Chubut. Trasladaron a Jones Huala a la cárcel de Esquel tras meses de conflicto judicial
El referente mapuche dejó el penal de Rawson para cumplir su detención cerca de su entorno familiar luego de realizar una huelga de hambre.
Facundo Jones Huala ingresó finalmente a la Unidad 14 de Esquel este martes, luego de que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) acatara la orden del juez federal de Bariloche. El traslado se concretó tras un periodo de tensiones legales donde su defensa denunció "rebeldía procesal" por parte de las autoridades.
Hasta este martes, el líder mapuche permanecía en la cárcel de máxima seguridad de Rawson. En ese establecimiento, Jones Huala inició una huelga de hambre líquida en abril, que luego radicalizó a una huelga seca para reclamar "condiciones dignas" de detención.
Reclamos por condiciones de detención
El referente denunciaba que en Rawson sufría una vulneración de sus derechos culturales y políticos. Además, señaló condiciones de higiene deplorables, indicando que debía convivir con desechos humanos en los patios de la prisión.
La defensa, representada por abogados como Gustavo Franquet, fue crítica con el manejo del caso y calificó la situación previa como un "secuestro" por parte del Ejecutivo. Según los letrados, las decisiones sobre el traslado tenían un trasfondo político más que judicial.
Con la llegada a Esquel, el equipo legal advirtió que el SPF solo cumplió la orden judicial cuando se impusieron plazos perentorios bajo amenaza de sanciones. Los abogados sostienen que su defendido sigue bajo un proceso de "persecución política".
Causas judiciales y situación procesal
Actualmente, Jones Huala es investigado por presunta asociación ilícita, apología del crimen y atentados contra el orden público. La prisión preventiva del líder mapuche ya se extiende por 13 meses, tras sucesivas prórrogas dictadas por la Justicia.
En mayo pasado, la fiscalía amplió la acusación al atribuirle la integración de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) desde el año 2011. Según la imputación, el objetivo de dicha organización sería imponer ideas por la fuerza.
Esta conducta encuadra en el artículo 213 bis del Código Penal, que reprime la participación en grupos destinados a generar temor en la población. El delito prevé una escala penal que va desde los 3 hasta los 8 años de prisión.
