Una controversia con límites

La discusión entre el oficialismo provincial y los intendentes opositores por la distribución de recursos fiscales se ha hecho larga y ripiosa. Y todavía sigue en mora un acuerdo que permita superarla. La controversia es legítima. El derecho inicial que le asiste a cualquier administrador de fondos públicos es acceder a ellos, con cada preciso centavo que indique la ley. De otro modo, no podría cumplir cabalmente con el mandato de gestión que le ha sido encomendado por el voto. Pero aunque legítima, esa discusión no puede darse de cualquier modo, ni por tiempo indeterminado. También la controversia tiene una limitación de orden político: si sólo se discute, difícilmente se gestione. Los actores de este debate ­parecieron acercarse ayer a una pausa antes de prolongar el pleito en la barandilla de tribunales. Un escenario que debería ser de ­instancia extrema, sólo cuando ya se han agotado todas las vías consensuales posibles. Y más bien correspondería decir que la política es, sustancialmente, el arte de imaginar el acuerdo, incluso cuando ya fue considerado imposible. Esta novedad del escenario político provincial es lo que reflejamos en nuestro Primer plano de hoy. Por la relevancia que tiene para la vida cotidiana de los ciudadanos, que depositamos en los administradores públicos el mandato de representación. La tregua momentánea en las hostilidades entre funcionarios provinciales y municipales tiene además otra arista, entre excesiva y curiosa. Los protagonistas centrales de la controversia vienen en camino de regreso de las muy solemnes ceremonias canónicas a las que fueron invitados por El Vaticano. De modo que el acuerdo o el pleito –para no traicionar nuestra historia de desmesuras– habrá resultado de los gestos ofrecidos o mezquinados entre incienso y mirra. Aunque la causa de la discordia remita a la harto más profana realidad de las monedas.