Inseguridad en Córdoba. Robaban autos, investigaban a las víctimas y luego asaltaban sus casas: 8 detenidos
Para la Justicia, integraban una banda que hacía su propia “inteligencia” para cometer “escruches”. Fueron imputados por el presunto delito de “asociación ilícita”. No se descartan nuevos procedimientos.
Un grupo de ocho sospechosos fue detenido en la madrugada de este martes, acusados de integrar una presunta “asociación ilícita” que primero robaba vehículos en la ciudad de Córdoba y luego averiguaban, gracias la tarjeta verde que encontraban en los automóviles sustraídos, las direcciones de las víctimas.
El resultado era un golpe doble: al cabo de unos días, los asaltantes aparecían en los domicilios de los dueños. Tras dar un timbrazo para corroborar la ausencia en la morada, ingresaban y se llevaban los objetos de valor.
La causa está en manos de la fiscala Lourdes Quagliatti, quien ordenó 25 allanamientos en las últimas horas en los barrios Cáceres, Bella Vista (zona sur de la ciudad de Córdoba), y en Yofre (franja norte de la Capital), tras una sostenida investigación iniciada a partir de las primeras denuncias radicadas en julio de 2025.
En ese marco, y con el soporte de la Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía, se concretaron las detenciones.

“Se detuvo a los aparentes integrantes de toda la banda, o al menos de su gran mayoría. Sin embargo, no podemos descartar que surjan nuevas pistas y que continúe la labor”, dijo a La Voz una alta fuente investigativa.
Los acusados serán trasladados al complejo carcelario de Bouwer y permanecerán en condición de detenidos, a disposición de la Justicia.
Por el momento, la fiscalía omitió la descripción de mayores detalles, incluidos los nombres de los imputados: “En caso de que los celulares secuestrados arrojen nueva información, se requerirá plena confidencialidad para continuar con la persecución penal”, señaló una fuente judicial.
El raid delictivo: primero el auto, después la casa
Según reconstruyeron los investigadores, la modalidad era tan sencilla como eficaz. El punto de partida fue un procedimiento de control en la vía pública en el que se logró la aprehensión de un hombre vinculado a la sustracción de automotores.
A partir de allí, la pesquisa se expandió.
El departamento de Sustracción de Automotores de la Policía profundizó el análisis del entorno del sospechoso, lo que incluyó —según informaron fuentes policiales— pericias sobre redes de contactos y el análisis de telefonía celular.
Con el paso de las semanas, los investigadores detectaron que detrás de los robos de vehículos podría existir algo más que hechos aislados.
La hipótesis que terminó consolidándose fue que el grupo sustraía autos estacionados en la vía pública, tanto en la zona norte como en la zona sur de la ciudad capital. Según la investigación, con el vehículo en su poder, revisaban en el interior.

Si encontraban documentación con la dirección del propietario o incluso llaves que pudieran corresponder al domicilio, el siguiente paso era planificar el golpe domiciliario.
Días después del robo del auto, una mujer —y siempre según lo investigado— se presentaba en la vivienda. Tocaba timbres, golpeaba puertas y verificaba si había movimiento. Si nadie respondía, avisaba al resto del grupo.
Entonces ingresaban y desvalijaban la casa.
En otros casos, aun cuando no hubieran obtenido información directa de un vehículo robado, la banda también habría realizado “escruches” (robo en una vivienda, sin sus ocupantes) valiéndose de datos recolectados por su cuenta.
“Ellos mismos se abastecían de la información que iban recabando de acuerdo con los hechos que cometían”, explicó una fuente del caso.
La presunta asociación ilícita y los roles
Para que exista el delito de asociación ilícita, la Justicia debe considerar (y luego demostrar) que se trata de una organización estable en el tiempo, con roles predefinidos y coordinación entre sus miembros con el propósito de cometer delitos.
En este caso, los investigadores entienden que esos elementos estarían presentes. La pesquisa logró establecer las funciones que cumplían al menos ocho personas.
Según la información recabada hasta ahora, había “levantadores” y encargados de sustraer los vehículos en la vía pública.

Otros cumplían tareas logísticas: buscar a los ejecutores del robo, trasladarlos y asegurar su movilidad. También se identificó a la mujer que habría tenido un rol durante la etapa previa a los robos domiciliarios: tocar los timbres y completar el “estudio de terreno” para descartar la presencia de moradores.
Las comunicaciones se realizaban, aparentemente, mediante distintas aplicaciones de mensajería y llamados telefónicos, lo que ahora es materia de análisis pericial.
Los investigadores, que durante los allanamientos secuestraron teléfonos, buscan saber si en estas conversaciones se planeaban los golpes y si existía un cabecilla que daba órdenes o tenía un mayor involucramiento en las planificaciones.
En cuanto a los detenidos, fuentes de la investigación explicaron que “son todos mayores de edad y la mayoría cuenta con antecedentes penales”.
Y si bien la imputación central es la de “asociación ilícita”, figura que permite abarcar el conjunto de hechos investigados, no se descarta que, con el avance de la causa, puedan sumarse otras calificaciones penales vinculadas a robos reiterados o agravados.
Inhibidores y pistas que complican a la banda
La pesquisa se nutrió de distintos indicios. Las cámaras de seguridad domiciliarias aportaron imágenes de movimientos sospechosos en las horas previas a los “escruches”. También fueron clave los testimonios de los damnificados, quienes advirtieron que el robo de sus casas se había producido pocos días después de la sustracción de sus vehículos.
Por otra parte, durante los allanamientos se secuestraron handy tipo inhibidores de alarmas, objetos que podrían tener gran relevancia para la investigación. Estos dispositivos, que ahora serán peritados, podrían confirmar el método utilizado para bloquear el cierre remoto de los vehículos.
La investigación demandó meses de seguimiento y análisis. Desde julio de 2025, cuando comenzaron a acumularse las denuncias, los investigadores fueron hilvanando cada episodio hasta advertir un patrón común.







