Dagatti, en la cárcel de Bouwer. El empresario y dirigente futbolístico del sur provincial estuvo detenido por este tema durante ocho meses, hasta que recuperó la libertad bajo caución (de 1,4 millones de dólares).

La investigación fue sustanciada por el fiscal de Delitos Complejos Nº 1 de Córdoba, Enrique Gavier, quien en noviembre pasado pidió la elevación a juicio para Alicio Dagatti, su hijo Ignacio Dagatti, Luis Mina (director del frigorífico) y otros cinco presuntos integrantes de la organización.

Pese a los planteos de nulidad y oposiciones de la defensa, que siempre intentó infructuosamente que la causa pase al fuero federal, este martes el juez de Control y Faltas 7 de Córdoba, Milton Peralta, confirmó la elevación a juicio para los nueve imputados.

Todos niegan los cargos y se declaran inocentes. Les queda recurrir a la Cámara de Acusación.

La acusación menciona que, “al menos desde el año 2015, el Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba resultó inmerso en una severa crisis motivada en la conformación de numerosas asociaciones ilícitas integradas por funcionarios públicos penitenciarios, empleados de la institución y operadores externos”.

Sostiene que, en esas circunstancias, “por lo menos desde el año 2023”, Alicio Osvaldo Dagatti, Alicio Ignacio Dagatti, dueños del frigorífico Livorno S.A, y Luis María Mina, director de esta firma proveedora del Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba, presumiblemente con fines de lucro, se habrían asociado para realizar múltiples e indeterminados delitos.

Se considera que Dagatti, padre e hijo y Mina eran jefes de la banda y que se habrían valido del control del frigorífico para defraudar al Estado Provincial y particulares, “abasteciendo a las cárceles de productos cárnicos no aptos para el consumo humano”.

Se los acusa de procurar “vulnerar el patrimonio del Estado provincial a través de fraudulentos reclamos administrativos” y de establecer “un mecanismo muy bien aceitado para el ingreso clandestino a los establecimientos carcelarios de los elementos prohibidos entre otros: teléfonos celulares, fuentes de alimentación, cables USB, auriculares, plaquetas de cargador para teléfonos celulares, bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes, para los internos”.

Según la investigación de Gavier, avalada ahora por Peralta, los Dagatti, como proveedores de carne del Servicio Penitenciario, “posiblemente asociados con la cúpula de esta institución, aprovecharon las facilidades que este escenario les brindaba, para asumir la provisión de elementos prohibidos destinados a los reclusos, elementos que eran utilizados para llevar adelante la comisión de fraudes telefónicos sumamente lucrativos”.

De acuerdo a la elevación a juicio, de la asociación ilícita también habrían formado parte Ramón Alexis Farias, funcionario penitenciario, con jerarquía de subadjutor y ecónomo en Bouwer; Maximiliano Gastón Irusta, empleado de la empresa encargada de trasladar los productos cárnicos; Federico Emanuel Giardina, operario del frigorífico Livorno S.A.; Virginia Collosa, abogada de Dagatti; Roberto Adrián González, veterinario de Livorno y Luis Claudio Casiraghi, empleado administrativo del frigorífico.

Para la investigación, Alicio Osvaldo Dagatti, además, “se encargaba de reclutar a diferentes personas, operarios de la empresa Livorno S.A., empleados de la empresa de transporte de Oscar Alberto Bravo, y a otros funcionarios penitenciarios (…) a quienes los instruía sobre la manera en la que debían llevar a cabo el ingreso clandestino de los elementos prohibidos, a cambio de cuantiosas sumas de dinero, intimidándolos en caso que se negaran a cumplir las tareas encomendadas”.

Se interpreta que Alicio Ignacio Dagatti y Luis María Mina “soslayaban el cumplimiento de las medidas de seguridad exigidas para llevar a cabo el transporte de los productos cárnicos, de modo en que eficazmente lograban ocultar que los elementos prohibidos eran insertados en las medias reses (…) dentro del frigorífico”.

En tanto, se acusa a Mina de impartir indicaciones a los miembros de la banda, entre ellos a Federico Emanuel Giardina, para que prepare los productos cárnicos, a los fines de ocultar su condición nociva. Por otra parte, se presume que la abogada de Dagatti, Virginia Collosa, era parte de la asociación ilícita y seguía las directivas de los jefes y les brindaba asesoramietno legal para llevar adelante la actividad ilícita que se había propuesto.

Con respecto al veterinario Roberto Adrián González, la elevación a juicio sostiene que habría realizado de manera irregular tareas para las que la banda requería un profesional en la materia.

También Luis Claudio Casiraghi, empleado administrativo del frigorífico, es acusado de suscribir, “en lugar del profesional veterinario”, documentación habilitante para el traslado de los productos cárnicos.

La acusación considera probable que, a fin de efectuar el ingreso clandestino de elementos prohibidos en Bouwer, otros empleados de la empresa frigorífica no identificados, dentro de la frigorífica hacían el trabajo de colocar paquetes entre las medias reses destinadas a las cárceles.

Se sospecha que el transportista Maximiliano Gastón Irusta, con conocimiento de la actividad ilícita desplegada, luego ingresaba reiteradamente en forma clandestina al ámbito carcelario los elementos prohibidos.

Para la investigación, la organización presuntamente liderada por Dagatti habría contado “con la complicidad permanente de los funcionarios penitenciarios como el imputado Ramón Alexis Farías, quien habría garantizado el ingreso de los elementos prohibidos de manera clandestina.

Alicio Dagatti tiene otra causa en la Justicia Federal de Río Cuarto por presunto lavado de activos.