Conflicto salarial. Trabajo descomprimió el frente con los judiciales, pero siguen las protestas de magistrados y funcionarios
Mañana habrá nueva audiencia de conciliación entre representantes del TSJ y del gremio, que mantienen una tregua hasta fin de mes. En cambio, continúan los reclamos de quienes exigen que se respete la equiparación con la Justicia federal.
Mientras en la Secretaría de Trabajo de la Provincia continuará mañana la negociación entre los representantes del Tribunal Superior de Justicia y del gremio de los empleados judiciales –las partes se encuentran en un proceso de conciliación voluntaria–, el reclamo salarial de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial se mantiene, sin que el conflicto encuentre un cauce claro.
Como todos los martes y jueves, mañana a las 13 habrá nuevos actos de protesta de este sector jerárquico de magistrados y funcionarios judiciales en los Tribunales de toda la Provincia. Básicamente, esas manifestaciones incluyen reuniones que terminan con la entonación del Himno Nacional y apuntan a concitar la atención pública y no suponen afectaciones directas al servicio de Justicia (como sí ocurre con los paros de los judiciales).
El principal reclamo de los funcionarios judiciales es el cumplimiento de la ley de Equiparación con la Justicia federal, que establece que los magistrados cordobeses deben cobrar el equivalente al 90% de sus pares nacionales. El sector movilizado asegura que esa ley se viene incumpliendo desde hace tres años y que en la actualidad cobran el 77% de los sueldos federales.
Dos frentes
Mientras el Panal, a través del Ministerio de Justicia y Trabajo, motorizó una instancia de negociación con los empleados judiciales —que esperan recibir mañana una oferta salarial— los magistrados y funcionarios judiciales no lograron hasta ahora una gestión conducente a través de la Asociación de Magistrados, ni tampoco por la vía paralela que impulsan quienes alientan la protesta.
Ese sector, liderado informalmente por el vocal de Cámara Walter Adrián Simes, motorizó la presentación masiva de recursos administrativos ante el TSJ, que serían la antesala de posibles acciones judiciales. La información judicial da cuenta de que se receptaron unos 850 recursos, mientras que quienes impulsaron esa acción aseguran que fueron más 1.200 las presentaciones.
Además de reclamar el pleno cumplimiento de la ley de Equiparación, esos planteos también apuntan contra la ley de Equidad Jubilatoria que subió de seis a ocho puntos porcentuales el aporte personal de los sectores de mayores ingresos del sector público, que están liderados por los magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Además, cuestionan el tope de 30 años establecido para los ascensos automáticos, por perjudicar a los magistrados con más años en la función judicial.
Hasta el momento, el Ejecutivo se mantiene inflexible ante el reclamo de jueces, fiscales y funcionarios judiciales. En el Panal sostienen que la mayor afectación del poder adquisitivo de ese sector proviene de la degradación de los sueldos de la Justicia federal –sobre los que se calculan los salarios de los magistrados provinciales– y no de la suba de aportes previsionales y de obra social.
La única medida que se insinuó hasta el momento es una posible reducción de dos puntos porcentuales en el aporte personal extraordinario de los sueldos más altos de la administración. Esa medida fue dispuesta por el TSJ ante un reclamo individual contra la ley de Equidad Jubilatoria.
