Buenos Aires. Amenazas en escuelas: identifican a los responsables y piden embargar a sus padres

La fiscalía de Responsabilidad Juvenil del distrito judicial de Moreno - General Rodríguez identificó a siete menores de edad sospechosos de realizar una serie masiva de amenazas de tiroteos contra establecimientos educativos.

Ante la gravedad de los hechos, el Ministerio Público solicitó formalmente el embargo de los bienes de los progenitores para resarcir los daños económicos provocados al Estado provincial.

La investigación, liderada por la fiscal Alejandra Piqué en coordinación con Érica Chiessi y Solange Castelli, se inició tras una jornada crítica el jueves pasado, cuando se reportaron 70 denuncias de directores escolares en una sola jurisdicción. Las intimidaciones, que incluían pintadas con la frase “Mañana tiroteo”, generaron una profunda preocupación en la comunidad educativa.

Tras la identificación de los sospechosos, la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) local llevó a cabo siete allanamientos este martes. Durante los procedimientos se secuestraron diversos elementos de interés para la causa penal que involucra a estudiantes de la zona.

Durante los operativos, los agentes policiales incautaron armas de fuego que habrían sido exhibidas previamente por los alumnos en redes sociales como parte de los mensajes intimidatorios. Además, se procedió al secuestro de una cantidad significativa de dispositivos tecnológicos, como teléfonos celulares, tablets, computadoras y consolas de videojuegos.

De los siete identificados, dos de ellos tienen 16 años, lo que los sitúa en una franja de edad legalmente punible según la normativa vigente. Todos los sospechosos fueron notificados por el delito de intimidación pública y deberán presentarse a una audiencia de declaración indagatoria acompañados obligatoriamente por sus padres.

La solicitud de embargo ahora debe ser analizada y dispuesta por la jueza de Garantías del Joven, Mirta Guarino. El monto del daño ocasionado todavía no fue estipulado, tarea que recaerá sobre la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires.

Las autoridades judiciales aclararon que, si bien las clases no fueron suspendidas en la mayoría de los casos, la sanción económica busca cubrir los gastos derivados de las investigaciones y los despliegues policiales. También se incluirán en la cuenta los recursos invertidos por el cambio de protocolos de seguridad en los establecimientos afectados.

Esta tendencia de hacer responsables patrimoniales a las familias ya se aplica en otras jurisdicciones del país, donde se busca desincentivar estas prácticas mediante multas severas. En Mar del Plata, el fiscal general Fabián Fernández Garello ya dispuso que los padres afronten los gastos de operativos similares generados por conductas de sus hijos.

Por su parte, el gobierno de Santa Fe estimó que el despliegue de seguridad por un sólo procedimiento de este tipo oscila entre los $ 5 millones y $ 6 millones. Además del impacto económico, los involucrados podrían enfrentar antecedentes negativos que dificulten la solicitud de certificados o permisos de viaje a futuro.

En la provincia de Corrientes, las autoridades policiales también emitieron comunicados advirtiendo que no se tolerarán incitaciones a la violencia ni actos de intimidación pública. La fuerza remarcó que estos hechos son investigados bajo el artículo 149 bis del Código Penal Argentino, referente a las amenazas coercitivas.

Desde el punto de vista civil, la normativa nacional establece una responsabilidad solidaria por parte de los adultos responsables. Según el artículo 1754 del Código Civil y Comercial de la Nación, citado por las fuerzas de seguridad, la obligación de reparar el daño recae directamente sobre quienes ejercen la responsabilidad parental.