"Subejecución sistemática". Con duras críticas, el Tribunal de Cuentas rechazó el balance de 2025 de Llaryora
El organismo de control objeta el manejo financiero del Gobierno provincial y cuestiona la transparencia de las cuentas públicas.
El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba rechazó la Cuenta de Inversión correspondiente al ejercicio financiero 2025 de la administración de Martín Llaryora, en una decisión que vuelve a exponer el enfrentamiento político e institucional entre el oficialismo y la conducción opositora del organismo de control.
Según pudo conocer La Voz, el informe técnico elaborado por la Secretaría de Fiscalización Presupuestaria y la Fiscalía General le recomienda a la Unicameral no aprobar el balance del último año fiscal de la Provincia.
De esta forma, es el segundo rechazo consecutivo a una Cuenta de Inversión desde que el Tribunal quedó bajo control juecista tras las elecciones provinciales de 2023.
El documento contiene cuestionamientos sobre la situación financiera del Tesoro provincial, el manejo de la Caja de Jubilaciones, el uso de fondos específicos, la ejecución del gasto educativo y la administración de distintos organismos y empresas estatales.
Qué rechaza el Tribunal de Cuentas
Uno de los principales planteos apunta a la situación del Tesoro provincial. El informe sostiene que la Provincia exhibe una posición financiera que no refleja con precisión la disponibilidad real de recursos debido a que incorpora como activo un crédito contra la Caja de Jubilaciones por casi un billón de pesos.
Según el análisis técnico, gran parte de ese monto corresponde a intereses cuya contabilización es objetada por el propio Tribunal y que, además, no constituyen recursos líquidos ni de disponibilidad inmediata.
Otro de los focos de observación está puesto sobre el denominado Fondo Unificado de Cuentas (FUCO), mecanismo mediante el cual el Gobierno centraliza disponibilidades financieras del sector público provincial.
Subejecución
El informe sostiene que durante 2025 se utilizaron fondos por encima de los límites previstos por la Ley de Administración Financiera y advierte sobre una “subejecución sistemática” de recursos con afectación específica que, en lugar de aplicarse a programas y obras determinadas, habrían sido destinados a colocaciones financieras de corto plazo.
También aparece cuestionado el incumplimiento del Fondo Anticíclico previsto en la Ley 9.175.
Según el Tribunal, la Provincia nunca constituyó ese instrumento de ahorro y previsión fiscal pese a los años de mayor recaudación, situación que hoy la deja más expuesta a la caída de ingresos nacionales y a la desaceleración económica.
El capítulo más delicado del informe vuelve a concentrarse en la Caja de Jubilaciones.
Los técnicos del Tribunal sostienen que la Provincia modificó el tratamiento de recursos que históricamente eran propios del sistema previsional y comenzó a registrarlos como acreencias de la Administración Central, generando un mecanismo de endeudamiento creciente de la Caja con el Tesoro provincial.
Además, cuestionan la metodología utilizada para calcular intereses sobre esas transferencias y afirman que se terminó construyendo un “pasivo artificial e impagable” que afecta la sustentabilidad del sistema previsional.
En ese marco, el informe sostiene que más de la mitad de la deuda acumulada de la Caja con la Provincia corresponde a intereses financieros.
Resultado financiero y educación
Los cuestionamientos también alcanzan al resultado financiero presentado por el Ejecutivo.
De acuerdo con el análisis del Tribunal, existirían diferencias de criterio contable entre la Administración Central y la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (Acif) respecto de cómo se registran costos financieros y diferencias de cambio vinculadas a deuda en moneda extranjera.
En el borrador del documento se advierte que, si se aplicaran criterios homogéneos, el resultado económico del ejercicio 2025 arrojaría un déficit superior a los $ 444 mil millones, en lugar del superávit informado oficialmente.
La educación también ocupa un apartado específico.
El informe señala que el gasto educativo ejecutado durante 2025 representó el 27% del gasto total, por debajo del piso mínimo del 35% establecido por la Ley Provincial de Educación.
Según la estimación técnica, la diferencia respecto del mínimo legal ronda los $ 780 mil millones.
Caminos de las Sierras y Apross
El documento incluye además observaciones sobre distintos organismos y empresas públicas.
Entre ellos aparecen cuestionamientos a Caminos de las Sierras por falta de documentación respaldatoria en contrataciones de obras; a Apross por el crecimiento de colocaciones financieras mientras caen prestaciones médicas en términos reales; y a Epec por el proceso de endeudamiento en dólares que analiza la empresa provincial.
También se cuestiona la utilización de recursos del Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario para financiar la compra de un avión hidrante, operación que el Tribunal considera ajena a los fines específicos previstos por ley para ese fondo.
Nuevo rechazo
Al igual que ocurrió el año pasado con la Cuenta de Inversión 2023, el rechazo abrirá una nueva discusión política entre el oficialismo provincial y la oposición que controla el Tribunal.
En 2024, el Gobierno de Llaryora calificó aquellas objeciones como cuestionamientos políticos más que técnicos y acusó al juecismo de intentar “obstruir” la gestión provincial desde los organismos de control.
Tras la definición del Tribunal, el dictamen será remitido a la Legislatura provincial para su tratamiento político.
